Esta nueva audiencia refleja la persistente lucha por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y la urgencia de reformas estructurales en el país
Tegucigalpa, Honduras. – El Estado de Honduras nuevamente será llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de tortura y muerte violenta de Leonela Zelaya, una mujer trans asesinada en septiembre de 2004. El lamentable hecho, ocurrido en Comayagüela, zona central de Honduras, ha generado un renovado clamor por justicia y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en el país.
La Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights, presentaron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 28 de diciembre de 2012, invocando los derechos: a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y de expresión, igualdad ante la ley y protección judicial, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, informó a Criterio.hn, que el Estado de Honduras ya fue notificado que será llevado a audiencia por la Corte IDH. “Nada se olvida, pueden pasar los gobiernos, los fiscales generales, las Cortes Supremas de Justicias, pero las personas LGBTIQA+ y las defensoras y defensores de derechos humanos estamos ahí para que no se olviden”.
LOS HECHOS
Leonela fue asesinada en 2004 cuando el fundamentalismo religioso a criterio de Mendoza “fue tan grande y poderoso” en Honduras contra los derechos de las personas LGBTIQA+. “Fue el año donde ejercieron un poder desde la parte moral y nos utilizaron”, refirió Indyra Mendoza.
El Informe No. 84/18. Petición 2362-12, sobre la admisibilidad del caso de Leonela Zelaya publicado el 16 de julio de 2018 por la CIDH, relata que el 15 de agosto de 2004, Leonela Zelaya, una mujer trans de 34 años de edad, y trabajadora sexual, fue violentamente agredida por funcionarios de la Policía Nacional Preventiva asignados a la estación de policial No. 4 de Comayagüela, quienes la golpearon con “porras y culatas de pistolas”.
En ese sentido, la parte peticionaria refirió que Leonela fue conducida a la estación de policía, sin recibir atención médica por los golpes y permaneció detenida e incomunicada, siendo liberada tarde ese mismo día.
A raíz de la agresión, presentó hematomas e hinchazón en las piernas, rostro y dorso. Semanas más tarde, el 6 de septiembre de 2004, Leonela Zelaya fue mortalmente apuñalada en el pecho. Su cuerpo fue encontrado en una avenida principal de la ciudad de Comayagüela y el levantamiento del cadáver se produjo tardíamente en horas de la madrugada del día siguiente.
Leonela vivía con Thalía Rodríguez, lideresa y defensora de derechos humanos de las personas LGBTIQA+, asesinada el 10 de enero 2022 y a quien la CIDH reconoció como familiar de Leonela.
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SOLICITUD DE LA CIDH
De acuerdo con el análisis de la Comisión Interamericana de Derechos -Humanos el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la muerte de Leonela Zelaya.
En ese sentido, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, honra y dignidad, libertad de expresión, igualdad y no discriminación, así como a vivir libre de violencia.
El Informe de Fondo fue notificado al Estado de Honduras el 11 de abril de 2022. La CIDH informó del otorgamiento de siete prórrogas para que el Estado cumpliera con las recomendaciones de dicho informe.
Sin embargo, la Comisión observó que, tras el paso de dos años desde de la notificación, Honduras no ha cumplido con las recomendaciones dictadas por la Comisión.
Razón por la cual, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas.
Entre las principales peticiones de la CIDH están: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos mediante la adopción por parte del Estado de medidas de compensación económica y satisfacción.
Otra de las medidas, es continuar o reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos.
Y la implementación de mecanismos de no repetición como la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género auto percibida de las personas trans, no binarias y de género diverso, entre otras.
En ese sentido, a criterio de Indyra Mendoza, el Estado de Honduras requiere de “capacidad política”, para hacer los cambios estructurales necesarios y evitar las violaciones a derechos humanos y ser llevados a una Corte internacional, ya que se observa la falta de acción y medidas concretas para proteger a las personas trans y garantizar justicia para las víctimas de violencia.
El reciente informe de la CIDH, hace énfasis en la violencia diferenciada que enfrentan las disidencias sexuales. Señala que existe un alto índice de casos de violencia contra personas LGBTIQA+ en Honduras, muchos de los cuales, según informaciones de la sociedad civil, permanecen en la impunidad.
A razón de ello, los delitos contra la vida e integridad de las personas LGBTIQA+alcanza el 93% de impunidad. De las 194 personas LGBTIQA+ asesinadas entre 2017 y 2022, solamente 13 casos obtuvieron sentencia condenatoria.
