Marco legal, prolongación y poca efectividad. Estos son algunos de los factores que han provocado que sectores de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos empresariales cuestionen que, por decimotercera vez, por un periodo de 45 días, se extendiera el estado de excepción
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de cuestionamientos y discrepancias sobre su efectividad, el Poder Ejecutivo extendió por decimotercera ocasión el estado de excepción parcial mediante el PCM-13-2024. Esta nueva prórroga, publicada en el diario oficial La Gaceta este miércoles 22 de mayo, estará vigente hasta el 4 de julio del presente año, abarcando 226 de los 298 municipios hondureños.
El subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, afirmó en medios de comunicación que la nueva ampliación del estado de excepción es producto de los «resultados positivos» obtenidos durante los más de 15 meses que ha estado vigente. “Se aprobó una nueva prórroga porque esta medida ha permitido la detención de personas vinculadas a estructuras criminales, la judicialización de estos casos, y el decomiso de drogas y armas de fuego”, justificó el uniformado.
Además de eso, destacó que la rendición de cuentas durante este estado de excepción ha sido uno de los factores más importantes porque “con hechos se está demostrando la efectividad”, aunque diversos sectores de la sociedad tengan posturas contrarias debido a la falta de transparencia en temas como las compras millonarias de los vehículos Black Mamba Sandcat.
De hecho, además de declarar en “secretividad” la compra de estos vehículos completamente blindados por considerarlo un asunto de seguridad, la institución armada no había subido los contratos de adquisición al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Por ello, el pleno de comisionados increpó directamente al ministro Gustavo Sánchez, cuestionando por qué no se había expuesto dicha información.
Sánchez, en consecuencia, justificó, según lo expuesto por El Heraldo, que la información no había sido subida al portal del IAIP porque este había estado sin servicios por más de dos meses. Sin embargo, aseguró que en los próximos días se encargarían de hacer públicos todos los documentos de adquisición.
El tema de las Black Mamba entra en tela de juicio porque estas compras se realizaron utilizando el estado de excepción como justificación, argumentando que serían utilizadas para prevenir muertes de uniformados.
Sin embargo, estas unidades, cuyo precio individual rondaría los 10 millones de lempiras, han sido vistas siendo utilizadas para tareas menores, como quitar portones. De hecho, hace unos días, una de estas unidades se quemó completamente en uno de los ejes carreteros de Francisco Morazán, lo que levantó cuestionamientos entre calidad y costo.
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¿EN QUÉ SE SIÑE EL DEBATE POR LA AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN?
Marco legal, prolongación y poca efectividad. Estos son algunos de los factores que han provocado que sectores de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos empresariales cuestionen que, por decimotercera vez, por un periodo de 45 días, se extendiera el estado de excepción, vigente desde el seis de diciembre de 2022 y que se mantendrá hasta el cuatro de julio de este año.
Para el caso, la Organización para una Sociedad más Justa (ASJ) ha expuesto en múltiples ocasiones durante los últimos meses informes detallando cómo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha cumplido cabalmente con el andamiaje legal que rodea la implementación y ampliación de un estado de excepción parcial, lo que podría desencadenar condiciones desfavorables para el Estado en el futuro.
Por ejemplo, el martes 21 de mayo, presentaron un informe en el que expusieron que el delito de extorsión, entre otros, ha incrementado en los últimos dos años. Lo paradójico del caso es que precisamente para combatir y supuestamente hacer una lucha frontal contra esa forma de delinquir del crimen organizado fue que se instauró esta medida a finales de 2022.
Según lo expuesto por esta organización de sociedad civil, que a mediados de 2023 se asoció con la cúpula del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) —de la que algunos miembros recibieron sobornos durante el gobierno del narcoexpresidente Juan Orlando Hernández— en 2023 la extorsión incrementó en un 11%, en comparación con los datos de 2022.
Parte del informe presentado por ASJ
Además, la comisión de este delito en 2023, aumentó en los departamentos de Cortés, Colón, La Paz, Yoro y Francisco Morazán, lo que demuestra poca efectividad en las medidas policiales, ya que algunos de estos lugares estuvieron completamente intervenidos permanentemente por la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 15 de mayo un informe en el que alertó que, si continúan extendiendo el estado de excepción, se convertirá en una política de estado permanente.
“Miramos con preocupación la prolongación del estado de excepción en Honduras, porque va a ser un año y medio que se viene prolongando y ampliando prácticamente en casi todo el país. Esto ha impactado en una reducción notable de los homicidios. Entendemos que esta medida de alguna manera ha funcionado, pero alertamos que no debe extenderse indiscriminadamente”, dice parte del escrito.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos respaldados por datos oficiales de la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, en lugar de valorar las aportaciones, aseguró que el objetivo de estas organizaciones es hacerle oposición al gobierno de Xiomara Castro.
«Ellos (ASJ), acostumbrados a cogobernar en la narcodictadura, ahora se sienten incómodos porque no tienen influencia. Por eso, publican estos informes tendenciosos, espurios y poco serios. Pero la realidad es distinta; con el estado de excepción, hemos avanzado mucho», opinó Sánchez en los medios de comunicación.
Ante esta reacción, el coordinador de proyectos del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, opinó que “las instituciones públicas del Estado de Honduras deben recibir de manera reflexiva las críticas y cuestionamientos, vengan de donde vengan. Los temas de seguridad ciudadana no deben ser exclusivos de los uniformados; deben involucrar a todos los sectores de la sociedad”.
