Tegucigalpa.- A pocas horas de que se lea la sentencia en el juicio contra los defensores de Guapinol en el Tribunal de Sentencia de Tocoa, Colón, Juana Zúniga, una de las lideresas en la protección de los bienes comunes, remarcó que «defender el agua no es un delito, es defender nuestra vida».
«No nos hacemos a la idea de que nuestros compañeros los declaren culpables porque no pudieron demostrar en 29 meses la participación de ellos en ninguno de los delitos», dijo Zúniga durante su participación en el foro «La verdad detrás del caso Guapinol: Cómo el Estado fabricó un caso para castigar a los defensores del agua en Honduras».
El abogado del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, pormenorizó las contradicciones en las que incurrió el Ministerio Público durante el juicio contra los ochos defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, así como el Parque Nacional Carlos Escaleras, amenazados por la instalación de minas de óxido de hierro a cielo abierto y una planta peletizadora de este mineral.
FISCALÍA PIDE 36 AÑOS DE CÁRCEL CON PRUEBAS TESTIFICALES CONTRADICTORIAS
Tabora señaló a Criterio.hn que seis de los siete testigos presentados por el Ministerio Público están relacionados laboralmente con la empresa Los Pinares, dos de ellos en puestos administrativos y el resto guardias de seguridad o empleados de la empresa Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido oligarca Miguel Facussé.
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En relación al séptimo declarante, quien es testigo protegido, este no dio razón creíble sobre porqué se encontraba presente el 7 de septiembre de 2018. Esto sin mencionar que los testigos se contradijeron en sus declaraciones.
Un ejemplo de esto fue que Santos Corea manifestó que su celular fue robado entre las 9:00 y 10:00 de la mañana. Sin embargo, Miguel Izaguirre, otro testigo, declaró haber recibido tres llamadas de Santos Corea a las 12:00 del mediodía «diciéndole que lo fueran a recoger porque lo habían dejado botado».
Otra contrariedad, es que los testigos del Ministerio Público expresaron en el Tribunal que los manifestantes andaban con armas de fuego; sin embargo, el peritaje del mismo Ministerio Público estableció que los pobladores involucrados no llevaban consigo armas de fuego.
Pese a estas y otras contradicciones, la Fiscalía pidió en las conclusiones una condena de 36 años de cárcel para los ocho defensores ambientales, cuando a criterio de Tábora se debieron retirar los cargos.
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Tábora sostiene que al menos tres de los cuatro delitos, relacionados a incendios y daños agravados, debieron excluirse automáticamente. Esto porque ninguno de los testigos identificó a quién o quiénes participaron en esas acciones. Lo que dejaría el cargo de privación injusta de la libertad, pero al presentar pruebas testimoniales contradictorias, esto debería resultar en la absolución de los ocho defensores.
COOPTACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AL SERVICIO DEL CAPITAL PRIVADO
Para el abogado defensor de la causa Guapinol este ensañamiento del Ministerio Público contra los defensores del agua, es una prueba de que «hay una cooptación general de la institucionalidad relacionada con la persecución penal en el país», donde se ve una justicia selectiva al servicio de intereses privados, como es el caso de la empresa Los Pinares.
Edy Tábora, defensor de los ambientalistas de Guapinol
Un ejemplo que involucra a Guapinol es que ese mismo día en que ocurren los hechos por los que son criminalizados los defensores, uno de los manifestantes resultó herido por arma de fuego en el área del tórax a manos de uno de los guardias de seguridad de Inversiones Los Pinares, empresa que a la vez forma parte de EMCO Holding.
El Ministerio Público recibió ambas denuncias, pero decidió perseguir una sola, la denuncia presentada por la empresa y su jefe de seguridad, Santos Corea. Durante una de las audiencias Corea hizo alusión al herido y al hecho que la bala había salido de un arma de uno de los guardias de seguridad de la empresa, pero nunca se realizó una investigación al respecto.
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Tábora señaló que a lo largo del juicio «hemos visto un híbrido entre Ministerio Público y acusación privada, donde la acusación privada va dando las pautas de los comportamientos del Ministerio Público»; e incluso defiende posiciones de la empresa privada que no tienen que ver con temas jurídicos.
Para Tábora, jurídicamente el caso no tiene otra salida que la absolución de los ocho defensores y su libertad. Sin embargo, apuntó que hay una decisión política para condenarlos con la finalidad de inhibir a las personas que luchan por la defensa del territorio.
Los ocho defensores del agua en detención ilegal desde hace 29 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz, este último con 39 meses en arresto arbitrario.
