Altos niveles que controlan el Ministerio Público dilatan caso de hospitales móviles: Raúl Pineda Alvarado

Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa.- Honduras tiene en su poder otros dos hospitales móviles que se compraron en Turquía con la intención de atender a miles de hondureños víctimas de Covid-19, sin embargo, organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han denunciado que estos centros de triajes móviles que adquirió Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) siguen sin funcionar y se suman a engrosar la fila de errores y de actos de corrupción cometidos durante la pandemia.

Honduras destinó hace siete meses más de L. 1,100 millones para la compra de 7 supuestos hospitales móviles para hacerle frente a la pandemia, sin embargo, estos centros hospitalarios no han podido servir para nada en un país que registra 84,081 casos positivos y 2,512 decesos por Covid-19.

Dos de los hospitales móviles llegaron ayer a Honduras resultando ser salas de triaje, mientras que los tres restantes siguen sin llegar, “dejado claro que nunca existió un contrato de llave en mano”, según el CNA.

Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, no se ha emitido ningún requerimiento fiscal por el fraude de los hospitales móviles porque existe un “involucramiento de los más altos niveles que controlan el Ministerio Público y que tratan de dilatar las acciones penales que se puedan hacer contra las acciones notorias y contrarias a la ley”.

“Es preocupante la forma en que Juan Hernández, presidente de Honduras, ha evadido el tema del fraude de los hospitales móviles”, agrega Alvarado y explica que el mandatario aún “no se ha pronunciado sobre un tema de interés nacional y él, como administrador general del Estado que es, ya debió haber dado una posición al respecto. Pero se ha limitado a repetir el mensaje de que nadie está por encima de la ley”.

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Para Pineda Alvarado es una burla que se haya permitido a Marco Bográn defenderse en libertad cuando hay una enorme posibilidad de fuga. “Cuando usted mira que a una persona se le mete un requerimiento y posteriormente a esa misma persona se le pone en libertad, teniendo pendiente al menos 20 líneas de investigación y una acusación de alto impacto, es una especie de chiste de mal gusto”.

“No existe la decisión de darle una satisfacción al pueblo hondureño con base en la aplicación de justicia. El Ministerio Público no tiene independencia y está sujeto en sus funciones a las decisiones que tomen los políticos, que fueron los encargados de poner al Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, en su cargo. Esa es la única explicación, porque ante los actos de la comisión de delitos es increíble que no se haya actuado con los procedentes requerimientos”, agrega el jurista.

El abogado explica que el Ministerio Público también debe investigar las denuncias por sobrevaloración, ya que el caso Invest-H puede ser de la misma magnitud que el caso del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Los empresarios dijeron que existe una sobrevaloración de 800 millones de lempiras. Ya el Ministerio Público al menos debió haber pedido copia del informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), para saber en qué se fundamentan y con qué elementos probatorios justifican una información de esta naturaleza”.

“El clamor popular dice que el Estado fue burlado cuando han pasado meses y los hospitales aún no están funcionando. Seguramente entrarán en funcionamiento, pero cuando entren, encontrarán nuevas deficiencias y debilidades. No entiendo cómo las autoridades de Invest-H aseguran que los hospitales son de excelente calidad, cuando no son médicos ni especialistas para argumentar que algo que no ha sido probado es de buena calidad”, concluyó Pineda Alvarado.