El Poder Legislativo maneja con hermetismo los nombres de los legisladores que han sido beneficiados con las subvenciones.
Tegucigalpa, Honduras. –Pese a la derogación del decreto 116-2019, conocido como Fondo Departamental, el Congreso Nacional ha continuado entregando dineros a diestra y siniestra a los diputados. Una evidencia de esta cuestionada práctica, que se originó hace más de 17 años, son los más de 100 millones de lempiras desembolsados entre el 2022 hasta agosto de 2023.
Según el Portal Único de Transparencia del Congreso Nacional, en 2022, los diputados recibieron 18,091,085.53 y de enero hasta agosto de 2023 ya se habían contabilizado 84,688,720.15 lempiras, haciendo un total entre los dos últimos años de 102,779,987.68 lempiras.
Hasta el momento de la publicación de esta nota en el Portal Único de Transparencia del Congreso Nacional no se había publicado el gasto de septiembre de 2023.
El pasado 2 de agosto el Poder Legislativo derogó la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programa Sociales, más conocida como “Fondo Departamental”, pero esto no ha frenado la entrega de subvenciones.
Según los datos oficiales los meses con la mayor erogación fueron marzo de 2023 con 40,448,340.79, julio de 2023 con 24,904,874.40 y diciembre de 2022 con 18,091,085.53 lempiras. Cabe señalar que el Portal Único de Transparencia no contabiliza los fondos otorgados entre marzo y abril de 2022, de cara a las vacaciones de Semana Santa, pese a que varios diputados manifestaron, en aquel momento, haber recibido el dinero para distribuirlo como ayuda social en las comunidades.
Ante las afirmaciones de diputados, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, salió al paso y negó que esa institución haya entregado dinero bajo el concepto de Fondo Departamental.
“Este Congreso Nacional no ha aprobado ningún decreto, ninguna resolución que involucre el manejo de cualquier fondo, llámese departamental o social; inclusive puedo decir que ninguno de los 128 diputados ha pedido, directa o indirectamente, la solicitud de manejo de algún fondo”, declaró Redondo, a medios de comunicación, en abril de 2022.
En los documentos publicados en el Portal de Transparencia señalan que la erogación de 100,000.00 lempiras, expuesta en el informe de gasto de junio.
En ese apartado el Poder Legislativo expuso que el valor “corresponde a cheques para ayudas que no fueron librados para diputados en 2021 -durante la administración del Partido Nacional- quienes al no haber presentado la liquidación los retornaron de manera íntegra a la tesorería de ese poder del Estado”.
Durante la sesión del 12 de abril de 2023 el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró que diputados de todas las bancadas habían recibido subvenciones, pero no dio los nombres de los beneficiarios al considerar que al hacerlo estaría exhibiéndolos. En ese sentido, precisó que, próximamente y a través de la página del Congreso Nacional, los diputados tendrían la oportunidad de publicar sus liquidaciones y mostrar a quiénes beneficiaron con los fondos.
No obstante, el Poder Legislativo no ha publicado ni en sus redes sociales ni en el Portal Único de Transparencia, los expedientes que contienen las respectivas liquidaciones de esos fondos. En diciembre de 2022, Redondo, explicó que una de las condiciones para acceder a esta subvención era presentar la liquidación del dinero, 30 días después de haberlo recibido. Hasta el momento se desconoce si esto está ocurriendo.
“Las deducciones pertinentes de su sueldo, en caso de que no realice la liquidación correspondiente en el plazo establecido”, expuso el presidente del Congreso Nacional al advertir que se procedería a deducir los salarios a aquellos congresistas que no rindieran cuentas de los fondos recibidos en carácter de subvenciones.
Es importante destacar que aún se desconoce qué diputados han solicitado las subvenciones. En reiteradas ocasiones Criterio.hn ha solicitado dicha información por medio del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), sin embargo, el Congreso Nacional se ha limitado a responder que “se encuentran recepcionando [recibiendo] y revisando los expedientes de cada subvención” y que la información será publicada a través de los diferentes medios de ese poder del Estado.
Tras la negativa del Congreso Nacional de dar el listado de las y los diputados que han recibido subvenciones, Criterio.hn ha realizado un monitoreo en redes sociales y medios de comunicación para verificar quiénes han recibido estos fondos.
