El 30 de julio, vence el plazo para que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emita las resoluciones, a favor o en contra, de los recursos de apelación interpuestos por los partidos emergentes que decidirá si participan o no en los comicios generales de noviembre.
Tegucigalpa, Honduras. – Los partidos políticos minoritarios, también conocidos como emergentes, continúan en su lucha por permanecer en la contienda electoral del 30 noviembre de 2025. Su participación está en manos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que analiza los recursos de apelación interpuestos tras su exclusión por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE argumentó que varios de estos partidos no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en la Ley Electoral para la inscripción de sus candidaturas, por lo que resolvió dejarlos fuera del proceso electoral en curso.
Ante esa decisión, los partidos políticos afectados apelaron mediante los mecanismos legales disponibles. Uno de los principales reclamos es que el proceso de subsanación no fue equitativo, y que el CNE favoreció a los partidos mayoritarios (Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal) al otorgarles más tiempo para solventar errores.
Diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), que buscan reelegirse, denunciaron públicamente que no se les brindó el mismo plazo para completar los requisitos exigidos, lo que a su juicio constituye una irregularidad administrativa y un trato desigual.
El 28 de mayo de 2025, Criterio.hn tuvo acceso al contenido de los “Informes Técnicos y de Recomendaciones” del CNE, en los que se detalla que los partidos Alianza Patriótica Hondureña, PSH, Todos Somos Honduras, Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Naranja quedaron fuera de la contienda.
Según ese informe, estas agrupaciones políticas no lograron presentar nóminas completas para cargos como diputados al Congreso Nacional, representantes al Parlamento Centroamericano y miembros de corporaciones municipales.
El CNE sustentó su decisión en el artículo 213 de la Ley Electoral de Honduras y el artículo 13 del Reglamento de Inscripción de Candidatos(as), normas que establecen requisitos mínimos que no fueron cumplidos por los partidos señalados.
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PARTICIPACIÓN DE PARTIDOS EMERGENTES EN MANOS DEL TJE
La resolución ha generado preocupación entre las bases de estos partidos, que temen quedar borrados del mapa político nacional si el Tribunal de Justicia Electoral no revierte la decisión emitida por el Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Electoral, los partidos afectados pueden interponer primero un recurso de reposición ante el CNE, y luego, si este no es favorable, un recurso de apelación ante el TJE.
Siguiendo lo estipulado en la normativa electoral, el pasado 20 de junio, el TJE admitió a trámite los recursos de apelación de seis partidos políticos, entre ellos los del PSH, el PAC y la Alianza Patriótica Hondureña.
En total, el TJE estudia los casos de seis partidos: el Partido Anticorrupción, el Partido Naranja de Honduras (PANAH), el Partido Organización de la Reserva Democrática de la Nación (ORDEN), la Alianza Patriótica Hondureña, Todos Somos Honduras y el Partido Salvador de Honduras.
Estos recursos fueron presentados como respuesta a la negativa del CNE de inscribir las nóminas completas de dichos institutos, requisito indispensable para participar en los comicios.
El TJE informó que cuenta con un plazo de 30 días calendario, a partir del día siguiente a la admisión de cada expediente, para emitir resolución. Este período es clave para definir el futuro político de los partidos emergentes.
Además, el Tribunal comunicó que otros tres casos se encuentran en etapa de evaluación para su posible admisión. Uno de ellos corresponde al Movimiento Independiente Nueva Generación.
También está pendiente una apelación del PSH por negativa ficta electoral, figura que aplica cuando no se responde en tiempo a una solicitud, así como una impugnación presentada por la alianza “Honduras en Orden”, conformada por ORDEN y Todos Somos Honduras.
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A pesar de la urgencia, el TJE inició su período de vacaciones institucionales el 30 de junio, que se extenderá hasta el 21 de julio. Todos los días dentro de ese lapso son considerados inhábiles, por lo que el análisis se retomará el 22 de julio.
Representantes de los partidos minoritarios esperan una respuesta favorable por parte del ente electoral, para garantizar su participación en el proceso de elecciones generales.
El desenlace de estos casos será determinante no solo para los partidos involucrados, sino también para la percepción ciudadana sobre la equidad del proceso electoral y el papel de los organismos electorales en Honduras.
La resolución del TJE podría definir si las elecciones generales de 2025 serán una contienda entre las mismas fuerzas tradicionales o si se abrirá espacio para nuevas voces políticas en el escenario nacional.
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES TAMBIÉN ENFRENTAN OBSTÁCULOS LEGALES
En el caso de las candidaturas independientes a las que el CNE les rechazó la solicitud de inscripción, el procedimiento difiere, puesto que primero deben presentar un recurso de reposición ante esta misma entidad. Una vez notificados de la resolución denegatoria por parte del CNE, tendrán tres días hábiles para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral.
Actualmente, las candidaturas independientes del Movimiento por la Dignidad se encuentran a la espera de la resolución de su recurso de reposición ante del CNE, luego que esta entidad negó seis de las siete candidaturas presentadas, justificando la decisión en un informe emitido por el Registro Nacional de las Personas (RNP) que invalidó las huellas que respaldaron las postulaciones de cinco aspirantes a alcaldías y una diputación.
Víctor Fernández, abogado defensor de derechos humanos y aspirante independiente a la alcaldía De San Pedro Sula desde el Movimiento por la Dignidad, denunció el 27 de junio que el CNE negó la inscripción de más de unas veinte candidaturas independientes, calificándolo como «jurídicamente criminal» y «un acto de corrupción».
