Con la muerte de tres privados de libertad registrada la tarde del domingo, el número de personas fallecidas, desde la intervención militar, ascendería a 11, según el registro del Conaprev y el CPTRT. Sin embargo, la cifra podría ser mayor si se tienen en cuenta los datos de organizaciones defensoras de derechos humanos
Tegucigalpa, Honduras. – Tres privados de libertad perdieron la vida la tarde de ayer, domingo 18 de febrero de 2024, supuestamente por asfixia, en el módulo de máxima seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán.
A través de un comunicado emitido por la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario, se confirmó el fallecimiento de tres internos identificados como Norlin Alcides Ardón Varela, conocido como “Lucifer”; José Virgilio Sánchez Montoya, alias “Pinocho”; y Mario René Castillo Ávila, apodado “El Cuervo”. Se presumía que eran miembros de la estructura criminal conocida como pandilla 18.
Según el texto, las muertes ocurrieron dentro de una celda, donde se encontraron los cuerpos sin vida, con signos de asfixia, presumiblemente por ahorcamiento.
Como resultado de los hechos, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional retiró del cargo al director del centro penitenciario y de otros funcionarios policiales. Asimismo, se han suspendido a los custodios responsables del módulo de máxima seguridad.
Estas medidas se han tomado con el fin de asegurar una investigación exhaustiva sobre la muerte de estos ciudadanos hondureños y garantizar un proceso transparente en relación con los acontecimientos, según indica el documento.
De su interés: Derechos humanos de privados de libertad han sido violados: Poder Judicial
LOS HECHOS
En horas de la noche, el presidente Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Ramiro Fernando Muñoz, relató a través de un vídeo la información conocida sobre cómo sucedieron los hechos.
Contó que a las 4:00 p.m., los agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y los custodios penitenciarios iban a sacar a los internos de sus celdas para que pudieran tomar el baño correspondiente.
“Uno de los coordinadores” informó que tres reclusos habían muerto “por no cumplir las reglas”, según expresó al parafrasear la versión de uno de los agentes presentes, quien informó sobre lo sucedido.
“De ahí se fueron a la celda y encontraron los tres cuerpos de los privados de libertad supuestamente ahorcados, pero eso lo determinará medicina forense y el Ministerio Público”, apuntó el uniformado.
Al mismo tiempo, manifestó su sorpresa por lo ocurrido, ya que aseguró que se ha trabajado en separar a las organizaciones criminales para evitar hechos como estos. “¿Cómo podemos evitar que, si son de la misma organización y están en una misma celda, cometan este tipo de actos por diferencias o problemas entre ellos mismos?”.
Y agregó: “No es fácil, pero tampoco vamos a permitirlo. Si no quieren estar en paz con esto, tomaremos medidas drásticas, y no permitiremos que esto suceda”, advirtió Muñoz, al tiempo que avisó que los responsables serán puestos a disposición del Ministerio Público.
Lea: Defensores piden saldar deuda histórica en reinserción social de privados de libertad
IDENTIDADES CONFIRMADAS
Sobre el tema, la portavoz de Medicina Forense del Ministerio Público, Issa Alvarado, informó que, en las últimas horas, médicos forenses del Departamento de Patología Forense llevaron a cabo tres levantamientos cadavéricos
Además, realizaron la identificación y autopsia médico legal de los cuerpos, siguiendo el procedimiento legal establecido para ello.
Detalló que, los cuerpos fueron trasladados a la morgue legal por los forenses y se les realizó la toma de huellas dactilares para su identificación, que será cotejada con el sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Mencionó que, en el caso de los privados de libertad, se requiere utilizar tres métodos de identificación: huellas dactilares, odontograma y estudios de ADN.
Asimismo los cuerpos fueron autopsiados y se espera la llegada de los familiares a las oficinas forenses para realizar los trámites correspondientes de retiro de los cadáveres.
Durante la autopsia médico legal, el médico verificará si el cuerpo presenta señales de tortura, y todo hallazgo se documenta en el dictamen médico legal correspondiente.
MUERTES EN CENTROS PENITENCIARIOS
Esta no es la primera vez que se registran muertes de internos en los centros penitenciarios, ya que actualmente se han contabilizado 11 fallecimientos, desde el 21 de junio de 2023 hasta el 18 de febrero de 2024, fecha que los militares asumieron el control de los centros penitenciarios.
