Tegucigalpa.- Para el ex fiscal general del Estado Edmundo Orellana, el artículo 45 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) es el “nudo gordiano” para la derogación del Decreto 120-2013 aprobado por el Congreso Nacional.
En una publicación en su cuenta de Twitter, el abogado Orellana dijo que el artículo 45 es la mayor dificultad que presenta la ley de las ZEDE aprobada en 2013 por “los traidores a la patria”.
Esta es el "nudo gordiano" que nos legaron los Traidores a la Patria en la Ley de las ZEDE. pic.twitter.com/giU8lO8baE
— Edmundo Orellana (@mundoorellana) June 18, 2021
El artículo en mención establece que la Ley Orgánica de las ZEDE, de conformidad con el artículo 329 de la Constitución, que fue reformado para poder crear estos territorios especiales, “solo podrá ser modificada, reformada, interpretada o derogada por dos tercios (2/3) favorables de los miembros del Congreso Nacional”, es decir con al menos 84 diputados.
También indica que “Será necesaria además la celebración de un referéndum o plebiscito a las personas que habiten la zona sujetas régimen especial cuando su población supere los cien mil habitantes. De ocurrir la derogación de esta Ley Orgánica, la misma se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica firmado con personas naturales o jurídicas que residan o inviertan en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El periodo de transición no podrá ser menor de diez (10) años, durante ese tiempo se mantendrán en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas en la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
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Esta semana, el Poder Judicial dio un nuevo revés a los distintos sectores que rechazan las ZEDE en Honduras, cuya ley, según el mismo Colegio de Abogados de Honduras (CAH) es inconstitucional.
El pleno de magistrados aprobó por mayoría de votos el establecimiento de la jurisdicción especial de las ZEDE, lo cual consuma el proyecto del gobernante Juan Hernández de fragmentar el país, dijo la abogada Maribel Espinoza.
También la profesional del derecho y exjueza de Sentencia Gracia Bertrand se refirió a esta determinación de la Corte, y aludió en una publicación en Twitter que los magistrados que aprobaron esas jurisdicciones especiales cometieron traición a la patria, consignado entre los delitos contra la seguridad del Estado y su integridad territorial en el Código Penal.
Hoy me desperté con ganas de ver a todos los Magistrados de la Suprema Corte de Injusticia en una cárcel de máxima seguridad. #MiPaisNoEstaEnVenta #NOaLasZEDES 🇭🇳 pic.twitter.com/1Imo4Eaukd
— Grace Marié (@grace_ma77) June 18, 2021
La pena por este delito es de 15 a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión.
Los magistrados habrían incurrido también en prevaricato judicial, uno de los delitos de obstrucción al ejercicio de la justicia establecidos en el Código Penal.
La pena de prisión es de 3 a 6 años e inhabilitación especial para el cargo u oficio público de 15 a 20 años.
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