Tegucigalpa.- Mientras los ojos de los funcionarios de Estado y corporaciones se posan en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, conocida como COP27, es evidente la desconexión existente entre el evento y la realidad en los territorios.
En una de sus últimas publicaciones, Peace Brigades International Canada explora esta desconexión, apuntando que mientras se discute cómo abordar el cambio climático en estos espacios, cientos de defensores y ambientalistas son asesinados y miles son criminalizados.
El artículo titulado “COP27 y la ausencia de ‘un entorno seguro y propicio” para los defensores de los derechos humanos ambientales”, desmenuza la realidad que viven quienes realmente defienden el ambiente, mientras en salones no se llega a ningún acuerdo vinculante.
Una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que recientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que detalla que “no existe camino creíble hacia 1.5 °C” y que aún cuando los Estados cumpliesen los compromisos actuales para 2030 esto significaría un aumento en el calentamiento global de 2.5 °C.
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LA HIPOCRESÍA DE LOS ESTADOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Refieren que Egipto, el país organizador de la COP 27 este año, reprime a los defensores del ambiente y mantiene encarcelados a más de 60 mil prisioneros políticos. Por otro lado Naciones Unidas asegura que en esta conferencia los “países se unen para tomar medidas para lograr los objetivos climáticos colectivos del mundo, según lo acordado en el Acuerdo de París”.
Un ejemplo de esta disonancia que provee PBI Canada, es que tres meses después de que se celebró la cumbre climática COP21, la lideresa indígena Lenca, Berta Cáceres, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
PBI Canada no lo menciona pero DESA está ligada directamente a miembros de la oligarquía económica en Honduras, tanto así que uno de los inversionistas y banquero, Jacobo Nicólas Atala Zablah, se reunió con la presidenta Xiomara Castro. Acción que causó una replica por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
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PBI Canada apuntó que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que los defensores de derechos humanos, incluidos los defensores de derechos ambientales deben contar con un entorno seguro y propicio para realizar su trabajo sin obstáculos ni inseguridad.
No obstante, desde que la resolución fue adoptada en marzo de 2019. Al menos 639 defensores del ambiente y el territorio fueron asesinados.
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En la misma línea, PBI Canada citó documentación de Global Witness en la COP26, en la que se señaló que más de 1005 defensores de los derechos ambientales y la tierra fueron asesinados desde que se firmó el acuerdo de París en la COP21 de diciembre de 2015.
“A pesar de este número de muertos, el programa de trabajo de Glasgow de 10 páginas sobre Acción para el Empoderamiento Climático que surgió de la COP26 en Escocia el año pasado no hace referencia a los derechos humanos ni a los defensores del medio ambiente”, citó la publicación de PIB Canada.
MODELO EXTRACTIVO EXACERBA LA DESIGUALDAD
“El modelo extractivo impulsado por las ganancias ha afianzado y exacerbado la desigualdad, y ha contribuido a generar conflictos, daños ambientales, ataques a comunidades y defensores, al mismo tiempo que desempeña un papel importante en las emisiones”, señaló Peace Brigades Internacional de Reino Unido.
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Además, advierte que una transición energética basada en este modelo fracasará, detallando que se han reportado al menos 369 ataques contra defensores de derechos humanos, laborales y ambientales globalmente desde 2015.
Estas cifras incluyen al menos 98 asesinatos vinculados a proyectos de energía renovable y 148 ataques, entre ellos 13 asesinatos relacionados a la minería de lo que llaman minerales de transición.
En Honduras, la situación de los defensores del ambiente y territorio es especialmente frágil ante los intereses de las oligarquías económicas que impulsan a como de lugar su agenda de “desarrollo”, que incluye la expulsión de poblaciones que históricamente han habitado estos sitios de renombrada belleza.
Tal es el caso, mas no el único, de los Garífunas del Triunfo de la Cruz en el Caribe hondureño, en el que pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los habitantes, el saneamiento de su territorio continúa siendo una tarea pendiente para el Estado de Honduras.
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Mientras tanto esta población es víctima de violencia dirigida a sus liderazgos para evitar el cumplimiento de la sentencia. El 18 de julio de 2020, en medio del estado de excepción declarado por la pandemia de covid-19, cuatro jóvenes, entre ellos el presidente del patronato, fueron desaparecidos en un operativo realizado en la madrugada.
Una de las últimas acciones violentas fue dirigida contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, a quien terceros le amenazaron de muerte si no abadonaba en 24 horas la comunidad y no cesaba en la lucha para la restitución del derecho del pueblo Garífuna.
Un comentario
Excelente artículo.