Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) presentó ante la oficina del fiscal general de Holanda una denuncia penal contra el banco holandés FMO y sus directivos, por suponerlos responsables de los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al proyecto Agua Zarca.
La acción jurídica fue realizada este martes 28 de junio, en el décimo tercer aniversario del golpe de Estado de 2009. El Copinh señaló que el objetivo de la misma es “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.
Esta denuncia penal se suma a la demanda civil contra el FMO que el Copinh interpuso en mayo de 2018 por su acción negligente en el manejo de su financiamiento al proyecto Agua Zarca que condujo a la violencia en contra de la comunidad Lenca de Río Blanco y del Copinh, resultando en el asesinato de miembros de la comunidad y de la lideresa indígena Berta Cáceres.
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El Copinh señaló que el bufete legal holandés Global Justice Association, que representa a la organización en la demanda civil, junto a expertos internacionales llegaron a la conclusión que el FMO cometió delitos penales de complicidad en el accionar de la familia Atala Zablah.
Esta resolución fue tomada tras el análisis de 676 páginas y 151 anexos de nueva información contenida en la respuesta a la demanda civil presentada por el bufete De Brauw Blackstone Westbroek N.V., en representación del FMO en mayo de 2019.
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La denuncia penal abarca al banco FMO, propiedad en un 51% del Estado holandés, como sus principales directivos: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.
La denuncia penal de 138 páginas presentada ante la Fiscalía de Holanda se basa en nueve puntos. Entre los que destacan: la decisión del FMO de financiar a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pese a las advertencias de violencia y asesinatos; el desvío de parte sustancial de los fondos de tres desembolsos que ascienden a 17.2 millones de dólares (417,350,000.00 lempiras) en conjunto; ignorar circunstancias notables de alto riesgo, como el hecho que David Castillo, gerente de DESA fuese empleado de la empresa estatal ENEE, que concedió la licencia energética; y la obtención de derechos, junto al BCIE, sobre las sobre las tierras indígenas adquiridas ilegalmente por DESA, entre otras.
El pasado lunes 20 de junio, después de cuatro audiencias postergadas, la justicia hondureña finalmente dio lectura a la sentencia contra Roberto David Castillo Mejía, quien deberá cumplir un total de 22 años y seis meses de prisión por el asesinato de la ambientalista indígena Berta Isabel Cáceres.
Tanto la familia de la lideresa indígena como el Copinh han manifestado en repetidas ocasiones que Castillo es únicamente el coautor del asesinato de Cáceres y señalan a la familia Atala Zablah como los autores intelectuales del crimen.
La ambientalista Berta Isabel Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, por oponerse a la construcción de una represa en el río Gualcarque que es vital para la subsistencia de las comunidades Lencas de la zona.
