El 24 de noviembre de 2022 la presidenta Xiomara Castro ordenó a Conatel regular la venta de estos circuitos electrónicos y ordenó que no se comercializaran sin proporcionar una identificación, sin embargo, esto no se ha cumplido y con ello se fomenta la extorsión.
Hasta el momento, el decomiso de 237 chips ha sido el único reporte de Conatel en el marco del Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, oficializado en noviembre de 2022. Ante la falta de resultados, el gobierno anunció el 31 de marzo, el Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen que estará vigente por los próximos seis meses. Ahora Conatel contará con el concurso de Hondutel para evitar la compra y venta clandestina de tarjetas SIM.
Tegucigalpa. Honduras – “Vinieron a dejar el teléfono, tenía miedo que me lo entregaran a mí”, comenta el conductor de una unidad de transporte en la capital hondureña –quien solicitó, por cuestiones de seguridad, no mencionar su nombre ni la ruta que cubre.
Antonio, como lo llamaremos, sintió miedo, ese mismo sentimiento al que se enfrentan los conductores de autobuses y taxis en Honduras, cuando reciben las amenazantes llamadas de los grupos delictivos que les exigen el pago o aumento de la cuota de la extorsión.
Este hombre tiene más de 15 años de ser motorista, y comenta que cuando inició en este rubro, ya existía el cobro de la extorsión, que arrebató la vida a 1,781 transportistas entre 2010 y 2019, según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Si no pagamos la cuota, vienen a dejar el teléfono y al primero que miran se lo dan”, contó a Criterio.hn, el motorista, padre de cuatro hijos, quien confesó “todos los días, antes de salir de la casa me encomiendo a Dios, porque en esto no se sabe si vamos a regresar vivos”. Este acto es, como lo califican los conductores, “el mejor de los casos”, porque saben que, si no contestan la llamada, cualquiera puede ser la víctima mortal.
“Hace unos años mataron al compañero que iba un turno delante de mí, ese día me dormí, y quedé atrás, ya Dios hace las cosas, porque si no a mí me hubieran matado, todo por esa maldita extorsión”, relató Antonio, mientras giró su cabeza, para evitar que sus lágrimas salieran; sus ojos se cristalizaban y elevaba la mirada al cielo como un símbolo de gratitud.
Antonio explicó que, a la semana se hacen de dos a tres pagos de extorsión, según los grupos criminales que les exigen, además a diario deben hacer la tarifa para el dueño de la unidad, sacar para el combustible y lo que queda en el día es su salario y el del ayudante, que varía según la actividad del día.
“Mire, hoy, por ejemplo, fue un buen día, yo gané 550 (lempiras) y al ayudante le di 300 pesos”, indicó Antonio, al tiempo que explicó que ese “buen día”, en el que logró cumplir con la meta, fue por el flujo aceptable de personas que se movilizaron.
Ese día, Antonio, pasó por un establecimiento para comprar un pollo que sería la cena y el trofeo del “buen día”.
El gobierno que dirige la primera mujer presidente, Xiomara Castro, le declaró la guerra a la extorsión, en noviembre de 2022, cuando se presentó el Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, mediante el cual también la mandataria hondureña declaró “Emergencia Nacional en Seguridad”.
LA FRASE
“Ordeno a Conatel controlar la venta de los chips para teléfonos, no se van a comercializar chips sin el número de identidad”, aseguró Xiomara Castro, durante el lanzamiento del Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos.
Criterio.hnrealiza la verificación de esta ordenanza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), debido a que las llamadas telefónicas son el medio más utilizado por las estructuras criminales para cometer el delito de extorsión.
De acuerdo a una investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el 9% de los hogares hondureños fueron afectados por la extorsión en 2022, pero sólo 1% de estos casos fueron denunciados.
La extorsión en Honduras –el pago de una cuota de dinero, que las maras y pandillas o cualquier otro grupo criminal exige a través de la intimidación— es un flagelo que afecta a cualquier ciudadano, tenga un pequeño negocio como único medio de sobrevivir, o bien sea propietario de una micro o mediana empresa, así como al sector transporte que, de acuerdo a fuentes oficiales, es el más afectado.
Esta vendedora, de una empresa telefónica, comercializa tarjetas SIM en el centro de Tegucigalpa sin pedir ninguna identificación a sus clientes. Este hecho fue comprobado por Criterio.hn el pasado 24 de febrero.
VENTA SIN REGULACIÓN DE TARJETAS SIM
Adquirir una tarjeta SIM (ship), es fácil, basta con acercarse a una de las personas –identificadas como empleados de las empresas de comunicación—, que transitan por las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, especialmente en los puntos de mayor movilidad, como el casco histórico de Tegucigalpa, las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) o las calles de los mercados de Comayagüela. Es tan sencillo, estos circuitos electrónicos se pueden adquirir por un módico precio en promoción de 25 o en venta normal a 50 lempiras, sin necesidad de presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o dar alguna otra información personal.
Esta venta, sin regulación, ha sido aprovechada por las maras y pandillas para extorsionar, con mayor facilidad y sin exponerse, ya que únicamente realizan una llamada o envían un mensaje de texto, lo que surte efecto para los criminales, ante la falta de controles para identificar al propietario del número telefónico emisor de la llamada o el mensaje.
