“Es sustancial para que haya avances en el país, un Ministerio Público que de verdad persiga criminalmente a las elites más corruptas y a las élites sustancialmente criminales del país”, afirmó el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía
Fotos: Bufete Estudios para la Dignidad
Tegucigalpa.- Ante la inminente elección en segundo grado por el Congreso Nacional de las personas que ocuparan los cargos de Fiscal General y Fiscal Adjunto del Ministerio Público (MP), organizaciones campesinas y sociales exigieron un alto a la impunidad y a la confabulación con los poderes fácticos del país.
En estas líneas se expresó este miércoles, 5 de julio, el vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, durante el foro político “Ante la próxima elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto ¿Avanzaremos o retrocederemos como país?”, organizado por el Bufete Estudios para la Dignidad; la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Regional El Progreso (CNTC); y la Plataforma Agraria.
“Hasta hoy el Fiscal General que hemos tenido, nosotros desde el Valle del Aguán hemos interpuesto denuncias en su escritorio sobre grupos criminales y eso no avanza. Es una fiscalía totalmente confabulada con el poder agroindustrial que opera con grupos paramilitares en el Aguán y estos gozan de protección en lugar de ser investigados y de ser castigados por la justicia”, denunció Rivas durante su participación.
Rivas pidió a las y los diputados que elegirán al próximo Fiscal General a que sometan a amplias discusiones a las y los candidatos, y que de estos elijan a la persona mejor preparada para el cargo de Fiscal General, para que de esta forma desarrolle el trabajo que le compete y dar acceso a justicia a la población.
CAMPESINADO DEL AGUÁN EXIGE JUSTICIA A NUEVO FISCAL GENERAL
Wendy Castro, integrante de la Plataforma Agraria, indicó que la elección del próximo Fiscal General está siendo seguida desde el Bajo Aguán, ubicado en la zona norte de Honduras. Esto debido a que las y los pobladores de dicha región han sido atropellados en años anteriores tanto por el Fiscal General como por la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Castro expresó que el deseo del Aguán es un Fiscal General que no se decante por intereses personales ni empresariales o agroindustriales, como ha ocurrido con los anteriores, quienes han criminalizado a los liderazgos campesinos, como ocurrió con el coordinador general de la Plataforma Agraria, Jaime Cabrera.
Cabrera fue criminalizado por el Ministerio Público a finales de 2022, junto a otras ocho personas acusadas de supuestamente haber participado en los delitos de asociación para delinquir, usurpación agravada, privación ilegal de la libertad.
Previamente, en octubre del mismo año el coordinador general de la Plataforma Agraria fue uno de los liderazgos cuyo nombre era mencionado en un denunciado plan para asesinar a la dirigencia campesina en el Aguán. En 2023, entre las personas mencionadas en ese listado, fue asesinado Omar Cruz Tomé en compañía de su suegro Andy Martínez Murillo.
Wendy Castro apuntó que el Bajo Aguán tiene sed de justicia y pidió al futuro Fiscal General que visite e investigue a las empresas agroindustriales de la zona, a las cuales responsabilizó por los asesinatos de liderazgos que han defendido los derechos que corresponden al campesinado.
Hasta el 30 de junio de 2023, Criterio.hn registró el asesinato de al menos catorce personas ligadas de forma directa e indirecta a la defensoría de la tierra, el territorio y ambiente. De estas, al menos nueve vivían en la zona del Valle del Aguán.
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“Nosotros necesitamos una justicia que nos permita tener acceso a nuestros derechos, como humanos que somos y como campesinos. Necesitamos una mejor justicia en este país, sabemos que justicia no hemos tenido en estos últimos años tanto en el Bajo Aguán como en los demás movimientos campesinos que hay en toda la región y en todo el país”, remarcó Castro.
LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LA INSTALACIÓN DE LA CICIH ESTÁN EN JUEGO
Frente al cuestionamiento del foro: “Ante la próxima elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto ¿Avanzaremos o retrocederemos como país?”, el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, Pedro Mejía, remarcó que la respuesta a esta pregunta se fundamenta en sí con esta elección el funcionamiento del Ministerio Público será el de una institución autónoma, que incida en la sociedad, o no.
Para que existan condiciones que garanticen la autonomía del Ministerio Público, Mejía declaró que este debe incidir en dos perspectivas. La primera está relacionada a la autonomía política y capacidad técnica, que implica que por sí sola garantice la investigación y persecución de delitos, así como el combate a la impunidad y la defensa del estado de derecho. Mientras que la segunda involucra que al tener autonomía, el MP ponga a prueba todo el sistema de justicia del país, que se ha renovado en el último periodo.
“El Ministerio Público es un actor fundamental en el engranaje del sistema de justicia, que debe poner a prueba la legitimidad de la nueva Corte Suprema de Justicia [CSJ]”, declaró el abogado. Agregó que si bien se ha indicado que esta nueva CSJ tiene, en algunos casos, un corte refundacional del sistema de justicia, este aún debe ser puesto a prueba y la única forma de hacerlo, mencionó, es a través “del comportamiento comprometido que vaya a tener un nuevo Ministerio Público”.
“Si el Ministerio Público no persigue a las élites criminales, a las elites económicas, no persigue como tienen en sus objetivos fundamentales, la corrupción y el narcotráfico, pues vamos a tener una Corte Suprema de Justicia que no va a ser puesta a prueba de ninguna forma. Es sustancial para que haya avances en el país, un Ministerio Público que de verdad persiga criminalmente a las elites más corruptas y a las élites sustancialmente criminales del país”, subrayó en su intervención.
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Además, recordó que el establecimiento de la nueva Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) dependerá en gran medida de que se procuren las condiciones para su instalación. Entre ellas determinar las actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el Sistema Judicial.
Mejía advirtió que el trabajo de la mano entre la CICIH y el Ministerio Público en la persecución y el desmontaje de las redes de corrupción-criminales, así como el acceso a la justicia para las víctimas, dependerá en gran medida de que las nuevas autoridades del MP se alejen de lo que existe en la actualidad, una institución minada en su credibilidad y en su confianza pública.
“Para poder decir con certeza que se ha avanzado como país con una nueva elección del Ministerio Público tiene que ser electo un fiscal general alejado de intereses particulares […] y que con sus ejecutorias recuperen la legitimidad popular que debe tener la institución, el Ministerio Público, como defensor de los intereses de la sociedad, como garante de los derechos humanos y como protector del estado de derecho”, concluyó.
