Foto portada: Avispa Midia
Tegucigalpa.- Ubicado en el occidente de Honduras se encuentra la población indígena maya chortí de Azacualpa en el municipio de La Unión, Copán, quienes se enfrentan a la expansión de la empresa Minerales de Occidente S.A (Minosa) dentro de su territorio ancestral.
No satisfechos con la destrucción del histórico cementerio de San Andrés, Minosa, filial de la transnacional Aura Minerals, continúa afectando la vida de la población realizando detonaciones con dinamita cada veinticuatro horas, lo que irrumpe no solamente en sus actividades diarias sino también provoca daños en las estructuras de sus viviendas, suelo y fuentes hídricas.
Así lo denunciaron dos residentes de la comunidad de Azacualpa durante la Movilización por la Justicia, en la que participaron representantes de dieciséis organizaciones campesinas e indígenas del norte y occidente de Honduras, el lunes 23 de enero.
Noticia relacionada: Defensores del territorio exigen justicia ante crímenes y demandan nueva Corte independiente
Jessica Rodríguez dijo a Criterio.hn que su comunidad se ve seriamente afectada por las explosiones diarias en el cementerio de San Andrés, especialmente porque residen arriba del cerro donde estaba ubicado el antiguo camposanto.
“Nuestras viviendas se agrietan, hay derrumbes —cuando llueve algunas partes se han derrumbado— como consecuencia de la destrucción que realiza la empresa”, compartió Rodríguez.
Sumado a esto, señaló que el polvo que se levanta a causa de las explosiones, y que provoca contaminación en la zona, lo inhalan ellas provocando enfermedades. Rodríguez apuntó que se han presentado varios casos de bebés que han nacido con serias deficiencias auditivas, algo que atribuyen a la contaminación ocasionada por minerales y químicos que se desprenden tras las explosiones.
De interés: Aura Minerals y Tribunal de Copán irrespetan CSJ y a pobladores de Azacualpa
Otro poblador de Azacualpa, quien prefirió identificarse únicamente como Javier, refirió que en efecto las explosiones por dinamita están ocurriendo cada 24 horas. “Nosotros queremos que eso pare porque nuestras casas, nuestros suelos se están agrietando, las aguas se están consumiendo y las poblaciones se están quedando sin agua”, declaró.
EL ILEGAL SAQUEO DE UN CAMPOSANTO, A VISTA Y PACIENCIA DE LAS AUTORIDADES
Dos sentencias judiciales emitidas por la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán no fueron suficientes para confinar las ambiciones de Minosa con relación a la explotación de oro en el antiguo cementerio maya chortí de San Andrés y el cese de las exhumaciones en dicho camposanto.
Es así como el juez de Letras de Santa Rosa de Copán, Rafael Rivera Tábora, y autoridades municipales, como el reelecto alcalde por el Partido Nacional, Víctor Hugo Alvarado, procedieron a ignorar las sentencias emitidas el 27 de noviembre de 2019 por la Sala de lo Constitucional, con expediente SCO-0122-2019; y del 4 de febrero de 2022 por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, bajo el expediente 01-2022.
Conozca más: Juez desconoce resolución de CSJ sobre cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán
escombros que quedaban del cementerio de San Andrés
En febrero de 2022, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, visitó los escombros que quedaban del cementerio de San Andrés y se comprometió a llevar los testimonios de los pobladores y generar oficios a los titulares de las Secretarías de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Salud y el Poder Judicial.
La presidenta Xiomara Castro afirmó en su discurso de toma de posesión que se eliminarían las concesiones mineras a cielo abierto, una promesa que quedó en un comunicado publicado por la Serna, pero que no se trasladó a los territorios como Azacualpa en el occidente, o Guapinol en Tocoa, Colón, norte de Honduras.
“No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”, dijo Castro durante su discurso inaugural.
En marzo de 2022, el abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, manifestó a Criterio.hn que ante la ambivalencia del entonces recién inaugurado gobierno de Xiomara Castro, se elevaba la exposición y riesgo para los defensores del territorio y ambiente en Honduras.
El sábado 7 de enero de 2023 fueron asesinados Aly Domínguez y Jairo Bonilla, dos defensores del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras, quienes se oponían a proyectos mineros en un área protegida, que son impulsados por Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas subsidiarias del Grupo Emco Holding, presidido por Lenir Pérez.