Inicialmente, la extorsión se cometía con amenazas personales, los integrantes de estas estructuras llegaban a los comercios y terminales de transporte para amenazar e intimidar y obtener el coloquial llamado “impuesto de guerra”.
Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (DIPANCO), dijo en entrevista con Criterio.hn que, debido a la presión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, “estos individuos han ido mutando, han ido evolucionando y han cambiado la forma en la que ellos cometen el delito de extorsión”.
De acuerdo con Fu, el 95% de las extorsiones se realizan a través de aparatos telefónicos y un alto porcentaje se origina desde los centros penales.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha sido incapaz de regular la venta de tarjetas SIM.
Criterio.hn se comunicó con el comisionado presidente de Conatel, Lorenzo Sauceda, para conocer las propuestas y avances en la regulación de la venta de tarjetas SIM y el bloqueo de llamadas originadas en los centros penales, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
ASJ, en su estudio “Impuesto de Guerra»: el fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, indica que más de 18 mil millones de lempiras, unos 737 millones de dólares al año, podrían estar pagando los hondureños por el cobro de la extorsión.
En febrero de 2023, Conatel anunció el decomisode 237 tarjetas SIM en coordinación con la Secretaría de Seguridad. Una cifra que, de acuerdo a analistas, da pena, y únicamente deja entrever el poco accionar de esta institución del Estado.
De igual manera, se mencionó que la comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) bloqueó 523 billeteras electrónicas, acciones que se implementaron casi tres meses después de la ordenanza de la mandataria, que como parte del Plan Integral se incluyó la digitalización a través de Conatel y la CNBS.
El día en que la presidenta Castro anunció el Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos reconoció que «la extorsión es el resultado siniestro de la existencia del crimen organizado en Honduras», además, que este flagelo es una de las principales causas de la inseguridad y migración.
Sin embargo, para Ana Hasemann Lara, directora del Instituto Universitario Paz y Seguridad (IUDPAS), la digitalización para efectos de evitar pagos bajo la mesa, fraude o extorsión, “se queda corto, en realidad se queda muy corto, cuando también tenemos que recordar los altos índices de empobrecimiento que hay en nuestro país”.
Para la analista en materia de seguridad, la violencia en Honduras es estructural, ya que permea el sector privado y público. “La crisis económica también va de la mano con esa experiencia, porque estamos hablando de violencia estructural”, enfatizó.
ESTADOS DE EXCEPCIÓN, UNA MEDIDA FALLIDA PARA COMBATIR LA EXTORSIÓN
Como parte del Plan Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, la presidenta, instruyó a la Policía Nacional, para que procedieran a la implementación de estados de excepción, dándole carta blanca a los entes de seguridad del Estado para suspender las garantías establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República.
Este estado de excepción, entró en vigor el 6 de diciembre de 2022 y aún se mantiene vigente, de hecho, la semana pasada se anunció que la medida se ha extendido hasta octubre de 2023 y muy probablemente su implementación se seguirá ampliando como sucede en El Salvador.
Ante estas ampliaciones, defensores de derechos humanos consideran que lo que se avecina en Honduras es una réplica de la política de seguridad implementada en el país vecino El Salvador que implementó un estado de excepción total desde el 27 de marzo de 2022 y la construcción de “la cárcel más grande de toda América” donde trasladó a dos mil pandilleros.
Recientemente, luego del emplazamiento que le hiciera la presidenta Castro a la Secretaría de Seguridad, con el cual la mandataria reconoció que su política de seguridad no ha sido la mejor, se anunció la construcción de dos cárceles para recluir a personas vinculadas a maras y pandillas. Todo apunta a una copia de esta política con El Salvador.
El estado de excepción, en vigor desde el 6 de diciembre de 2022, no ha logrado reducir la extorsión, de acuerdo, a los mismos reportes del gobierno.
Al no tener resultados tangibles, el gobierno de Xiomara Castro anunció el viernes 31 de marzo la implementación, a partir de esa fecha, de una segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad: Solución Contra el Crimen. Esta determinación fue instruida por la presidenta Castro en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Este plan, que tendrá una vigencia de seis meses, consta de nueve medidas, entre ellas la ampliación del estado de excepción, además se instruyó a las Fuerzas Armadas a habilitar los batallones como centros de reclusión de emergencia, una medida implementada durante los tres gobiernos anteriores del Partido Nacional y cuestionada por el actual partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre).
En relación a la prohibición de la compra y venta de tarjetas SIM, la mandataria incluyó a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), para que en conjunto con Conatel, desarrollen las acciones correspondientes que, hasta la fecha, esta última institución estatal no ha podido regular.
— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) March 31, 2023
Además, se incluye la sanción a las compañías telefónicas de incumplirse dicha prohibición.
Luego de este proceso de verificación, Criterio.hn concluye que el cumplimiento de la ordenanza de la presidenta Xiomara Castro a la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) para controlar la venta de los chips para teléfonos, se ha incumplido, ya que pudimos constatar que basta con tener el dinero en la mano para adquirirlos. En resumen, el anuncio de la presidenta Xiomara Castro se convierte en un hecho falso.
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