Por: Signy Fiallos
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Sánchez
Fotografías: Fernando Destephen
Gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – A nivel mundial el grupo etario adulto mayor resultó ser el más vulnerable ante la pandemia del Coronavirus o Covid-19, que ya cumplió un año de haber iniciado su catástrofe entre los humanos. En los países desarrollados esta población ha experimentado la mayor tasa de letalidad, debido a varios factores, entre ellos, la debilidad de sus cuerpos, enfermedades crónicas y el hacinamiento por vivir en asilos.
En Honduras, según las estadísticas del Observatorio Demográfico Universitario, al 09 de noviembre de 2020, las personas de la tercera edad no representaban el mayor porcentaje de contagios, pues de los más de 100,000 casos confirmados, sólo se registraba el 15 % en este grupo etario, pero sí se identificaba el mayor número de muertes con un 61 %.
¿QUIÉN ES UN ADULTO MAYOR?
Las Naciones Unidas definen adultos mayores a las personas de 65 años y más para los países desarrollados y a las personas de 60 años y más para los países en desarrollo. En Honduras la Ley Integral de Protección del Adulto Mayor y Jubilados en su artículo 3, define como adulto mayor y/o de la tercera edad a la persona que haya cumplido sesenta (60) años nacional o extranjero con su debida acreditación de residente.
Y la Organización Mundial de la Salud divide a los adultos mayores en tres subgrupos: de 60 a 74 años, se consideran personas de edad avanzada, de 75 a 90 años ancianas o viejas, y las que sobrepasan los 90 años, se les llama grandes viejos o grandes longevos.
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Criterio.hn, a través de una serie especial de reportajes de profundidad denominada “Los marginados de siempre viviendo en pandemia” en su tercera entrega, muestra la cara de la vejez. Hombres y mujeres que trabajaron toda su vida para sacar adelante a su familia, que contribuyeron con la sociedad a criar profesionales y campesinos de bien, honestos con principios y que hoy ya llenos de canas, con sus rostros arrugados por el tiempo, enfermos por el arduo trabajo, cansados y en tiempos de pandemia, deben seguir trabajando porque no cuentan con una asistencia médica de calidad, un pensión digna que les retribuya por su trabajo de años y una sociedad empobrecida que los vulnera, los invisibiliza y los hace a un lado porque ya no son útiles para generar ingresos, además de gobiernos corruptos que saquean los recursos de las instituciones de jubilaciones de la poca población que goza de una paupérrima pensión.
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SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA, LOS MÁS GOLPEADOS
Un estudio publicado en octubre anterior, denominado “COVID-19 y sus impactos en los derechos y la protección social de las personas mayores en la subregión” realizado por S. Huenchuan y la CEPAL, señala que la pandemia “no solo es una crisis de salud pública, sino una crisis económica y social, que en la medida que pasa el tiempo, se transforma también en una crisis de protección y ejercicio de los derechos humanos.
El documento evidencia que al observar el curso de la pandemia se detectan prácticas u omisiones que minaron la protección y el ejercicio de los derechos humanos con anterioridad al brote del virus y que vulneran aún más a los grupos históricamente marginados y estructuralmente discriminados de la sociedad entre los que menciona a los adultos mayores, mujeres e indígenas, entre otros, así como el déficit en el acceso a la salud, a la vivienda, al saneamiento básico o la seguridad social.
El estudio señala que, debido a la falta de seguridad social, en Honduras el 48.2 % de las personas mayores continúan insertas en el mercado del trabajo más allá de la edad de jubilación. En este país la tasa de participación económica de la población de 60 años y más sobrepasa al promedio de América Latina que es de un 39,7 %.
Irma García (70) era una vendedora de sal en el Mercado las Américas de Comayagüela. La septuagenaria, que residía en una aldea del municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, hasta una semana antes de su muerte, con la venta de sal llevaba alimentos a su hogar donde atendía a un hijo con capacidades disminuidas, a su marido, que había sufrido un derrame hacía año y medio y a varios nietos que llegaban a comer diariamente a su hogar.
