Tegucigalpa.- Por unanimidad de votos, los diputados del Congreso Nacional aprobaron crear una Comisión Especial para investigar todo lo concerniente al contrato del Aeropuerto Internacional de Palmerola si es lesivo y si se aprobó de manera ilegal debido a las diversas denuncias de corrupción.
La congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, presentó la iniciativa de ley junto al diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Ramón Barios, siendo aprobada por unanimidad de votos de todas las bancadas incluidas el conservador Partido Nacional quien aprobó el contrato en 2016.
En un inicio la congresista además de exigir la creación de la comisión demandó interpelar a los superintendentes de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) por su desidia en representación de los intereses de Honduras frente al incumplimiento del contrato de Palmerola.
Sin embargo, el vicepresidente del Poder Legislativo, Rasel Tomé instó a Espinoza declinar de la interpelación al considerar la Comisión deberá investigar todo lo concerniente al contrato de concesión y todos los involucrados en dicho proyecto.
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El presidente del Congreso, Luis Redondo, nombró a Barrios para que presida la comisión que además estará integrada por los diputados: Jari Dixon Herrera del Partido Libre, José Jaar del Partido Nacional, Karla Euceda del Partido Liberal, Carlos Raudales de la Democracia Cristiana (DC), Nétzer Mejía del Partido Libre, Fátima Mena del PSH al igual que Espinoza.
La comitiva deberá investigar todo lo concerniente al contrato de concesión, diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto internacional de Palmerola que se aprobó mediante Decreto Legislativo 71-2016.
Asimismo, deberá presentar toda la documentación relacionada con la celebración y ejecución del contrato de Palmerola, incluyendo copias de garantías de cumplimiento otorgadas por la concesionaria, los socios y los últimos beneficiados.
También, si dicho aeropuerto cumplió o incumplió con todas las certificaciones de seguridad operacional otorgada por la Organización de Aviación Internacional y demás requerimientos internacionales necesarias para su certificación como aeropuerto internacional.
“Esta Comisión deberá determinar si dicho contrato hubo dolo o el mismo es lesivo al interés público, otorgando las facultades que sean necesarias para cumplir su objetivo. El pueblo tiene derecho a saber sobre celebración y ejecución de ese contrato”, expresó Espinoza.
Espinoza aceptó la recomendación de Tomé sobre esperar el informe que presentará la comisión y posteriormente interpelar a las autoridades de la Superintendencia.
Según denunció el propio presidente del Congreso, el decreto que se aprobó en favor de Palmerola “no alcanzó ni 24 votos de los diputados presentes” factor que deberá investigar la comisión y que podría ser determinante para la extinción del contrato.
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“El pueblo quiere saber qué ha pasado con el contrato de Palmerola, un contrato que costó más de 300 millones de dólares, que nos ofrecieron un aeropuerto de primer mundo, que aquí iba a parecer Europa; cuando miramos las instalaciones, que es un aeropuerto sin terminar y lo que miramos es un desastre”, manifestó Herrera.
De igual forma, el jefe de bancada del conservador Partido Liberal, Mario Segura, como el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionaron a favor de investigar el entramado de corrupción tejido en la adjudicación del contrato a favor del empresario minero Lenir Pérez.
El 17 de marzo de 2016, se aprobó el contrato de Palmerola que se adjudicó al grupo Palmerola International Airport S. A. (PIA) conformado por grupo EMCO y PIA cuyo presidente es Pérez.
En sus inicios se pactó que el costo sería de 163 millones de dólares siendo 87 millones por capital privado, 76 millones por parte del gobierno, sin embargo, se incrementó a 250 millones en 2021 mientras que, dos días antes que asumiera el nuevo gobierno, se aprobó un incremento de 110 millones mediante fondos del Instituto Nacional de Previsión de Magisterio (Inprema).
Un mes después de inaugurar Palmerola, el 15 de diciembre de 2021, cerró operaciones para vuelos internacionales el aeropuerto Toncontín en la capital de Honduras, esto obliga a los pasajeros utilizar obligatoriamente Palmerola, ubicado en la ciudad de Comayagua a 73 kilómetros de Tegucigalpa siendo el más lejano de la región centroamericana.
Sumado a lo anterior, Honduras invirtió 125 millones de dólares y solo recibirá el 39,6% de las ganancias que genere Palmerola mientras los inversionistas que apenas inyectaron 87 millones reciben el 69,4% aunque, en cifras, el Estado invirtió el 75% del total.
Con el cierre de Toncontín el Estado dejó de percibir mensualmente más de 110 millones de lempiras y con Palmerola no recibe ingresos por canon al no superarse la meta fijada de pasajeros anuales sino hasta dentro de 28 años.
La comisión deberá investigar la corrupción detrás del aeropuerto de Palmerola que podría concluir en la posible extinción del contrato, pero la nación se enfrentaría a demandas internacionales como acontece con la concesionara Empresa Energía Honduras (EEH) que recibe millones de lempiras por incumplir lo estipulado en el contrato que era la reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
