Tegucigalpa.- Aproximadamente un día pasó entre la ampliación del estado de excepción, al municipio de Tocoa, Colón, en el norte de Honduras, y el asesinato de los dos defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, Aly Domíguez y Jairo Bonilla.
La acción violenta dejó claro que un estado de excepción no tiene el rango de protección que el Estado de Honduras pretende darle, como una solución a un conflicto socioambiental y agrario en la zona. De hecho, de acuerdo a defensores de derechos humanos esta acción podría profundizar la problemática que ya se vive contra quienes defienden el ambiente y el territorio en la zona.
Criterio.hn entrevistó al integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, y regidor de Tocoa, Leonel George, y el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, sobre la eficacia de ampliar el estado de excepción al departamento de Colón.
Tras el doble homicidio, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos condenó el hecho y admitió que el crimen ocurrió “en el contexto de una campaña de hostigamiento, amenazas, criminalización y atentados”, contra quienes defienden su derecho a un medio ambiente sano.
Noticia relacionada: Asesinan a dos defensores del río Guapinol y Parque Nacional Carlos Escaleras
En ese mismo documento, se destacó que ante la persistencia de hechos violentos con armas de fuego en menos de un mes, la presidencia ordenó la ampliación del estado de excepción al departamento de Colón, “con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos”.
DESARMES Y ESTADOS DE EXCEPCIÓN NO HAN FUNCIONADO EN EL PASADO
Leonel George señaló que esta medida se suma a otros estados de excepción y desarme generales en el pasado que no funcionaron puesto que no hay autoridades diligentes, en cambio a través de esta medida, “creemos que se pone en más vulnerabilidad a los defensores” de cara a violaciones a los derechos humanos.
“Aquí los grupos armados están operando libremente y con el conocimiento de las autoridades. Una normativa o un decreto que no esté acompañado de funcionarios diligentes que realmente persigan el delito, que persigan a quienes han estado en estructuras criminales, ninguna decisión de ese tipo va a funcionar”, expuso el regidor de Tocoa.
El sentir de George es compartido por el coordinador de proyectos del Ciprodeh, Carlos Sierra, quien manifestó que estos estados de excepción “pueden generar riesgos de abusos y violación de derechos humanos por parte de operadores de justicia”, por lo que no cree que los mismos ayuden a solventar la problemática.
De hecho, Sierra al igual que el integrante del Comité Municipal, recordó que no es la primera vez que se establecen estados de excepción, entre otras medidas, en el departamento de Colón sin que se reduzca la problemática de violencia.
Conozca más: Campaña de odio y desprestigio contra defensores tras gira gubernamental en Parque Nacional “Carlos Escaleras”
“En el caso del Bajo Aguán se han hecho en los últimos diez años varias medidas, han existido toques de queda, prohibición de armas, ordenanzas municipales de restricción de movilidad […] y no han dado ningún tipo de resultado. Así que no, no consideramos que la ampliación del estado de excepción que incluye también municipios del Bajo Aguán pueda contribuir. Todo lo contrario, más bien nos preocupa que esto pueda generar otro tipo de problemáticas vinculada a violación de derechos humanos”, compartió Sierra.
El regidor de Tocoa e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Leonel George, opinó que la problemática que hay en Colón tiene como base que el Estado persigue a quienes defienden sus territorios y los derechos humanos, pero no a quienes integran grupos ilícitos, armados y organizados, que generan terror en la población.
Situación que beneficia a empresas y modelos económicos, compartió George. “En este caso, la empresa ha funcionado ilegalmente, cuando el Estado sabe, la institucionalidad sabe, y no pasa nada, entonces promueve a que todas las empresas funcionen ilegalmente independientemente de cuánto daño le causan a la ciudadanía”, explicó.
