Tegucigalpa.- Corte Suprema de Justicia, autoridades del Ministerio Público, partidos políticos e instituciones de fuerzas de seguridad del Estado de Honduras deben ser restructuradas por haberse coludido con el crimen organizado y la corrupción, consideran diversos analistas.
En conferencia de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló al exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado hacia esa nación la tarde del jueves, de participar en una “conspiración corrupta y violenta del narcotráfico” y “corrompió las instituciones públicas incluyendo partes de la policía, el ejército y el Congreso”.
JOH, como se le conoce al expresidente hondureño, es acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por traficar alrededor de 500 mil toneladas de cocaína, utilizar y portar armas de fuego y dispositivos destructivos que lo enfrenta a más de una cadena perpetua y 30 años de prisión como su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández.
Con la caída de los Hernández, según el jurista y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, la estructura criminal que instauró se mantiene vigente e intacta en el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Durante doce años en el poder, cuatro como presidente del Congreso Nacional y ocho como presidente de la nación, Hernández instauró un régimen que le permitió tener el control de las principales instituciones del Estado, durante ese periodo no se presentó ningún cargo en su contra pese al rosario de acusaciones que le atribuían.
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La exigencia de los sectores de sociedad civil se centra en someter a juicio político a los 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, en especial, a Rolando Argueta presidente de la Corte, al igual que el fiscal general de la república, Óscar Fernando Chinchilla.
El presidente de la Comisión Especial de extradición del Congreso Nacional, el diputado Ramón Barrios, detalló que la próxima semana presentará en el hemiciclo legislativo la moción para someter a juicio político contra Chinchilla.
Es importante resaltar que, durante el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, se develó que Hernández tuvo varias reuniones con Ramírez en las que le prometió protección a cambio de sobornos, protección promovida por el fiscal.
“-A Chinchilla lo puse ahí (Ministerio Público) para protegernos-”, fueron las declaraciones de JOH, según Ramírez.
Para la exjueza de sentencia, Gracia María Bertrand, recobrar la institucionalidad y el Estado de derecho yace en que las nuevas autoridades de la nación “tengan la voluntad política de investigar y llevar a juicio a cada uno de los altos funcionarios que conformaban la estructura criminal de JOH”.
Según Bertrand, el verdadero reto tras la extradición de Hernández es desmontar la penetración del crimen organizado y la corrupción que representan varios diputados, magistrados, fiscales, las Fuerzas Armadas, policías y ministros.
La extradición del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla alias “el Tigre” es el reflejo que las fuerzas de seguridad de Honduras son parte del crimen organizado al igual que los señalamientos contra el exjefe militar, René Ponce Fonseca, también mencionado por Ramírez de proveer armas y protección a los negocios con Hernández.
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Sin embargo, para el analista Rafael Jerez, el análisis también debe centrarse en los partidos políticos, las organizaciones políticas que permitieron a varios narcotraficantes llegar al poder como Hernández, su hermano o el narcotraficante exalcalde del municipio de El Paraíso, departamento de Copán, Alexander Ardón o incluso el excongresista, Fredy Nájera que se declaró culpable.
“No podemos quedarnos cortos en el análisis y creer que solo eligiendo una nueva Corte Suprema y un fiscal general las cosas van a mejorar. Es importante pero detrás están los partidos políticos. Cambios en la cultura política requieren tiempo y nuevos liderazgos”, opinó.
Tanto el conservador Partido Nacional como el Partido Liberal se convirtieron en organizaciones políticas penetradas por la corrupción y narcotráfico que se utilizó para financiar campañas políticas y mantener puestos importantes en el poder.
El abogado y analista Josué Murillo, resalta la necesidad de los partidos políticos tradicionales de depurar sus filas e instó a los recién conformados o que asumieron el poder a aprender de las lecciones.
“Este es un mensaje (extradición de JOH) exclusivamente para el Partido Nacional y Partido Liberal que tienen la necesidad de sacar esas cópulas corruptas que han tenido y poner nuevos liderazgos porque van a caer en el olvido y van a ir mermando y los nuevos partidos tomen lecciones, no repitan el pasado”.
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SOCIEDAD DEBE IMPULSAR CAMBIOS
Con la extradición de Hernández, Murillo considera el primer paso para un cambio por lo que demanda de la sociedad civil impulsar las transformaciones que se requieren para recuperar la nación.
“Cambios estructurales, eso debemos comenzar a impulsar. Como sociedad había un entorno habilitante para la corrupción en Honduras que también era impulsada por empresarios. Este es el primer paso de un largo camino que no espera”.
Reiteró que Honduras inició una transformación y su éxito o fracaso dependerá del papel que juegue la ciudadanía.
“Se debe definir bien hacia dónde se quiere caminar como país. El país está dando un giro, los cambios están aquí y llegaron para quedarse. Es importante no dejar de poner el dedo sobre la llaga en temas importantes. Es el inicio de ese camino para recuperar la institucionalidad, democracia, el Estado de derecho y la justicia de nuestro país”.
Para Murillo, la situación actual de Honduras muestra una radiografía del andamiaje de justicia, político y social por lo que se necesita elegir al o la mejor fiscal, magistrados, autoridades de puestos claves que elegirán los congresistas.