En el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) son pocos los congresistas que han manifestado públicamente que han rechazado estas subvenciones entre ellos: Hugo Noé Pino y Jari Dixon Herrera.
Varios diputados liberales confirmaron a medios de comunicación que habían recibido los fondos, entre ellos el jefe de la bancada, Mario Segura.
Mientras la bancada del Partido Nacional afirmó a Criterio.hn que ninguno de los 43 legisladores de ese partido político ha solicitado subvenciones.
Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), opinó que el Congreso Nacional, a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), debe dar informes de cómo y quiénes han solicitado subvenciones.
Añadió que “todos tenemos el derecho a acceder a la información mediante el IAIP, porque ese tipo de información no es clasificada”.
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MILLONARIAS SUMAS DE DINERO DESTINADOS A SUBVENCIONES
Según los datos recogidos del Portal de Transparencia del Congreso Nacional los meses con la mayor erogación en subvenciones fueron marzo de 2023 con 40,448,340.79 lempiras, seguido de julio con 24,904,874.40 y diciembre de 2022 con 18,091,085.53.
Siguiendo en el orden junio de 2023 con 9,473,470.00 de lempiras, mayo con 5,599,302.66 lempiras.
Mientras que el mes con el menor desembolso ha sido febrero de 2023 con 13,500.00 lempiras.
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¿CADA CUÁNTO SE DAN LAS SUBVENCIONES?
Hasta el momento no se sabe con exactitud cada cuánto las y los diputados reciben las subvenciones, ya que algunos han dicho que es mensual y otros afirman que se entregan cada tres meses.
El diputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Rodríguez, dijo que todos los meses los legisladores de los diferentes partidos políticos reciben las subvenciones y que el monto anda en 100 mil lempiras.
Rodríguez detalló a un medio de comunicación que los fondos se deben liquidar de forma clara y con pruebas como fotografías y videos de las ayudas que brindan en las comunidades, “ya no se aceptan facturas pirateadas del mercado”. “Hay que ser sinceros, la mayoría, han recibido, hay que ser honestos, yo el año pasado recibí 300 mil y construí una calle en una comunidad”, manifestó.
Por otro lado, el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, aseguró que cada tres meses gran parte de los legisladores reciben 100 mil lempiras.
Zelaya aseguró a medios de comunicación que no ha solicitado subvenciones, pero que “no es justo” que varios diputados reciban 100 mil lempiras para “ayudas”.
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JUSTIFICAN SUBVENCIONES
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, adelantó que ese poder del Estado seguirá entregando subvenciones, porque la Constitución de la República— en su artículo 205, numeral 37—, lo permite.
“Establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social”, cita el inciso 37 del artículo 205.
Redondo defiende que la entrega de subvenciones se ha realizado de manera transparente, ya que el proceso se ha diseñado para garantizar un manejo correcto de los fondos y que en el Poder Legislativo se está haciendo una auditoria concurrente ayudando con las liquidaciones para que eso sea declarado y no se repitan los vicios del pasado.
“Antes se robaban lo fondos, pero nosotros vamos a demostrar que somos capaces de manejar esa subvención de manera honesta. Entiendo que haya interrogantes y cuestionamientos, porque antes se robaban el dinero, pero antes nadie se daba cuenta de las subvenciones o del manejo del fondo departamental porque todo era oculto”, dijo Redondo el 9 de mayo pasado en un foro televisivo.
El presidente del Congreso asegura que, alrededor de la entrega de los fondos, en el Poder Legislativo hay transparencia, sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, tal y como lo ha verificado este medio de comunicación al recurrir a las peticiones de información con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al monitorear de manera constante el Portal Único de Transparencia.
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CONGRESO NO DEBERÍA ENTREGAR SUBVENCIONES
Consultada por Criterio.hn, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, dijo estar en contra de las subvenciones al considerar que es una práctica incorrecta, que en el pasado fue un mecanismo de corrupción.
Las subvenciones “no tienen razón de ser” y se le debe exigir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que haga un listado de los diputados que han recibido esa subvención y en qué han invertido el dinero, expuso Figueroa
Entre tanto, la legisladora, Ligia Ramos, expresó no estar de acuerdo con la entrega de subvenciones, sin embargo, dijo no puede cuestionar a quienes utilizan este tipo de fondos.
