Centroamérica es una región que históricamente ha sido azotada por ciclos de violencia causados por múltiples procesos contextuales y singulares, propios de la región.
Por: Segismundo Joest
Desde inicios de la formación del Estado Nación, las guerras civiles de principio del siglo XX, las dictaduras militares de las décadas de los cuarentas, cincuentas, y sesentas, las guerras civiles en Guatemala, el Salvador, Nicaragua, las guerras de baja intensidad heredadas de la guerra fría, el surgimiento de las maras y pandillas, y con mayor fuerza, actualmente, la violencia a causa del narco tráfico y el crimen organizado.
El narcotráfico afecta a la región de Centroamérica de manera peculiar, y a Honduras en particular, el cual comparte frontera marítima con Colombia por lo que su posición se convierte en estratégica en la ruta de las drogas, de Colombia a Honduras y de Honduras a Guatemala o México y finalmente hacia Estados Unidos (JIFE, 2015).
En los últimos años, la violencia en Honduras ha alcanzado niveles que afectan de una manera impactante al tejido social y la legitimidad del Estado hondureño, perdiendo la potestad de servir como un ente garantizador de los derechos humanos de la población.
Según el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en Paz, Democracia y Seguridad IUDPAS, en el 2015 se reportaron 5, 148 homicidios, 14 homicidios por día, de los cuales el 75% de los casos se utilizaron armas de fuego.
La mayoría de los móviles responden principalmente a ajustes de cuentas y sicariato, riñas interpersonales, drogas, extorción, maras, entre otros.
Sin embargo, existe un 46.8% de los casos en los cuales el móvil nunca se establece, quedando en la plena impunidad. (IUDPAS, 2015). Los problemas de deslegitimación de las instituciones del Estado por causa de la presencia de intereses de grupos criminales ligados al narcotráfico fomentan la corrupción, la impunidad, la represión, el autoritarismo, el terror y la violencia en el imaginario colectivo de la sociedad hondureña.
La impunidad imperante en el país es reconocida como un eslabón pág. 2 clave en la cadena que mantiene secuestrado al Estado, y es reconocida como un problema profundo en la región Latinoamericana en la conformación de Estados de derecho, procesos de democratización y el funcionamiento imparcial de la justicia. (PNUD, 2013).
Según algunos autores, Honduras es un Estado que no es capaz de poner orden y seguridad en el territorio, a través de la autoridad legítima y legal de sus mecanismos de justicia (Quispe, 2012), debido, en gran medida, a que las instituciones y mecanismos de justicia están fuertemente permeados por la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico e intereses interclasistas de las elites y los grupos hegemónicos del país.
Los intereses egoístas de las elites y los grupos de poder económico-político ligados al crimen organizado y a intereses transnacionales de agentes externos desvirtúan el poder del Estado como ente garantizador de los derechos de las y los ciudadanos.
Esto queda evidenciado en un sin número de eventos en donde empresarios, políticos, funcionarios públicos, policía y los militares han estados involucrados directamente con hechos criminales, lo cual impacta de manera directa en las relaciones sociales y las vidas de los sujetos. El asesinato del titular de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico el General Julián Arístides Gonzales, el martes 8 de diciembre del 2009, es un caso emblemático de la corrupción e ilegalidad que vive Honduras.
Dicho hecho evidencio la gran influencia del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras y agentes judiciales y jurídicos del Estado de Honduras y la contundencia con la que se eliminan a los sujetos que luchan contra el narcotráfico, el crimen organizado, o las y los defensores de derechos humanos o el medio ambiente (El caso de Berta Cáceres y otros miembros del COPINH es un ejemplo, además el caso emblemático del ex asesor de la Secretaria de Seguridad, Alfredo Landaverde, entre otros).
