Por: Víctor Meza
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No es una práctica nueva. Tampoco es un vicio de factura reciente. Se trata simplemente de un mecanismo tramposo que se pone en práctica con peligrosa frecuencia y creciente intensidad en los procesos electorales, ya sean de carácter interno y primario o en las elecciones generales cada cuatro años. Es, en esencia, un delito electoral, en tanto que se utiliza para distorsionar el resultado verdadero del voto popular, violentando groseramente su carácter secreto y personal. Y, de paso, humillando al votante que vende su voto, menospreciando su dignidad y aprovechando, por lo general, su necesidad, su ignorancia y su pobreza. Es algo deleznable.
En principio, la compra de votos ya sea en forma directa mediante la entrega de dinero a cambio del voto o a través de la distribución de productos en especie, que pueden ser desde alimentos básicos hasta láminas de zinc o bolsas de cemento, forma parte de la llamada “política clientelar” de los partidos políticos. Tal costumbre es considerada parte sustancial de las estrategias electorales que se ponen en práctica para alcanzar el triunfo en los torneos comiciales periódicos. De tanto repetirla, ampliarla y perfeccionarla, ha alcanzado algo así como categoría aceptable, carta de ciudadanía que la vuelve normal y tolerable.
En Honduras la compra y venta de votos ha sido y sigue siendo una práctica común y corriente. Sin embargo, en los últimos procesos electorales esa práctica se lleva a cabo cada vez en forma más abierta y desvergonzada. Antes se hacía de manera disimulada y discreta; hoy se realiza en forma descubierta y al aire libre. A tal punto es así, que, en una reciente reunión de partidarios políticos de un precandidato presidencial del Partido Nacional, al calor del clima sureño y en medio de la euforia artificial o provocada, un energúmeno exaltado proclamó a voz en cuello el compromiso de reunir 50 mil votos para su aspirante preferido, asegurando que, si no era posible conquistarlos, estaban dispuestos a comprarlos. ¡Vaya desfachatez y descaro!
Durante el proceso electoral del año 2013, nuestro Centro de Documentación (el CEDOH) junto a la Universidad norteamericana de Notre Dame, con el valioso patrocinio del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), llevamos a cabo un estudio de investigación para conocer, descubrir y medir las formas y manifestaciones variadas de la compra y venta de votos en nuestro país. Se utilizó una metodología muy original, diseñada por expertos de la Universidad Notre Dame, que ya había sido puesta en práctica en al menos una decena de países latinoamericanos. Los resultados fueron muy concretos y, en cierta medida, sorprendentes: Honduras tuvo en ese año los niveles más altos de compra de votos en América Central, con un porcentaje ligeramente superior al 10 % como promedio nacional. Sin embargo, en algunas regiones del país, como en Gracias a Dios, la compra de votos alcanzó el alarmante índice de 50 %, seguido por Santa Bárbara y Choluteca con 22 % cada una.
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La compra-venta de votos distorsiona en su esencia al proceso electoral en su conjunto, profundiza la inequidad en la utilización de los recursos y, por supuesto, favorece más al partido que tiene más dinero para repartir o, en general, más productos para distribuir. Por regla general, tal partido es siempre – o casi siempre – el que controla el gobierno y, por lo mismo, tiene libre y arbitrario acceso a los dineros públicos del presupuesto nacional. Entre menos transparencia hay en la gestión de los recursos públicos, mayor es la tentación y la posibilidad para utilizar esos recursos en la financiación de la estrategia clientelar del partido de marras.
Vigilar, denunciar y castigar los excesos clientelistas de los partidos políticos, son tareas básicas para elevar los niveles de transparencia, credibilidad y legitimidad de los procesos electorales y, sobre todo, de sus resultados finales. Son deberes ciudadanos.