“En lo personal no utilizo fondos públicos porque no me parece que es mi deber como diputada y tampoco me gusta criticar a quienes solicitan las subvenciones, pero no estoy de acuerdo y definitivamente hay que exigir que se haga un informe sobre cómo se han invertido esos fondos”, precisó.
El abogado constitucionalista y analista político, Raúl Pineda Alvarado, opinó que el Congreso Nacional no debería entregar subvenciones o fondos departamentales, ya que los diputados fueron electos para crear, reformar o derogar leyes.
Para el analista, el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, está haciendo una interpretación “muy acomodada” de la Constitución, es decir, que el Congreso puede emitir subsidios a instituciones, pero no darles dinero a los diputados.
“El Congreso no debería dar subvenciones, es correcto que el hemiciclo haga un aporte a fundaciones sin fines de lucro, pero que se lo dé a un diputado no, luego los congresistas dicen que van a construir un centro comunal y lo que hacen es pintarlo”, externó.
Pese a ser de los pocos diputados que públicamente ha rechazado las subvenciones, el diputado del oficialista Partido Libre, Jari Dixon Herrera, afirmó que este mecanismo es una atribución del presidente del Congreso Nacional.
A juicio del legislador “no hay nada de malo” en la entrega de subvenciones, porque los congresistas han liquidado correctamente los fondos entregados.
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SUBVENCIONES SON USADAS PARA GENERAR VOTOS
Para el abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado las subvenciones son un mecanismo para impulsar la imagen de los diputados y con ello captar votos.
A juicio de Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), lo que hay detrás de la entrega de fondos es proselitismo político.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, en abril, Moreno puntualizó que estas prácticas han sido reiteradas y seguirán siendo utilizadas por los políticos para hacer campañas políticas y levantar sus perfiles, para ganar seguidores y así continuar en cargos de elección popular.
Desde la perspectiva de la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, no se le puede estar dando subvenciones a los congresistas para hacer proselitismo con el dinero del pueblo.
“Si los diputados salen con sus cheques de 100.000 lempiras diciendo que lo van a donar a una escuela, lo publican en las redes sociales y hacen alharaca del dinero, que es del mismo pueblo, no lo sacó él de su bolsa, es con dinero de los hondureños”, cuestionó.
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CREACIÓN DEL FONDO DEPARTAMENTAL
La Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programa Sociales, más conocida como Fondo Departamental, fue aprobada en octubre de 2019 en el Congreso Nacional presidido por el diputado nacionalista, Mauricio Oliva.
Dentro de la normativa se incluyó un artículo que señala que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sería el encargado de auditar el uso de los fondos públicos en un lapso de tres años.
Dicho proyecto fue cuestionado por las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu) y unos cuantos diputados liberales.
Esta normativa permitió que los diputados solicitaran millonarias cantidades de dinero que supuestamente serían destinadas a ayudas y obras sociales, sin embargo, este fondo fue objeto de investigación por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
En 2017 la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) -ahora Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco)- y la MACCIH, presentaron el caso Red de Diputados en el que se evidenció cómo los congresistas destinaron ese dinero a cuentas bancarias de oenegés y familiares.
El manoseo de fondos públicos por parte de los diputados se originó el 30 de diciembre de 2006 con la entrada en vigor del Decreto 195-2006, que creó el famoso “Fondo Departamental”, sin embargo, este decreto fue eliminado en abril de 2018 ante los cuestionamientos de la MACCIH.
No obstante, el 16 de octubre de 2019, el Congreso Nacional, además de reactivar la inmunidad parlamentaria, retomó el “Fondo Departamental” bajo la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programa Sociales. Fue así como— en 2020, con la llegada de la pandemia por la Covid-19—, el Congreso Nacional, presidido por el nacionalista Mauricio Oliva, comenzó a aprobar millonarios fondos para que los diputados comenzaran a repartir dádivas a la aprobación en busca de votos.
Y, aunque se haya eliminado la normativa, la cuestionable práctica de los diputados de manejar fondos públicos sigue siendo una práctica poco transparente y alejada de las funciones de un legislador.
