Foto Portada: Familiares de los defensores, miembros del Comité Municipal y su equipo legal con la Agregada Laboral y de Derechos Humanos de la Embajada de los Estados Unidos, Ariel Jahner
Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de Competencia Territorial de Francisco Morazán dictó que el Tribunal de Tocoa emita sobreseimiento definitivo y extienda las cartas de libertad para los defensores de Guapinol, quienes han estado 908 días bajo detención arbitraria.
El abogado del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, informó a Criterio.hn que esta Corte aceptó que recibió el recurso de amparo y que declaran por unanimidad de votos con lugar los recursos de apelación presentados por la defensa por lo que envía el expediente a la Jueza de Letras de Tocoa para que decrete sobreseimiento definitivo.
«Con esta resolución ya queda definido el proceso, lo que implica que debe cerrarse la causa», señaló Tábora, uno de los abogados defensores cuyo litigio involucra la criminalización y judicialización de ocho defensores por oponerse a la instalación de dos proyectos mineros de óxido de hierro a cielo abierto, por parte de Inversiones Los Pinares, y la construcción de una planta peletizadora de Ecoteck, ambas empresas pertenecientes al Grupo EMCO Holding, liderado por Lenir Pérez.
Además de declarar con lugar los recursos de apelación interpuestos por los abogados defensores, se revocaron los autos de formal procesamiento decretados contra Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Marquéz Marquéz, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexis Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnol Javier Alemán.
Nota relacionada: En franco desafío a la Sala Constitucional, Fiscales al servicio de empresa minera niegan libertad a defensores de Guapinol
Estos ciudadanos fueron acusados como autores de los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado en perjuicio de José Santos Corea, así como por los delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa Los Pinares S.A. de C.V., propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido oligarca Miguel Facussé.
A la vez se remitió «inmediatamente» el documento al Juzgado de Letras seccional de Tocoa, departamento de Colón, norte de Honduras, para que se dé seguimiento al mismo y se notifique de oficio personalmente a los interesados este día, viernes 18 de febrero, o a más tardar el día siguiente, mañana sábado.
«Esta causa por lo tanto debe quedar cerrada para estas ocho personas y deben quedar en libertad de manera inmediata», declaró el abogado del bufete Justicia para los Pueblos luego que dos de los tres jueces del Tribunal de Trujillo en el caso Guapinol se negarán a dejar en libertad a los ambientalistas hondureños por no estar de acuerdo en la aplicación de la sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Aumenta presión para que Poder Judicial agilice la liberación de los defensores de Guapinol
Este dictamen es emitido en medio de un incrementó en la presión nacional e internacional para que se agilice la liberación de los seis defensores aún en prisión. Los eurodiputados Mónica Silvana, Tilly Metz y Miguel Urbán Crespo se pronunciaron en relación a la continua detención arbitraria de los finalistas del Premio Sájarov pese a su absolución por parte de la Sala de lo Constitucional a través de dos amparos a su favor.
Así como un encuentro entre familiares de los defensores, miembros del Comité Municipal y su equipo legal con la Agregada Laboral y de Derechos Humanos de la Embajada de los Estados Unidos, Ariel Jahner, sobre las ilegalidades cometidas por el Tribunal de Sentencia de Trujillo para mantener la prisión preventiva de los defensores y las responsabilidades de la CSJ para rectificar la situación y ordenar la libertad inmediata de los defensores.
También Amnistía Internacional hizo un llamado de acción urgente al fiscal general del Ministerio Público, Óscar Fernando Chinchilla, para que retire los cargos contra los seis defensores de los derechos humanos que siguen encarcelados injustamente después de más de dos años, en conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.
