Tegucigalpa. – El retraso al acceso a la justicia en la causa Berta Cáceres tendrá consecuencias para el Estado de Honduras de continuar estancado el proceso, así lo expusieron durante un foro en el que participaron representantes de organizaciones nacionales e internacionales.
Organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el foro “Berta Cáceres y la Justicia para los Pueblos Indígenas” abordó temáticas vinculadas a la cooptación por parte de sectores empresariales en el sistema de impartición de justicia del país.
En el evento participaron Ana Elisa Samayoa, integrante de la Fundación para el Debido Proceso; Apolonia Agustín, representante del Consejo de Pueblos Mayas; Wyatt Gjullin, abogado de EarthRights International; Bertha Zúniga, coordinadora general del Copinh; y Pedro Landa, representante de la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres.
Berta Zúniga del Copinh señaló que están en un momento crítico y de alerta, no solamente por el tiempo transcurrido sino también por la continua impunidad que se ve reflejada a través de acciones indebidas en medios de comunicación corporativos y presiones dirigidas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Las sentencias de los siete autores materiales y Roberto David Castillo, expresidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fueron leídas hace cuatro y dos años, respectivamente, sin que hasta la fecha se ratifiquen las condenas debido a que la Sala de lo Penal mantiene sin resolver los recursos de casación presentados por los equipos de la defensa.
CASO BERTA CÁCERES EN RIESGO DE IMPUNIDAD
Ana Elisa Samayoa, abogada de la Fundación para el Debido Proceso, expuso que una demora prolongada puede ser por sí misma una violación a las garantías individuales por lo que resulta urgente que la Sala de lo Penal resuelva las casaciones.
La profesional del derecho afirmó que entre las garantías que los órganos judiciales deben asegurar esta la resolución eficaz y rápida de cualquier recurso interpuesto para evitar que estos se conviertan en una práctica dilatoria en los procesos de acceso a la justicia.
Agregó que “los jueces son rectores de los procesos penales” y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “ha resaltado que los jueces no deben menoscabar la justicia a través de acciones dilatorias”.
Impunidad parcial, amedrentamiento de personas defensoras, ausencia del derecho a la no repetición y el derecho a la verdad, y que el caso termine en instancias internacionales, son algunas de las consecuencias que Honduras enfrentaría si las autoridades judiciales hondureñas continúan retrasando el acceso a la justicia.
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Wyatt Gjullin, abogado de EarthRights International, abordó la importancia de juzgar y esclarecer casos que involucran al capital económico, para enviar un mensaje claro a las empresas de que la violación a derechos humanos tiene consecuencias.
Las reparaciones para víctimas del abuso corporativo y estatal pueden ser económicas y el cumplimiento de un derecho fundamental como la consulta previa, libre e informada sobre sus territorios ancestrales, entre otros
“El caso Berta Cáceres es una parte de este esfuerzo más amplio a nivel regional para que la impunidad no siga en contra de las víctimas defensoras de derechos humanos” en Latinoamérica, manifestó Gjullin.
PODER ECONÓMICO Y CORRUPCIÓN PARALIZAN LA JUSTICIA EN HONDURAS
Para Pedro Landa, representante de la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres, los retrasos injustificados, reiterados, y en muchas ocasiones bajo argumentos fútiles, lo único que reflejan son los poderes que realmente controlan el sistema de justicia hondureño.
Refirió que con el reciente escándalo tras la captura del ahora exjuez Marco Antonio Vallecillo por solicitar dinero a cambio del cierre de expedientes y sobreseimientos definitivos contra personas investigadas por corrupción, develó como la justicia es vendida.
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“El poder económico está vinculado al sistema de justicia” en Honduras, donde casi el 95% de los procesos que involucran delitos contra defensores del ambiente permanecen en la impunidad, citó Landa. A la vez que, apuntó que los “poderes económicos interesados en destruir el ambiente […] están involucrados con el sistema de justicia”.
Coincidió con Samayoa que la continua denegación de justicia, sin una razón válida, podría llevar el caso a instancias internacionales por incumplimiento del debido proceso.
Landa concluyó que la fragilidad del Estado y su cooptación por sectores empresariales, así como la corrupción en el sistema de impartición de justicia y cambios en los paradigmas a nivel internacional han impedido que se llegue a una resolución definitiva en el caso de Berta Cáceres.
