Aunque en 2023, el Poder Legislativo derogó el decreto 116-2019 –mejor conocido como Fondo Departamental— y reformas a los decretos 93-2021 –Ley de Lavado de Activos— y 57-2020 –el cual limitaba las facultades del Ministerio Público—, aún faltan otras normativas para allanar el camino de la CICIH
El 15 de junio de 2024, se vence la segunda extensión del memorándum de entendimiento entre el gobierno y la ONU para la llegada de la CICIH
Tegucigalpa, Honduras. –El Congreso Nacional de Honduras ha entrado en receso sin haber aprobado ni derogado la totalidad de las leyes solicitadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el memorándum de entendimiento para la instalación de un mecanismo anticorrupción en el país.
Esta falta de acción legislativa podría poner en riesgo la implementación del esperado organismo que busca fortalecer la lucha contra la corrupción en Honduras.
El memorándum de entendimiento firmado entre el Estado de Honduras y la ONU establece una serie de reformas y derogaciones de leyes necesarias para crear un marco jurídico adecuado que permita el funcionamiento eficaz del mecanismo anticorrupción.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la aprobación la Ley de Colaboración Eficaz, que se ha mantenido estancada en el Congreso Nacional desde 2022. Con dicha normativa se busca regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación pena.
Es importante mencionar que su discusión en primer debate se aprobó en noviembre de 2022, sin embargo, la misma no ha sido sometida a discusión en segundo y tercer debate.
El memorándum de entendimiento señala que se debe derogar varias leyes, como el decreto 117-2019 es cuestionado debido a que concede inmunidad a los diputados, considerando la función legislativa como «inviolable e indelegable», al estimar que la única acción legal disponible contra la función legislativa es la acción de inconstitucionalidad, según el artículo 185 de la Constitución de la República.
Con la aprobación del decreto 117-2019 se hizo una reforma al artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estableciendo de forma literal que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones y conductas derivadas de sus funciones como legisladores.
Además, el decreto establece que el Congreso es el único órgano competente que debe valorar cada caso en concreto, y las consecuencias de la infracción, dejando de lado las investigaciones que pueda elaborar el Ministerio Pública (MP) y la misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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REQUISITOS CUMPLIDOS
El 12 de julio de 2023, el Congreso Nacional derogó el decreto 57-2020 y reformó el decreto 93-2021, que fueron aprobados para blindar a los corruptos a través del lavado de activos y el secreto bancario.
Tras varios intentos, el Poder Legislativo logró abrogar el decreto 57-2020 el cual limitaba las facultades del Ministerio Público para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción.
La derogación del decreto 93-2021 que era una reforma en los artículos de la Ley de Lavado de Activos y del Código Penal con la finalidad de ocultar capitales y ampliar el secreto bancario a delitos de lavado de activos, el enriquecimiento ilícito como delito y para secuestrar documentos y objetos relacionados a un hecho ilícito.
El 2 de agosto de 2023, entre una polémica discusión, 82 congresistas votaron a favor para derogar el decreto 116-2019, o mejor conocido como Fondo Departamental. La abolición de la normativa con 82 votos generó dudas entre los diputados de oposición porque la misma ley establece que, para ser derogada, debe contar con la aceptación de la mayoría calificada, aunque este extremo ha sido considerado como una aberración jurídica porque no conlleva una reforma constitucional para lo cual se requiere de dicha votación.
Los fondos departamentales se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programa Sociales aprobada en la administración de Mauricio Oliva.
Esta normativa permitió que los diputados solicitaron millonarias cantidades de dinero para supuestamente hacer obras sociales, como lo contempla la ley, pero en 2017, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) presentó el caso “Red de Diputados” en el que evidenció cómo los congresistas destinan ese dinero a cuentas bancarias de oenegés y familiares.
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NO HAY VOLUTAD POLÍTICA
La inacción del Congreso Nacional ha generado preocupación entre los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes ven en el mecanismo anticorrupción una esperanza para enfrentar las redes de corrupción que han operado de manera impune en el país.
En tanto, el abogado penalista y analista político, Henry Alexander Salinas, lamentó que en el Congreso Nacional no exista voluntad política o que se llegue a consensos necesarios para aprobar las normativas que se requieren para el buen funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
En pláticas con este medio digital el profesional del derecho manifestó que “no es una prioridad en este Congreso Nacional” aprobar y derogar las leyes que faltan para cumplir a cabalidad con los requisitos de Naciones Unidas.
Salinas reclamó que las y los diputados sólo llegan a consensos cuando se trata de repartir cuotas de poder en instituciones como los órganos electorales, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras.
El receso legislativo deja en suspenso la aprobación de estos requisitos enmarcados en el memorándum de entendimiento, sin embargo, se espera que, a su retorno, el Congreso Nacional priorice estas reformas necesarias para el buen funcionamiento del mecanismo anticorrupción.
