Tegucigalpa.- La Comisión Especial del Congreso Nacional de Honduras comenzó una serie de reuniones para investigar las actuaciones de los operadores de justicia con relación al tema de extradiciones que podría conducir a juicio político a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general y crear la Ley de Extradición.
El pasado 17 de febrero, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una comisión especial para tratar el tema de extradición e investigar todos los elementos de las personas solicitadas en extradición al tiempo de conocer las actuaciones de los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público.
La Comisión Especial está presidida por el diputado Ramón Barrios y conformada por los congresistas Jari Dixon, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Nétzer Mejía, Carlos Raudales, Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda y David Manaiza Ramírez.
El Congreso Nacional nombró la comitiva a raíz del proceso de extradición que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández acusado en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, contrario en Honduras que no cuenta con investigaciones pendientes.
“Hemos iniciado con esta visita al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hemos llegado a la conclusión que no puede haber paz social en Honduras, si no hay justicia; una frase en que hemos coincidido ambas partes. Queremos conocer cuál ha sido, en el transcurso del tiempo, la historiografía de las extradiciones en Honduras y hasta dónde llega la responsabilidad de la Corte”, manifestó Barrios.
Por su parte, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, detalló que la reunión contó con la presencia del titular, Rolando Argueta y un representante de cada una de las salas que conforman la Corte Suprema siendo el objetivo entregarle un informa completo a la comisión en el cual se detalla los procesos que se han realizado.
Silvia Ayala Ramón Barrios Mauricio Villeda y la diputada Maribel Espinoza con el presidente del Poder Judicial y un representante de cada una de las salas que conforman la Corte Suprema el principal objetivo es presentarles un informe completo donde se detalla los procesos que se han realizado
En tanto la diputada Silvia Ayala, reveló que existen 32 solicitudes pendientes de extradición, sin embargo, no están actualizadas debido que muchos se han entregado en los Estados Unidos, otros han sido capturados en otros países y uno de los solicitados falleció.
Además, develó que en total, la Corte ha recibido 97 solicitudes de extradición de las cuales: 33 fueron aceptadas, 32, están pendientes, 6 diferidas por juicios en el país, 2 detenidos, 19 retiradas y 5 denegadas.
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ENCAMINADOS A UN JUICIO POLÍTICO CONTRA ARGUETA Y CHINCHILLA
La Comisión Especial del Congreso Nacional tiene un plazo de dos meses para presentar un informe ante el pleno del Poder Legislativo sobre las investigaciones realizadas y, de acuerdo a los resultados, someter a juicio político a los magistrados de la corte y al fiscal general Rolando Chinchilla.
La propia congresista Ayala reiteró que se está valorando la posibilidad de someter a juicio político a los titulares de los organismos operadores de justicia por su negligencia y desidia en el combate a la corrupción y narcotráfico.
“En el país sigue imperando la impunidad. Vemos el caso del exdiputado Tony Hernández, en Honduras jamás se presentó un requerimiento en su contra, sin embargo, fue condenado como un narcotraficante a gran escala, nunca se hizo nada. Ahora con la captura del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, confirmamos que la vinculación de jefes militares y policiales ha sido una realidad”, reprochó.
El diputado Fabricio Sandoval advirtió que así como Hernández ha sido sometido a juicios para ser extraditado, en las próximas semanas se podría realizar juicios contra los magistrados y el fiscal general.
La Ley Especial de Juicio Político otorga la facultad exclusiva al Congreso Nacional someter a juicio político al presidente de la república, designados presidenciales, diputados del Poder Legislativo y del Parlamento Centroamericano, además a magistrados de la Corte Suprema, al fiscal general, corporaciones municipales y todos los funcionarios públicos electos por el propio Congreso.
La referida ley indica que los causales para un juicio político deben ser por una denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución y los intereses nacionales o por negligencia, incapacidad o incompetencia para desempeñar el cargo.
El artículo 7 contempla que para someter a juicio político a un presidente deberá ser aprobado por tres cuartas partes de los diputados que conforman el Congreso Nacional, es decir, 96 votos de 128, mientras que en los demás casos se necesitan 85 votos.