Ocho de las muertes han sido documentados por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev), a los que se suman los tres ocurridos la tarde de ayer domingo lo cual suman 11. Este registro es similar al que contabiliza el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT).
Es importante destacar que entre las ocho muertes registradas se incluye el fallecimiento del joven Isaí Jonathan Núñez Cruz, ocurrido el 17 de julio de 2023 en la UMEP#1, conocido como “Core 7”, mientras guardaba prisión preventiva. Las autoridades declararon la muerte como suicidio.
Muertes en Centros Penitenciarios en Honduras de junio de 2023 a febrero de 2024 (dwcdn.net)
El control de los centros penales fue transferido a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) el 23 de junio de 2023, tras la masacre ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que cobró la vida de 46 internas.
Esta medida fue aprobada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-28-2023. Según se informó, tendrá una duración de un año, es decir, estará vigente hasta el 23 de junio de 2024. Sin embargo, se ha dejado abierta la posibilidad de extender este periodo, según sea necesario.
Lea: Denuncian maltrato de privados de libertad y piden a presidenta Castro crear comisión que investigue
CASTIGAR A PERSONAS QUE SE CONFABULARON PARA LOS ASESINOS
Sobre el tema, la presidenta de la organización Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, manifestó a Criterio.hn que, a su juicio, ha existido mucho hermetismo sobre lo que realmente ocurrió en la muerte de los tres privados de libertad. Esto se debe a que se cuestiona cómo tres reclusos podrían ser asesinados en un módulo de máxima seguridad.
Ferrera cuestionó: ‘Si no hay confabulación con la persona que está en el centro penal, es muy difícil que se pueda realizar este tipo de hecho'”, criticó Ferrera. Al mismo tiempo, señaló que es preocupante que sigan ocurriendo muertes en centros penitenciarios a pesar de estar bajo control militar, precisamente con el fin de evitar tales incidentes.
En este contexto, Ferrera mencionó que es crucial que se investigue y se sancione a los responsables directos del hecho, en lugar de simplemente destituir a altos funcionarios como una forma de dar una rápida respuesta a los actos.
“Ninguno de los muchachos se dejó estrangular. Tuvieron que haber enfrentamientos entre compañeros de celda. Como vengo y lo repito, los verdaderos responsables son los que estaban en funciones en ese momento y lugar”, afirmó Ferrera. Además, opinó que mientras no se judicialice a las autoridades involucradas, seguirán ocurriendo muertes en los centros penitenciarios.
Ferrera también mencionó el caso de la matanza en PNFAS, donde se requirió a las responsables, pero no se confirmó si las armas de la Policía Nacional fueron utilizadas para cometer los hechos.
Según registros de la organización que lidera, solo en 2023, tras la intervención militar, se registraron la muerte de una mujer privada de libertad, ocho hombres y cuatro personas en detención mientras permanecían en unidades policiales.
ASESINATOS SON UNA CONSTANTE EN CÁRCELES DE HONDURAS
Estas muertes violentas de privados de libertad son una constante en la historia de Honduras traen a la memoria de la ciudadanía hondureña, la muerte violenta de privados de libertad en el gobierno de Ricardo Maduro, el 5 de abril de 2003 en un enfrentamiento armado protagonizados por miembros de maras y pandillas y policías dejó 66 muertos en la cárcel de El porvenir Atlántida.
En mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, un incendio acabó con la vida de 107 privados de libertad y unos 25 lesionados.
En enero de 2006 en la penitenciaría de Támara, 13 hombres privados de libertad murieron en un amotinamiento. En este mismo centro penal, en 2008 se registró una reyerta que dejó como resultado 18 asesinados.
En 2011, el 14 de octubre en la Cárcel de San Pedro Sula, 9 hombres perdieron la vida. Cinco meses después, en marzo de 2012, los medios de comunicación informaron de un amotinamiento y un incendio que dejó 13 privados de libertad.
El 14 de febrero de 2012, la conmoción se volvió a apoderar de la ciudadanía, 360 privados de libertad fueron víctimas de incendio en la cárcel de Comayagua.
Las masacres al interior de los centros penales continuaron, el 20 de diciembre de 2019, en el centro penal de Tela se registró una reyerta que dejó 20 privados de libertad asesinados. Tres días después en el centro penal de El Porvenir –catalogado como una de las cárceles de máxima seguridad— 19 privados de libertad murieron en un enfrentamiento entre la mara MS y la pandilla 18.
