Nación.|Noticias Destacadas

Comunicador social es agredido por militares en el Bajo Aguán

Bajo Aguán

Compartir

Bajo Aguán
Los militares y policías llegaron a la finca San Isidro a las 6:30 de la mañana.

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-El comunicador social y dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Vitalino Álvarez, fue agredido físicamente este miércoles por elementos militares mientras daba cobertura a un desalojo en la finca San Isidro, ubicada en la margen derecha del río Aguán.

Noticia Relacionada: Policías y militares agreden a campesinos durante desalojo de tierras en el Bajo Aguán

Álvarez denunció que mientras daba cobertura al desalojo de tierras, cuatro elementos policiales le dieron persecución, lo golpearon y le semi destruyeron una cámara de video y luego se la decomisaron.

“Cuando ven que voy grabando, entonces ellos cuatro cambiaron el curso de la carrera que llevaban y se dirigieron hacia mí y empezaron a decirme que no podía grabar. Les dije que era un comunicador, que andaba haciendo mi trabajo. Aún con todo eso, y decirles que trabajaba para un medio de comunicación, se me fueron encima y empezaron a golpearme, me dieron patadas en la cara, en los pies, en los brazos-garrotazos, afortunadamente logré “capiar” (esquivar) que no destruyeron por completo la cámara”, narró.

Bajo Aguán

Detalló que a la cámara le rompieron el cordón que se utiliza para guindársela al cuerpo y luego se la decomisaron.

El comunicador contó, además, que todo lo denunciado ha quedado grabado en la cámara, donde se puede apreciar “el salvajismo como tratan a un comunicador y no digamos cuando cae una persona humilde”.

Vitalino Álvarez además de ser dirigente campesino es comunicador social en Canal 5 Televisora del Aguán.

El comunicador social y dirigente del MUCA presenció esta mañana un desalojo violento efectuado en la finca San Isidro, ubicada en el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón. La acción fue ordenada por un juez con jurisdicción nacional a favor de la Corporación Dinat, contra 300 familias que alegaron, mientras eran desalojadas, que tenían documentos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

El comentario no puede estar vacío
Por favor rellene el usuario
Es necesario escribir un correo válido

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.