El Tribunal sancionó con una multa de dos salarios mínimos vigentes a los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Yolanda Antúnez, ambos defensores de David Castillo, por mentir con relación a una solicitud de reprogramación
Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa.- El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción aplazó para el próximo miércoles, 27 de julio a las 2:00 de la tarde, el inicio de audiencias del juicio oral y público en el caso Fraude sobre el Gualcarque.
Esto luego que el abogado Héctor Durán, defensor de los técnicos Luis Eduardo Espinoza Mejía y José Mario Carbajal Flores, no se presentó a causa de incapacidad médica, informó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Además de Espinoza Mejía y Carbajal Flores, están imputados: Roberto David Castillo Mejía, sentenciado a 22 años y seis meses por el asesinato de la ambientalista Lenca Berta Cáceres; Carolina Lizeth Castillo Argueta; Roberto Aníbal Martínez Lozano; y Raúl Pineda Pineda.
Las acusaciones contra los seis incluyen la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado, informó el Ministerio Público.
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En la recién publicada Lista Engel, Castillo fue señalado por actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales en los que usó su posición en la ENEE para beneficiar una empresa en la que tenía un interés financiero. El caso refiere “a la corrupción realizada para la aprobación de contratos del proyecto Agua Zarca de la familia Atala”, indicó el Copinh.
ABOGADOS DE DAVID CASTILLO SANCIONADOS POR MENTIR
El Tribunal sancionó con una multa de dos salarios mínimos vigentes a los abogados Juan Sánchez Cantillano y Ritza Yolanda Antúnez, ambos defensores de David Castillo por no acatar la norma del código de conducta, al mentir en relación con una solicitud de reprogramación solicitada anteriormente, informó el Copinh.
El abogado de la Causa Berta Cáceres, Pedro Mejía, indicó a Criterio.hn que previo a la celebración de la audiencia de medios de prueba del caso Fraude sobre el Gualcarque, Sánchez y Antúnez pidieron la reprogramación del mismo, aduciendo que estaban participando en la defensa de diferentes personas en el juicio contra INCOBE por lavado de activos en el Tribunal de Sentencias en Materia Penal.
Por lo que al representar a diferentes personas y no ser equipo de abogados, les era imposible dividirse las audiencias en ambos Tribunales. La solicitud fue concedida, retrasando la audiencia de proposición de pruebas del caso Fraude sobre el Gualcarque.
No obstante, la jueza presidenta del Tribunal Anticorrupción solicitó un informe sobre la situación de ambos defensores al Tribunal de Sentencia en Materia Penal, el cual respondió que estos abogados eran un mismo equipo en el proceso y que no representaban a distintas personas.
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Lo que significó, explicó el abogado Mejía, que habían mentido al Tribunal Anticorrupción y que sí podían estar en distintos procesos al mismo tiempo. Esto habría evitado posponer la audiencia de proposición de pruebas en el caso Fraude sobre el Gualcarque.
El Copinh también denunció que la defensa de Castillo atacó a organizaciones defensoras de derechos humanos, que observan el proceso judicial. Alegando que estas son ajenas al proceso, “mal traducen la información” y solicitaron que sean expulsadas de las audiencias.
Al respecto, el Copinh señaló que los abogados de Castillo están “ignorando la labor de garantes de derechos humanos de instituciones como la OACNUDH [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras]”.
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¿QUÉ IMPLICA EL CASO FRAUDE SOBRE EL GUALCARQUE?
El caso Fraude sobre el Gualcarque involucra la red de corrupción que operó en el otorgamiento ilegal de la concesión del río Gualcarque para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
En su versión original, el caso señaló a 16 funcionarios públicos por delitos cometidos para la imposición del proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque y en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo principal accionista es Inversiones Jacarandas S.A., propiedad de la familia Atala Zablah.
No obstante, en noviembre de 2021, el Tribunal en Materia de Corrupción decretó la apertura del juicio con solo seis de los dieciséis exfuncionarios implicados.
El Copinh identifica la corrupción detrás de los permisos y licencias para la construcción del proyecto Agua Zarca como el punto de origen que llevó al crimen contra la ambientalista y líder indígena Lenca, Berta Isabel Cáceres Flores en marzo de 2016.
Por la mañana, la coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga Cáceres señaló que empresas como DESA “han sido posible gracias al apoyo de entidades financieras internacionales, que son igual de corruptas que estas mismas empresas”.
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Además, declaró que “es muy importante saber que los enemigos de los pueblos no están en las comunidades, están afuera y tenemos que hacer grandes esfuerzos de unidad para sacar adelante nuestras luchas”, salir adelante y lograr tener la vida digna y plena que merece el pueblo Lenca.
