La resolución internacional resalta graves deficiencias en el Mecanismo Nacional de Protección, advirtiendo sobre la persistente impunidad y el peligro para defensores de derechos humanos y medio ambiente en Honduras
Tegucigalpa, Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el pasado 15 de octubre de 2025 una resolución de medidas provisionales en el caso Comunidad Garífuna Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras, ordenando al Estado hondureño proteger de manera inmediata y eficaz la vida e integridad de la defensora Ana Mabel Vílá Robledo, tras constatar deficiencias y riesgos en la protección estatal.
La decisión, resultado de denuncias presentadas por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), confirma un grave escenario de riesgo y violencia estructural contra las comunidades garífunas y quienes defienden el territorio ancestral.
Rony Castillo, de la Ofraneh, enfatiza el carácter urgente de la medida y la gravedad del contexto en que se emite. Castillo afirma que la decisión “confirma un poco lo que nosotros hemos venido señalando, la denuncia que hemos presentado y también… la solicitud de medidas provisionales”.
El caso fue sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2023 y aborda la situación de líderes garífunas que enfrentan hostigamientos, amenazas y violencia por su labor de defensa territorial. Durante el proceso, Mabel Robledo sufrió –el 21 de junio de 2025— un ataque policial al regresar de Nueva Armenia a Jutiapa, donde agentes armados la interceptaron, dispararon, golpearon y posteriormente la llevaron a una posta policial, ignorando su condición de beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección.
Castillo, señaló que “esta medida también se da en un contexto de reiteradas agresiones, violaciones a los derechos de las comunidades garífunas y que la Corte también… considera que el Estado no ha mejorado la situación de seguridad de los defensores y defensoras en los territorios”, por lo que el llamado internacional era urgente y necesario.
La Corte IDH validó que esta situación evidencia la falta de coordinación y debida diligencia por parte del Estado, y remarcó el alto riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en Honduras, especialmente las mujeres garífunas.
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DEFICIENCIAS ESTATALES
La Corte subrayó que “los hechos ocurrieron sin que el Estado demostrara haber prestado la atención debida” y exigió “un enfoque diferenciado de género y etnicidad, y mecanismos permanentes de seguimiento y monitoreo”.
La Corte IDH subraya además que “Tales circunstancias ponen de relieve deficiencias en la actuación estatal y en el funcionamiento del esquema de protección vigente, generando un riesgo que debía ser atendido con la debida diligencia. Ello exige un examen particularmente riguroso de las medidas adoptadas por el Estado, máxime tratándose de una defensora de derechos humanos previamente identificada como persona en situación de riesgo”.
Consultado sobre la confianza en la capacidad estatal de proteger a Mabel Robledo, Rony Castillo fue categórico al señalar la falta de voluntad y eficacia del Estado. “No, el Estado no ha adoptado las medidas adecuadas para proteger la vida de las compañeras”, enfatizó Castillo.
Para Castillo, lo urgente es que “el Estado tiene que tomar en serio la protección de los defensores y defensoras para que realmente puedan salvaguardarse su vida”, subrayando la necesidad de pasar de promesas a acciones concretas que garanticen la seguridad de quienes defienden derechos fundamentales y territorios ancestrales.
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Tanto la Comisión Interamericana como los representantes de víctimas y organizaciones garífunas alertaron sobre deficiencias estructurales en el Mecanismo Nacional de Protección hondureño, la falta de investigación de ataques, y la persistencia de la impunidad, subrayando que Honduras sigue siendo una de las regiones más peligrosas para quienes defienden el territorio y el medio ambiente.
Esta decisión de la Corte IDH representa un llamado urgente a Honduras para garantizar de manera efectiva la protección de personas defensoras y avanzar en el combate de la violencia estructural y la impunidad que afecta a líderes Garífunas y comunidades indígenas en el país.