El confinamiento por la pandemia del Covid-19, la pobreza extrema y el estrés producido por no contar con dinero para suplir sus necesidades básicas y las medicinas para la diabetes e hipertensión arterial la llevaron a la muerte en agosto pasado.
“Mi abuela desarrolló diabetes y presión alta (hipertensión) cuando tenía como 54 años, pero como no ganaba mucho en el mercado y no le ajustaba para comprar sus medicinas, generalmente se trataba con aguas de plantas que conseguía ahí mismo en el mercado y tampoco le gustaba ir al hospital porque decía que la trataban mal y nunca había medicina”, relata Juana Matute, nieta de doña Irma
Juana comenta que su abuela tuvo siete hijos, los que crio vendiendo en el mercado, todos mayores y con familia, pero como son pobres no tenían suficiente dinero para sostenerla, por lo que ella a sus 70 años continuaba trabajando.
Para esta adulta mayor nunca hubo jubilación, un seguro médico o un ingreso permanente que le permitiera comprar regularmente sus medicamentos, razón que la llevó a ingresar varias veces al Hospital Escuela por su diabetes o su hipertensión, al final la falta de atención la llevó a la tumba.
“Mi abuela murió por ser pobre y porque no tuvo quien la ayudara a pesar de que ella dio la vida por cada uno de sus hijos y nietos a quien nunca les negó un bocado de comida”, concluye Juana entre sollozos.
En Honduras, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2020 se estima una población total de 9 millones 354 mil 894 personas, de las cuales el 8.5 %, es decir, 795,166 son adultos mayores.
Según la Dirección General del Adulto Mayor (DIGAM) del 100 % de la población de adultos mayores, sólo el 7.5 %, que representan 59, 637 personas, cuentan con una pensión, los restantes 735,529 viven en la pobreza y pobreza extrema, sumidos en la soledad, la discriminación y en muchas ocasiones abandonados por sus familiares, durmiendo en la calle y comiendo los restos que hay en los basureros.
“Ser adulto mayor, pobre y enfermarse en tiempos de pandemia es lo peor que le puede pasar a una familia, porque se vive en carne propia la discriminación, el que le den prioridad a una persona por ser más importante, porque es más joven y productiva, mientras uno ve como su ser querido se apaga poco a poco”, expresa José Zambrano, defensor de derechos humanos y miembro de la comunidad LGTBI, quien en julio pasado perdió a su madre.
FALTA DE MEDICINAS Y OXÍGENO PARA ADULTA MAYOR
José cuenta que el pasado 3 de julio llevó a su progenitora, María Munguía (90), al centro de triaje de la colonia Mayangle, de Comayagüela, porque presentaba síntomas de Covid-19, ahí estuvo dos días, pero el centro no contaba con oxígeno ni medicamentos, por lo que el 5 de julio le dieron una transferencia para que la llevara al Hospital Escuela, donde podría recibir una mejor atención.
“Mi sorpresa fue que cuando llegamos al referido hospital. A eso de las 2:00 de la tarde remitieron a mi madre a la famosa carpa instalada en la parte de afuera de la zona de emergencia, la que ya contaba con unas 50 a 60 pacientes siendo atendidos algunas en camillas y otras en sillas de ruedas, pues no había espacio en la sala de Covid-19. Allí instalaron a mi viejita en una silla de ruedas compartiendo con otra persona el tanque de oxígeno y turnándolo con otros que llegaban. Cuando oscureció, los médicos y enfermeras se alumbraban con las linternas de los celulares, para revisarlos porque la carpa no contaba con lámparas”, relata el activista de la comunidad LGTBI, haciendo un resumen de la caótica y crítica atención con la que se atiende en el sistema sanitario de Honduras.
José dice que lo que más le molesta es la indiferencia y deshumanización con que el personal del Hospital Escuela atiende a los pacientes que llegan a ese centro asistencial, porque la mayoría son pobres, pero que cuando llega alguien de dinero o de “importancia” la atención cambia a favor del paciente.
