Minutos despues de publicada esta nota, el secretario de Defensa, Jose Manuel Zelaya, publicó en su cuenta de X que «la Comandante General de las FFAA, Xiomara Castro, tiene las atribuciones constitucionales de nombrar y remover libremente al Jefe de Estado Mayor Conjunto y los miembros de la Junta de Comandantes. Este mensaje es para aquellos que ignoran la Constitución y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y afirman que es el Congreso Nacional».
Tegucigalpa, Honduras. –Después que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, nombre a las nuevas autoridades que ocuparán los altos cargos en las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA), la Comisión Permanente, integrada por nueve diputados, podría ratificar la decisión sin contar con la presencia del pleno de congresistas.
De acuerdo con el artículo 280 de la Constitución de la República, el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto, cuyo cargo actualmente ostenta el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, y la selección de la junta de comandantes de la institución armada, es designado, después de vencerse el período de dos años por el que fueron electos, por la presidenta de la república.
El periodo de José Fortín y los uniformados que integran la junta de comandantes vence en diciembre próximo, ese mismo mes la presidenta de Honduras tiene el deber constitucional de nombrar a las nuevas autoridades, que cumplan con todas las exigencias plasmadas en la ley, que los suplirán.
El artículo 279 de la Constitución de la República indica que, para ocupar el cargo de jefe de Estado Mayor Conjunto, se debe ser oficial general o superior con el grado de coronel de las armas o su equivalente, en servicio activo, con méritos y liderazgo.
De igual forma, dicho artículo establece que no puede ser jefe del Estado Mayor Conjunto ninguna persona que cumpla con los demás requisitos, pero que sea familiar de la presidenta de la república o de sus sustitutos legales (designados presidenciales).
Luego del nombramiento que haga la presidenta Castro, en cumplimiento con lo que manda el numeral 24 del artículo 205 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional, en la siguiente legislatura o mediante una sesión extraordinaria, debe ratificar la decisión de Castro, con el favor de la mayoría simple de diputados, es decir, 65 votos.
De hacerse la ratificación entre diciembre y los primeros días de enero de 2024, debe ser mediante una sesión extraordinaria convocada por el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, porque durante esos meses los 128 diputados están en vacaciones legislativas, correspondientes al cierre de esta segunda legislatura.
Sin embargo, líderes políticos de los partidos de oposición, sostienen que el oficialismo tiene planeado no cumplir con el andamiaje legal que manda la Constitución y hacer la ratificación sólo con el voto de los nueve diputados que integran la Comisión Permanente, nombrada e instalada el pasado 31 de noviembre, luego de concluir la pasada legislatura.
“En diciembre vence el periodo de los jefes del Estado Mayor Conjunto (…) esos cargos (después de ser nombrados por la presidenta) deben ser ratificados por el Congreso Nacional y, como marcha la crisis, nueve diputados van a ratificar la decisión del Ejecutivo”, precisó el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Agregó que “alertamos a los que están por llegar al cargo por ascensos; por mérito propio que van a colocar de dedo a los que respondan a los intereses de la familia Zelaya (…) vamos a estar en manos de una junta de comandantes nombrada por nueve diputados”.
No obstante, analistas políticos no coinciden con la opinión jurídica de los diputados de oposición, en su mayoría nacionalista, porque la Comisión Permanente no está facultada para hacer ratificaciones legislativas, sólo para nombrar autoridades interinas en caso que haya ausencia definitiva en las instituciones, como pasó en el Ministerio Público (MP).
El pasado uno de noviembre, la Comisión Permanente liderada por el titular del Legislativo Luis Redondo, amparándose en lo que dice el numeral 11 del artículo 208 de la Constitución, nombró de manera interina al nuevo fiscal general (Johel Zelaya) y al fiscal adjunto (Mario Morazán) que estarán los cargos hasta que existan consensos entre las bancadas políticas.
El numeral 11 dice que la Comisión Permanente está facultada para escoger a las autoridades de instituciones, que entren en proceso de elección en el Poder Legislativo, en el caso que exista falta absoluta en el puesto.
Entonces, ante la salida del exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla, el pasado uno de septiembre, que se fue a Nicaragua para integrarse como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), el oficialismo interpretó que había falta absoluta y, en consecuencia, nombró autoridades interinas.
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NOMBRAMIENTOS INTERINOS DURARÁN HASTA QUE EXISTAN ACUERDOS
Para el analista político Luis León, el interinato de las autoridades podría durar hasta que los partidos políticos logren llegar a consensos, que podría ser en un corto o largo tiempo, de lo contrario se mantendrán en los puestos hasta que finalice el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
“Si eso pasa (no llegar a acuerdos y mantener el interinato) profundizarían más la crisis porque están aprovechando la coyuntura para hacer los cambios (en las instituciones). La ley es clara en cuanto al porcentaje de votos, si hacen lo mismo con las Fuerzas Armadas, como pasó con el Ministerio Público, seguirían violentando los procesos legislativos”, dijo León en pláticas con Criterio.hn.
León sostuvo que el pico de esta crisis legislativa podría llegar el próximo año, cuando toque ratificar o nombrar una nueva Junta Directiva en el Congreso Nacional, misma que actualmente está integrada por los mismos diputados que conforman la Comisión Permanente, ambas encabezadas por Luis Redondo.
“No se puede hacer elección de la Junta Directiva, si no están cerrados los procesos de elección, cuyos nombramientos fueron hechos por la Comisión Permanente, lo que significa que no van a convocar (a sesión) y probablemente el oficialismo quiera tocar esos puntos en sesión extraordinaria”, explicó.
Una de las opciones viables que expertos en el tema no descartan, es que los políticos, para el siguiente año, logren acuerdos y ratifique los nombramientos hechos por el oficialismo o el partido de gobierno respalde a los que proponga la oposición.
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Algo similar a lo que pasó en el proceso de elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que las bancadas mayoritarias llegaron a acuerdos y se repartieron los 15 puestos, entre abogados que respondieron a sus intereses particulares, no a los de la población.
Un comentario
Siempre se ha tenido la intromisión de Estados Unidos y sus aliados, principalmente europeos, en asuntos domésticos (internos) de Honduras, en todas las esferas, sean económica, política, social, etc., para favorecer los intereses de ellos y en contra de los auténticos nuestros, violentando la soberanía nacional hondureña.
Esa lucha de intereses se refleja en las posturas de los partidos políticos, en el seno del Congreso Nacional así como en los diferentes ámbitos de la sociedad hondureña.
Al final siempre se ha impuesto la voluntad intervencionista externa para ordenarnos qué y cómo resolver nuestros asuntos nacionales.