Tegucigalpa.- Luego de la entrada en vigencia del PCM 29-2022 que decretó estado de excepción en 162 barrios y colonias en los municipios de Tegucigalpa, Comayagüela y San Pedro Sula, como una medida gubernamental para combatir la extorsión y delitos conexos, queda la interrogante sobre si esta no llevará simplemente a la migración de los actores involucrados a otras colonias y zonas del país.
Criterio.hn entrevistó al jefe de la carrera de sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Blas Enrique Mejía, así como al experto en seguridad y defensor de derechos humanos, Carlos Sierra, para conocer sus perspectivas sobre el tema.
Ambos concuerdan en que solventar la problemática de la extorsión y la violencia en Honduras requiere de un enfoque integral, más de que de una política de mano dura, como lo es un estado de excepción, que además estigmatiza a las personas que viven en los barrios y colonias vulnerabilizados por la focalización de la violencia.
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El sociólogo Blas Enrique Mejía, manifestó que “la extorsión ha llegado a límites increíbles”, pero que las estructuras que las operan están bien organizadas y no van a ser eliminadas de un día a otro, o con un estado de excepción en algunas colonias, porque se corre el riesgo de volver a lo mismo.
Mejía remarcó que la problemática no se solventa de esta forma, sino a través de planes integrales que involucren no solamente a la policía sino también a la población en general, en los que se incluyan programas especiales de reinserción, seguridad y seguridad social. De lo contrario, lo que ocurrirá será que estas personas migren a otras colonias mientras pasan los operativos, para después retornar, manifestó,
El experto en seguridad y defensor de derechos humanos, Carlos Sierra, expresó que al “haber una saturación policial y operaciones especiales en determinados territorios, la criminalidad tiende a movilizarse” a otros sectores.
Sierra sostuvo que cualquier estrategia que desarrolle la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional debe tomar en cuenta esta situación, por lo que la estrategia para solventar la problemática de la extorsión y delitos conexos deber ser más amplia que las acciones de un estado de excepción.
“Esperaríamos con lo mencionado por parte de la Secretaría de Seguridad y la policía, que esta estrategia sea más amplia que las propias acciones durante estos 30 días. De lo contrario, se estará trasladando el problema de ubicación y no solventando de manera integral”, dijo.
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¿CÓMO ENFRENTAR LA INSEGURIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRAL?
Los entrevistados ya plantearon la necesidad de enfrentar la inseguridad y la extorsión desde un enfoque integral, pero ¿cómo visualizan enfrentar la problemática de violencia y extorsión desde esa perspectiva?
Carlos Sierra señaló que construir un enfoque integral de combate a la violencia implica que todos los involucrados en el tema de seguridad ciudadana y convivencia en el país construyan en conjunto políticas públicas y que estas se reproduzcan a nivel general en las instituciones como la policía, las alcaldías, el sistema de educación y el sistema de salud, entre otros. Agregó, que debe haber un ataque frontal hacia la criminalidad pero con un enfoque científico, especializado y profesional.
“No podemos declararle la guerra a un ente criminal que posiblemente nos supere en números, o que tenga mayor capacidad de juego que nuestras propias fuerzas de seguridad. Sino lo que ocurre es que los más afectados, las personas que viven en los barrios y colonias donde se encuentra estos criminales, serán los más afectados por temas de estigma, pero también por el fuego cruzado, por las capturas indebidas, por los falsos positivos”, dijo Sierra.
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Un tercer punto, señalado por Sierra, es que el tema de seguridad debe verse desde una problemática estructural, es decir, que no se puede hablar de seguridad sin hablar de desigualdad y reducción de la pobreza, así como la violencia contra las mujeres, la niñez y poblaciones diversas.
El sociólogo Blas Enrique Mejía apuntó que se está ante estructuras bien montadas y organizadas, que se dejaron crecer y fueron instrumentalizadas por el Estado, por lo que desmontarlas y erradicarlas no será fácil.
“Lo otro es que estamos frente a una ola de criminalidad fuerte en los últimos días, en los últimos meses, pero también un Estado que se enfrenta a una crisis económica, que no puede actuar, que no puede moverse. ¿Por qué? Porque todo esto lo vinieron dejando muy bien amarrado, estructurado”, señaló Mejía.
