Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, exigió coherencia en la política extractivista a la administración de la presidenta Xiomara Castro, luego que el anuncio Honduras “libre de minería” solo quedó en un comunicado.
La demanda fue realizada en el marco de la presentación de la acción de nulidad en contra de las licencias ambientales otorgadas a la empresa Minerales de Occidente (Minosa), sin Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) a la comunidad indígena Maya Chortí de Azacualpa en La Unión, Copán.
El profesional del derecho compartió que “ese territorio es un espacio sin ley, es un espació a las anchas de la impunidad, de la voracidad de una empresa [Aura Minerals/Minosa]”. Además, señaló que tras la destrucción del antiguo cementerio Maya Chortí de San Andrés, están protegiendo las fuentes de agua de varias comunidades amenazadas por el extractivismo de Minosa.
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“Quisiéramos de verdad, y no lo hacemos con el ánimo de antagonizar con esta administración, quisiéramos recibir coherencia de parte de ellos, compromiso, valentía. Hasta hoy hemos recibido una administración ambiental pusilánime. Es decir, sin fuerza o aparentemente constreñida en su voluntad porque dieron un asomo de fuerza y luego se echaron para atrás”, afirmó.
Fernández señaló que desde su convicción continúa creyendo que los funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente deben estar a la altura, caso contrario ni siquiera presentarían estas acciones.
En cuanto a Minosa, filial en Honduras de la transnacional Aura Minerals, el profesional del derecho compartió que pareciera que, sin importar circunstancia o gobierno, esta minera parece imparable en su impunidad.
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Además, expresó que con esta actitud de instituciones del Estado como MiAmbiente dan a entender a la empresa que quienes estorban a sus operaciones son las comunidades, las personas que acompañan las luchas de los pueblos e incluso las organizaciones que se suman al proceso.
El abogado también denunció que cada vez que pretenden hacer su trabajo en el territorio en el marco de su ejercicio como abogados o luchadores sociales, se ven impedidos a trabajar porque Aura Minerals/Minosa activa un dispositivo violento de empleados. Aseguró: “No tenemos problemas con los trabajadores, el problema es que detrás de eso está la violencia y la impunidad que ha instalado esa empresa y no la puede detener más que la institucionalidad del Estado. ¡Ojala, lo haga!”
