Tegucigalpa.- La aprobación de reformas a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) es un delito de traición a la patria, dijo este lunes la abogada constitucionalista Maribel Espinoza.
“Debió de haberse sometido a la aprobación de la mayoría calificada por el contenido del artículo número 4” en el que “se están refiriendo específicamente a la Ley Orgánica de las ZEDE y para ello es indispensable una votación calificada conforme a la propia ley”.
Mientras que los artículos 1, 2 y 3 se refieren a otras leyes, explicó.
La también dirigente del Partido Liberal dijo que “la actividad legislativa se ha depravado en Honduras, dado que mediante interpretación de la ley se modifica la ley, lo cual es incorrecto”, ya que la actividad de interpretar la ley no significa modificarla.
Ese es el caso de la interpretación del párrafo último del artículo 6 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas “y lo dispuesto en el artículo 2 y 3 mediante el cual se interpreta el artículo 1 de la Ley de Ingresos de Divisas Provenientes de las Exportaciones”.
En consecuencia, dijo que “definitivamente este es un delito de traición a la patria cometido desde la aprobación de la reforma constitucional que permite darle vida a las ZEDES en Honduras y por consiguiente los que aprobaron la ley orgánica”.
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Se trata de una “continuación de ilegalidades que confrontan la esencia misma de la Constitución, pero también significa algo, un claro desafío de diputados en el Congreso al pueblo hondureño” que se ha manifestado de diversas formas contra las ZEDE.
“Entonces es una clase política descarada a quien no le importa lo que piensen los ciudadanos de Honduras”, dijo la abogada Espinoza.
Múltiples vicios
Por su parte, el analista político Rafael Jerez consideró que los vicios que ocurrieron en el proceso de aprobación de la normativa de las ZEDE son múltiples.
Las ZEDE se desprenden de la reforma al artículo 329 de la Constitución, que “lo que prácticamente dice es que la ley orgánica que se crea para regular esta figura tiene que contener expresamente su regulación y esa ley orgánica establece la jerarquía normativa que se aplica para las ZEDE”.
No obstante, “hoy prácticamente se aprueba una norma alternativa que se denomina normas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las entidades competentes del Estado y las ZEDE”, lo cual no está dentro de la jerarquía normativa que la ley orgánica establece.
Entonces, la inconstitucionalidad se da básicamente porque el funcionamiento de las ZEDE está en su ley orgánica y en el artículo 329 de la Constitución, la que establece que requiere una mayoría calificada para poder reformar esa ley.
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“Pero hoy, bajo la idea de que esta es una normativa aparte que contiene interpretaciones a otras leyes secundarias, pero que también contiene artículos que básicamente establecen el funcionamiento de las ZEDE, se buscó justamente una aprobación por mayoría simple”, amplió el analista.
No obstante, mencionó el hecho de que el diputado por Pinu-SD, Luis Redondo, también denunció que ni siquiera se llegó a esa mayoría de votos para poder aprobar del decreto.
“Al no cumplirse primero el umbral de votos que establece la Ley Orgánica de la ZEDE y también al no incluirse dentro de esa jerarquía normativa, el decreto que se aprobó hoy tendría que ser considerado inconstitucional”, consideró.
En todo caso, si se llega a comprobar, “de esa forma la mayoría simple no se habría cumplido”, según la denuncia de Redondo “y según el procedimiento establecido para reformar la Ley Orgánica y complementar la normativa creada específicamente para las ZEDES”, puntualizó.
Lea aquí el dictamen de la reforma Dictamen ZEDE 4
