Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó la derogación de la normativa que cercenaba las acciones investigativas del Ministerio Público y trasladaba dichas funciones al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) constituyendo un pacto de impunidad que blindó la corrupción.
El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, presentó el proyecto de ley encaminado a derogar la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto que modificó el artículo 131, inciso A, mediante Decreto Legislativo 141-2017, en su artículo 238.
Lo anterior, en referencia a la liquidación de fondos públicos destinados a proyectos sociales, en especial, el uso del Fondo Departamental del Congreso Nacional que otorgó la atribución absoluta al TSC para realizar auditorías e investigaciones sobre el manejo de los fondos ejecutados por servidores públicos, diputados, Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo, Organizaciones Privadas de Desarrollo, fundaciones, y personas naturales o jurídicas que recibieran fondos públicos desde el periodo 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.
Además, se estableció un periodo de tres años para que el TSC auditara e investigara el destino de los fondos públicos y una vez finalizada la auditoría determinar si existe responsabilidad penal, civil o administrativa, de lo contrario, el Ministerio Público, sin un informe del ente contralor, no podía acusar a los antes referidos.
Por unanimidad de los 128 diputados del Congreso Nacional se aprobó su derogación ordenando al TSC para que en un plazo de días entregue a la fiscalía todos los expedientes que se encuentran en investigación, de lo contrario, su incumplimiento acarrearía responsabilidad penal.
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El dictamen de ley fue presentando ante el pleno del Legislativo por la Comisión Anticorrupción creada por Redondo y que preside la congresista Fátima Mena y está integrada por los diputados: Jari Dixon, Karla Euceda Fúnez, Yaveh Sabillón Cruz, Ramón Barrios, Iroska Elvir y Tania Pinto.
“Este proyecto viene a honrar una vez más ese compromiso claro que hemos adquirido para poder desmontar toda una estructura criminal que viene a generar obstáculos para asegurar la búsqueda de la justicia, la aplicación de las leyes, que desafortunadamente se impidió a través de estas herramientas de blindajes, estos pactos de impunidad”, manifestó la congresista Mena.
Igualmente, el diputado Barrios cuestionó que desde el Congreso Nacional se cercenó las atribuciones constitucionales del Ministerio Público de ejercer acción penal.
Con el plazo otorgado al TSC, se pretende conocer cuántos expedientes existen y que no se puso a conocimiento del Ministerio Público.
Cabe señalar que, el 30 de enero de 2019, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el artículo 238 del Decreto Legislativo 141-2017, sin embargo, no fue aplicado por el Congreso Nacional en una clara violación a la norma constitucional.
“Este es un paso más en el programa de gobierno propuesto por la presidenta, Xiomara Castro, para derribar el muro de impunidad que se construyó en este Congreso en épocas pasadas y vamos a continuar con firmeza”, sostuvo Barrios.
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LOS SINDICADOS EN CORRUPCIÓN BENEFICIADOS
En diciembre de 2017, la extinta Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (UFECIC) acusó a los entonces diputados: Augusto Cruz Ascencio, Eleazar Alexander Juárez, Audelia Rodríguez Rodríguez, Héctor Enrique Padilla Hernández y Dennys Antonio Sánchez por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
La investigación realizada por la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) develó que los congresistas se apropiaron de fondos públicos a través de los Fondos Departamentales que eran transferidos a una ONG y posteriormente depositado a cuentas personales de los sindicados.
Tras la acusación, el conservador Partido Nacional junto con el respaldo de la mayoría de congresistas Partido Liberal y partidos minoritarios aprobó el Decreto 141-2017 y la juez que llevaba el caso, conocido como Red de Diputados, lo cerró invocando el decreto esperando que el TSC presentara el respectivo informe.
Según las declaraciones del exvocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, la red de corrupción de diputados que drenaron fondos públicos por medio del Fondo Departamental superaba el centenar de congresistas, sin embargo, con la puesta en marcha del decreto los casos quedaron en la impunidad.
