El Congreso está por elegir una nueva Corte Suprema de Justicia y los analistas insisten en que no deben aliarse con fines de afianzar la corrupción y la impunidad

Tegucigalpa, Honduras.- En un Estado de derecho es importante garantizar la independencia de poderes y, además de ello, evitar la confabulación entre un poder y otro con oscuros propósitos.

En Honduras, durante los años recientes, desde el Congreso Nacional se han impulsado nocivos decretos que han entorpecido o reducido las funciones judiciales, y desde la Corte Suprema de Justicia ha existido complicidad al mantener vigente estas leyes o códigos.

Los máximos intérpretes de la Constitución de la República son el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por un lado, el Congreso Nacional formula leyes, garantizando su constitucionalidad, y, por el otro, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, posee las facultades de interpretar su constitucionalidad.

Sin embargo, en los años recientes, desde el Legislativo se han orquestado nocivas leyes como el decreto 116-2019, que limita las funciones investigativas del Ministerio Público y ata a los jueces, o el Código Penal, que a todas las luces favorece a quienes cometen actos de corrupción, con considerables reducciones en las penas.

Contra ambas normativas se han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, pero no han sido resueltas y, además de ello, es poco probable que se pronuncien las magistradas y los magistrados actuales.

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Honduras está a las puertas de contar con un recambio dentro del máximo tribunal existente en el Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional deberá elegir, antes del 11 de febrero de 2023, a las 15 personas que desempeñarán estas altas magistraturas y, por consiguiente, se vuelve necesario que magistradas y magistrados con suficiente idoneidad rectoren la Sala de lo Constitucional.  

“Necesitamos de una buena voluntad en el Legislativo y de mucha gente independiente en el Poder Judicial. En lo particular, creo que en esta nueva Corte que se va a elegir, podremos tener mejores magistrados, porque sin temor a equivocarme la actual ha sido la más terrible que hemos tenido, ni siquiera la del golpe de Estado (2009-2016), porque en ella hubo magistrados que se opusieron a muchas cosas”, consideró el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera, en entrevista con Criterio.hn.

LOS PACTOS DE IMPUNIDAD

En los últimos años, como se indicó, fue común observar cómo en un Congreso Nacional, dirigido por el Partido Nacional, se edificaban pactos de impunidad que tenían nombre y apellido.

Por ejemplo, cuando la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) comenzó a presentar casos de corrupción que involucraban a diputadas y diputados, se aprobó el decreto 116-2019, que reglamentaba el uso de los fondos departamentales.

Estos recursos, que supuestamente eran destinados a proyectos sociales, terminaban siendo desviados a cuentas bancarias de oenegés fantasmas y a cuentas personales de legisladores o personas cercanas.

Dentro del Congreso Nacional, que cambió de cabeza con la polémica llegada de Luis Redondo y su Junta Directiva a inicios de 2022, no se han logrado los consensos para derogar este polémico decreto, que, incluso, ha sido una sugerencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con miras a la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

CONTRAPESOS, ALGO POSITIVO

A pesar de lo anterior, algunos analistas ven con ojos optimistas que el Partido Nacional haya dejado el poder dentro del Congreso Nacional y que, además de ello, dentro del Legislativo existan mayores contrapesos entre las bancadas políticas.

“El Partido Nacional ha perdido el poder y ahora es minoría en el Congreso, sobre todo porque ya no puede impulsar leyes nefastas, porque requeriría de la mayoría simple o la mayoría calificada”, indicó a Criterio.hn el exdiputado del Partido Liberal y analista político, Rodil Rivera.

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“Aquí hay que esperar que los demás partidos, Libre, PSH y Partido Liberal, no se presten a continuar con estas prácticas. Del Partido Liberal sí habría que tener algunas dudas, porque algunos de sus diputados y exdiputados han sido cómplices del régimen anterior, el de Mauricio Oliva”, añadió.

Rodil Rivera también consideró que es importante valorar cómo será conformada la
nueva Corte Suprema de Justicia, que actuará entre 2023 y 2030.

“Habrá que ver cuántos magistrados salen por cada partido y, dependiendo de sus
perfiles, veremos si será posible que continúen con este tipo de prácticas. Yo
sinceramente no creo que lleguen a proteger los niveles de impunidad al nivel en
que lo han hecho los actuales magistrados y magistradas”, cerró.

Una de las principales críticas hacia el sistema de selección de las magistradas y los
magistrados de la Corte Suprema en Honduras es el recambio obligatorio que
establece la Constitución cada siete años y, además de ello, en la secretividad
que existe previo a su elección, tal cual está ocurriendo en este momento,
debido a que se da pie a negociaciones oscuras y alejadas de los intereses ciudadanos.

El 25 de enero de 2023, fracasó el primer intento por elegir a las magistradas y los magistrados del Supremo hondureño que ejercerán entre 2023 y 2030.

El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una nómina, no obstante, recibió el rechazo de todas las bancadas opositoras. La votación ahora, se promete, que será directa, pero pública.