Tegucigalpa. – En diciembre de 2023 se conoció que Daniel Atala Midence era requerido por suponerlo responsable del asesinato de la lideresa Lenca Berta Cáceres. El anuncio, que fue filtrado anticipadamente a medios corporativos, no cooperó a su captura.
Atala Midence se encuentra en la actualidad prófugo de la justicia hondureña y su ubicación actual es desconocida, pese a contar con una alerta de captura ante Interpol. En abril de este año The Guardian, tras consultar a una fuente, teorizó sobre la posibilidad de que estuviera en El Salvador.
Entre las pruebas que ligan al exgerente financiero de la controvertida empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres se encuentra la transferencia de USD 1.2 millones entre la empresa Concretos del Caribe S.A. (Concasa) de Daniel Atala Midence, y Potencia y Energía de Mesoamérica S.A. (Pemsa) de David Castillo, dos días antes del asesinato de la defensora indígena.
Tras la captura de Marco Vallecillo, juez y coordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, por suponerlo responsable de solicitar dinero a cambio del cierre de expedientes y sobreseimientos definitivos contra personas investigadas por corrupción, el caso contra Atala Midence recobró notoriedad. Vallecillo era el togado a cargo del proceso judicial contra el exgerente financiero de DESA.
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Si bien el proceso judicial contra Daniel Atala se encuentra vigente, pero sin avances debido a la ausencia del imputado, sí se han realizado actos de investigación bajo control jurisdiccional para la extracción de información de teléfonos y toma de declaración de un testigo protegido.
Camilo Bermúdez, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y miembro del equipo de litigio, señaló a Criterio.hn que, si bien el caso está “estancado” en la primera etapa, sí se ha desarrollado la evacuación de algunas pruebas anticipadas y diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Público.
Bermúdez recalcó que el proceso contra Daniel Atala aún se encuentra en la etapa inicial, y que al estar prófugo de la justicia no se puede realizar ni la audiencia de declaración de imputado ni la audiencia inicial, como formalmente debería iniciar el proceso para determinar si hay un sobreseimiento o hay un auto de formal procesamiento. No obstante, las diligencias se han realizado con autorización del ente jurisdiccional.
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Al inicio del foro “Berta Cáceres y la Justicia para los Pueblos Indígenas”, Bertha Zúniga, coordinadora general del Copinh, lamentó que no se garantizó en diciembre de 2023 la captura de Daniel Atala Midence.
“[C]reemos que se hizo un procedimiento irregular que no garantizó la captura de esta persona […] Nosotros lamentamos que tanto el Ministerio Público como también otras autoridades encargadas de esto, como la Policía Nacional, pues, no hayan garantizado acciones que permitan la captura” de Atala Midence, señaló Zúniga.
En relación con la captura del juez Vallecillo, el sábado 17 de agosto, quien llevaba el proceso contra Daniel Atala, la coordinadora general del Copinh apuntó que siempre han señalado que toda acción que involucre corrupción es preocupante y obstaculiza el acceso a la justicia a las víctimas.
“¿Quiénes son las personas que corrompen a estos jueces? ¿Quiénes son las personas que tienen capacidad de pagar y torcer las voluntades y torcer las verdades? Pues, nosotros sabemos quiénes son. En ese sentido, y por lo mismo que está pasando esta situación que ha estallado dentro del Poder Judicial, nosotros estamos pidiendo toda la veeduría en el proceso de búsqueda de justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Obviamente sabemos que ese es un proceso donde existen grandes intereses económicos y que son personas también que han estado acostumbradas a la corrupción”, cuestionó.
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