De igual manera sucedió con el exalcalde y excandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) por desviar más de 28 millones de lempiras de las arcas municipales a sus cuentas personales. El caso se mantiene en impunidad.
FALTAN MÁS LEYES
El titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, si bien celebra que desde el Congreso Nacional ha comenzado a derogar leyes nocivas contra los intereses de la nación, falta derogar otras más que limitaron la lucha contra la corrupción y acrecentó la impunidad.
“El congreso Nacional ha dado un paso adelante en la lucha contra la corrupción al derogar la Ley de Secretos, pero falta más para avanzar en la investigación y judicialización de casos de corrupción. Urge la derogación de los Decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021…”, expresó.
De igual manera, el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián, reaccionó a favor de abolir todas las leyes que erigió el conservador Partido Nacional en detrimento del combate a la corrupción y que permitió la instauración de una estructura criminal al mando del exgobernante, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
“Oportuna decisión del legislativo derogar los decretos que impedían nuestro accionar oficioso en materia de procesamiento a la corrupción, como denunciamos oportuna y públicamente. A partir de la fecha, nuestras unidades responsables deberán proceder con agilidad y objetividad”, dijo.
Oportuna decisión del legislativo derogar los decretos que impedían nuestro accionar oficioso en materia de procesamiento a la corrupción, como denunciamos oportuna y públicamente. A partir de la fecha, nuestras unidades responsables deberán proceder con agilidad y objetividad. pic.twitter.com/7w4vhJMEGu
— Daniel Arturo Sibrián Bueso (@dsbhn1) March 18, 2022
Además, el Congreso Nacional se encamina a derogar el Decreto Legislativo 116-2019, aprobado en Octubre de 2019, que contiene la Ley Especial del Fondo Departamental que puso en marcha la inmunidad parlamentaria al reformar el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional esto impide que un congresista de Honduras pueda ser judicializado penal, civil o administrativamente por su función en el hemiciclo legislativo.
También, en mayo de 2020, se aprobó el Decreto Legislativo 57-2020 en el que se contempló la interpretación a tres artículos del Código Procesal Penal (217,219 y 220) referente a las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito.
Este decreto limitó aún más las acciones de la fiscalía que ahora para ejecutar un decomiso o secuestro de documentos debe ser autorizado mediante orden de un juez.
Sumado a lo anterior, en noviembre de 2021, aprovechando un feriado nacional y un partido de futbol que llamó la atención de la población, los congresistas del Partido Nacional y Liberal se confabularon para aprobar el Decreto Legislativo 93-2021 para reformar varios artículos del Código Penal concerniente a la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas, catalogadas como la estocada final a la lucha contra la corrupción.
dichas reformas constituyen una vulneración a las garantías judiciales, el acceso de las comunidades originarias y étnicas a sus tierras ancestrales, el detrimento al ejercicio del espacio cívico y el derecho a la libertad de expresión, por ende, dichas reformas atienden el beneficio de los proyectos extractivistas y económicos que se pretenden instalar dentro del territorio nacional.
Se impidió llevar ante la justicia a personas cuyos bienes de origen sospechoso, no puedan comprobar su legalidad en la adquisición.
Además, se criminalizó la protesta social y se incluyó dentro de las Personas Políticamente Expuestas (PEPs) a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción demostrando la persecución, amenazas y coacciones a organizaciones que se enfrentan contra la corrupción.
Un comentario
Guste o no a los capos naZionalistas narco-ladrones, para sus esbirros y testaferros se les viene lo peor, y para nuestro amado país soplan vientos de paz y tranquilidad poniendo punto y final a esta maldita corrupción que ya dura 200 años, y de una vez por todas veremos tras las rejas a más de algún ladrón de la alta “suciedad”. Es indescriptible la alegría y felicidad que nos invade de saber que al fin tendremos un mejor país para TODOS.