Tegucigalpa.- La demanda ciudadana por una Comisión Internacional Contra la Impunidad que pueda enjuiciar a corruptos sin la venia del Ministerio Público, se aleja de la propuesta del gobierno que se ampara en “respetar la institucionalidad”, aunque no se descarta que el mecanismo pueda actuar como acusador privado.
La contrapropuesta del gobierno de Honduras a Naciones Unidas al memorándum preliminar de entendimiento ha generado rechazo en la ciudadanía y sectores de sociedad civil al modificarse el punto en el cual se pretende que el mecanismo internacional anticorrupción tenga la atribución de presentar requerimientos fiscales contra los imputados sin requerir la autorización del Ministerio Público.
El artículo 232 de la Constitución de Honduras, determina que la única institución con la atribución de la acción penal pública es el Ministerio Público, es decir, que está facultado para presentar requerimientos fiscales.
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Según el canciller de la república, Eduardo Enrique Reina, el gobierno pretende “mantener el respeto a la institucionalidad” debido que otorgar facultades a la CICIH similares o parejas a las que ostenta la Fiscalía requeriría una reforma constitucional que podría tardar más de dos años.
“La idea nada más es mantener un equilibrio, es complejo la creación de una comisión porque también es pedirle a un órgano internacional que, de alguna forma, interfiera en asuntos de justicia del país, guardar ese equilibrio es lo complejo. ¿Cómo usted preserva, de alguna forma, el respeto a la institucionalidad, a las leyes?”, arguyó.
Reina sostiene que el gobierno apuesta porque el mecanismo coadyuve en el combate a la corrupción, “la idea es que se conforme una comisión que ayude a investigar la corrupción, que ayude en este proceso de los casos que tengan que investigarse y ver cómo se coordina con las instancias nacionales”.
De igual manera, el ministro de transparencia y lucha contra la corrupción, Edmundo Orellana, manifiesta que se busca lograr que la CICIH fortalezca la institucionalidad siendo la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) quien acompañe las acusaciones.
“Queremos que se fortalezca la institucionalidad porque de nada nos sirve que venga una CICIH a sobreponerse a nuestra institucionalidad y que después de tres a cuatro periodos se vaya y quedemos igual. Queremos que la CICIH se constituya en un ente para fortalecer la institucionalidad. No se sabe si trabajará con la Uferco, la cual es una unidad de mucho prestigio”, dijo.
Añadió que no se descarta que la CICIH se pueda constituir como un querellante adhesivo que es una figura para acompañar al Ministerio Público en las acusaciones que se realicen y esto solo requiere una reforma al Código Procesal Penal que se puede aprobar con 65 votos de diputados, contrario a una reforma constitucional que se necesitan 86 de 128 diputados y ser ratificada en otra legislatura.
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DEMANDA DE UNA CICIH CON “DIENTES” NO UNA MACCIH 2.0
Diversos sectores de sociedad civil rechazan la propuesta del gobierno que se asemeja a las atribuciones que tenía la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos.
La MACCIH investigaba los casos de corrupción, pero era la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) adscrita al Ministerio Público quien presentaba los requerimientos fiscales y llevaban los casos.
Se presentaron 13 casos de corrupción en los que se sindicaron a más de 130 exfuncionarios, diputados, exdiputados, incluso una exprimera dama, sin embargo, la mayoría de casos quedaron en la impunidad y el circuito anticorrupción fue desmontado.
“Quien justifique liminar las atribuciones, facultades y prerrogativas de la CICIH, so pretexto de violar la soberanía o disposiciones constitucionales, o está del de los corruptos o es delincuente. Las condiciones actuales lo ameritan”, pronunció el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell.
Asimismo, Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), considera que el gobierno debe promover una CICIH con atribuciones especiales debido al contexto complejo de corrupción que atraviesa la nación.
“Honduras debe apostar a una CICIH con mayor poder que la CICI de Guatemala, bajo un contexto tan complejo, estructural y sistemático que es la corrupción. Será hasta la firma del acuerdo y la aprobación del Poder Legislativo que veremos si a la CICIH le han colocado dientes o colmillos o, en su defecto, sí la han dejado “desmuelada” (sin dientes)”, expresó.
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La vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, también señala que se debe otorgar a la CICIH la atribución de librar requerimientos fiscales para darle “dientes” o al menos que se pueda constituir como un querellante adhesivo.
“Es importante que un mecanismo internacional de lucha contra la corrupción tenga los dientes suficientes y los dientes de un mecanismo de esta naturaleza se llama independencia para investigar, para judicializar los casos. Debemos generarle la potestad que pueda constituirse como querellante adhesivo o que pueda llevar el proceso con independencia coadyuvando esfuerzos con la institucionalidad”, valoró.
Mismo criterio tiene Jimena García de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) quien demanda que la CICIH sea más que la fenecida MACCIH aceptando la figura de un querellante adhesivo.
“Una CICIH conlleva independencia. Exigimos más que la MACCIH y que pueda ser querellante adhesivo, así se fortalece el Ministerio Público también. También exigimos una CICIH por un plazo que realmente permita disminuir los casos de impunidad”, opinó.
La congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle, asevera que, si se otorgó a la Uferco las mismas atribuciones que al Ministerio Público, de la misma manera se podría asignar esa atribución a la CICIH.
“Si la Uferco puede, no veo el problema con facultar a la CICIH. El Ministerio Público ya no tiene el monopolio para acusar (aunque se haya hecho mal como se hacen aquí las cosas) es un hecho. Voluntad política. Ahí veremos si hay y si es sincera la lucha contra la corrupción e impunidad”, sostuvo.
En referencia a la postura de la diputada, el Congreso Nacional aprobó una ley que permite a la Uferco poder presentar requerimientos fiscales sin la autorización del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla o cualquier otra autoridad de la Fiscalía, normativa que se aprobó sin necesidad de reformar la Constitución.
Para el exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, la expectativa de la ciudadanía es que la CICIH tenga “completamente facultades para ejercer la acción penal y actuar de manera independiente y no estrictamente a expensas de lo que podría hacer el Ministerio Público”.
Pese que la MACCIH realizó un trabajo considerable, la demanda sigue siendo una CICIH “con dientes”, sin embargo, el director de la Uferco acepta que la unidad se adhiera al mecanismo para presentar los requerimientos contra corruptos y criminales.
