Tegucigalpa.-El Congreso Nacional de Honduras aprobó, en primer de tres debates, otorgar independencia de la persecución directa en casos de corrupción a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) sin que se requiera de la autorización del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
En la sesión legislativa del miércoles, la Comisión Anticorrupción del Poder Legislativo dictaminó favorable el proyecto de ley que presentó el presidente Luis Redondo que busca otorgarle independencia y fortalecer las facultades de la UFERCO frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La mayoría de los congresistas a excepción de la bancada del conservador Partido Nacional aprobó en su primer debate la normativa destinada a conferir un estatus especial y que fortalece las capacidades administrativas, técnicas, investigativas y funcionales en corto plazo de la unidad fiscal anticorrupción.
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El proyecto permitirá a la unidad especial del Ministerio Público ejercer la acción penal de oficio, es decir, judicializar directamente a los implicados en redes o estructuras de corrupción sin previa autorización del fiscal general u otra autoridad.
Además, contempla aumentar su presupuesto en un 10% que permita contratar personal adicional para la judicialización de casos de alto impacto
El jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, informará al director general de fiscales las investigaciones de oficio y podrá requerir de todas las dependencias estatales, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El proyecto de ley establece que cualquier institución o persona que se niegue a entregar documentación bajo cualquier artificio será castigado con una multa de 200 salarios mínimos e incurrirá en responsabilidad penal.
Los fiscales anticorrupción gozarán de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias por sus investigaciones realizadas durante dure la vigencia de la ley en caso de su aprobación que finalizará una vez tomen posesión un nuevo fiscal general y fiscal adjunto.
Asimismo, cualquiera de las disposiciones legales que contraigan el decreto quedará en suspenso por el tiempo de su vigencia.
José Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional arguyó que el proyecto es inconstitucional al invocar el artículo 232 de la Constitución de la República que establece la creación del Ministerio Público y la exclusividad de la acción penal.
“Como no tienen los votos para llevar a juicio político al fiscal general quieren crear una paralela”, sostuvo.
En respuesta, la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) Fátima Mena, aseguró que el espíritu de la ley busca devolverle al Ministerio Público la independencia, en especial, a los fiscales anticorrupción para poder hacer su trabajo sin obstáculos o injerencias políticas.
“Estamos permitiendo que los hombres y mujeres en primera línea de combate a la corrupción puedan realizar su trabajo, puedan investigar y presentar requerimientos fiscales, estamos quitándole los obstáculos que tienen en la lucha contra la corrupción”, declaró.
Añadió que la dirección de fiscales del Ministerio Público lejos de ayudar a la UFERCO en sus acciones anticorrupción “la atacan y la quieren destruir”.
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Por su parte el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y exfiscal, Ramón Barrios, explicó que no se está cometiendo ninguna violación a la norma constitucional debido que no se le quitan atribuciones al Ministerio Público, por el contrario, se fortalece.
“Todas las fiscalías pueden presentar requerimientos fiscales sin necesidad de autorización del fiscal, solo la UFERCO. La pregunta es, ¿por qué o a qué temen? Temen que le demos la capacidad a la fiscalía que persigan a los delincuentes corruptos del país”, señaló.
Misma valoración tiene el vicealcalde de San Pedro Sula y exfiscal, Omar Menjívar, quien considera que liberar a la UFERCO mediante un decreto legislativo para que ejerza la acción penal directa en el área de su trabajo “es actuar en consecuencia con la urgencia que tiene este pueblo de que se actúe contra la corrupción sin ataduras”.
Afirma que es falso que dicha iniciativa contravenga la Constitución y tampoco implica una paralela como quiere hacer creer el Partido Nacional.
“Ningún fiscal en el país requiere la autorización del fiscal general ni del director de fiscales para presentar acusaciones, excepto cuando se trata de casos de corrupción. Esa autorización previa no está ni en la Constitución ni en la ley. Ha sido una política institucional arbitraria, motivada por intereses del poder político”, añadió.
El proyecto de ley, conformado por siete artículos, permitiría al fiscal Santos enfrentar de forma directa la corrupción relevando las directrices de Chinchilla y el fiscal adjunto, piezas claves impuestas por el exmandatario Juan Orlando Hernández para proteger la actividad del narcotráfico y la corrupción.
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Documentos desclasificados de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, establecieron durante el juicio al narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes Ramírez, que este testificó que era aliado de Juan Orlando Hernández y que el mandatario le confesó que impuso y reeligió en el cargo a Chinchilla para que le ayudara a proteger las actividades del narcotráfico.
El artículo 232 y 233 de la Constitución hondureña refieren que la acción penal recae única y exclusivamente en el Ministerio Público, mientras el Decreto Legislativo 228-93 referido a la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 24, confiere potestad al fiscal para que libres requerimientos fiscales.
La UFERCO sigue y seguirá siendo una unidad adscrita al Ministerio Público, por lo que el decreto no violento ni vulnera atribuciones del ente investigativo. Aún falta la aprobación de la normativa en dos debates.