“A eso de las 6:00 de la tarde llegó una ambulancia procedente de Comayagua que llevaba a un paciente, que al parecer era alguien importante o de dinero, pues todo el personal de emergencia salió a atenderlo, le pusieron oxígeno, inmediatamente habilitaron una cama en la sala de Covid-19 y en minutos todo se paralizó para atender al personaje, quien iba tan grave que murió en la emergencia y todos nos dimos cuenta por los gritos que daba la joven que lo acompañaba. Además, rompiendo el protocolo establecido, el cuerpo no fue llevado a la morgue, sino que inmediatamente fue subido a la ambulancia y regresado a Comayagua”, sigue contando José sobre la experiencia vivida en el pasado reciente.
Doña María, la madre de José, estuvo 13 horas en la carpa del Hospital Escuela, donde según su hijo, su situación empeoró por lo que los familiares pidieron el alta para trasladarla a una clínica privada, pero ahí tampoco había cupo y finalmente la llevaron a su casa donde tres días después murió, en su cama y con su familia.
Para sociólogos y defensores de derechos humanos la pandemia en Honduras se pudo haber afrontado de diferente manera si al menos en los últimos tres gobiernos se hubiera asumido con responsabilidad la crisis del sector salud que médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en general, habían denunciado producto del saqueo y la quiebra de las instituciones de previsión social.
El estudio de S. Huenchuan y la CEPAL enfatiza que se requiere de una presencia más activa de parte del Estado para proteger a todas las personas, independiente de sus características y tomar en cuenta sus opiniones, sobre todo las de aquellos grupos que están en una condición más desventajosa.
“Uno de los grandes desafíos en la implementación de las medidas de contención del virus es prevenir que no se profundice la desigualdad. Sin duda, en la etapa de recuperación también habrá que poner los derechos humanos en la base de la acción de los estados. Es hora de proteger la vida, la dignidad y la integridad de todas las personas. De aquellas que se quedarán sin empleos ─de por sí ya precarios─, de las mujeres que sufren violencia, de las personas jóvenes que ven interrumpidas sus aspiraciones o de las personas mayores que temen por sus vidas”, dice el estudio que se aleja de realidad hondureña.
Para la CEPAL, la solución al problema no solo implica la entrega de ayudas económicas, aunque sean importantes, porque esta medida asistencialista no cambiará la vida de las personas en el mediano y largo plazo. Para ello, el organismo sugiere soluciones de más largo aliento para modificar los actuales patrones de desigualdad sustantiva en que se encuentran enormes colectivos de la población.
Recientemente, destacadas personalidades alrededor del mundo, entre ellas el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas (91) y el sociólogo y economista español Manuel Castells (78), hicieron un llamado internacional “para rehumanizar nuestras sociedades. No a una sanidad selectiva” en el que de manera elocuente se dice que la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto una realidad donde unas vidas son más valiosas que otras. Unas pueden sacrificarse y se impone una cultura del descarte donde se priva a las personas mayores del derecho a ser consideradas humanas, relegándolas a ser solo un número y en algunos casos ni siquiera eso. El filósofo y el sociólogo alertaron sobre la emergencia de un tipo de sanidad selectiva que pondera la desigualdad en la vida de las personas mayores.
LE NIEGAN SERVICIO POR EXIGIR SU DERECHO
La desigualdad en la que viven los adultos mayores o personas de la tercera edad en Honduras va más allá. Esta implica violaciones a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, aprobada mediante el Decreto 199-2006 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 21 de julio de 2007.
La normativa establece descuentos especiales para la salud, alimentación, transporte y esparcimiento para los adultos mayores, pero constantemente es violentada ante la mirada complaciente de las instituciones del Estado, obligadas a vigilar por su cumplimiento.
Una de esas víctimas es don Guillermo Andrade, quien reaccionó sorprendido cuando la propietaria de un restaurante de comida china prefirió devolverle su dinero, antes que aplicarle el 25 por ciento de descuento que por ley corresponde.
Resulta que Andrade, pretendió adquirir un platillo chino cuyo costo para el público es de 185 lempiras y según la cartilla del restaurante, ya lleva consigo gravado el 15 por ciento por impuesto de venta.
De acuerdo con la ley, don Guillermo tenía derecho a un descuento del 25 por ciento por lo tanto su pago era de 138.75 lempiras, sin embargo, a la hora de pagar, con dos billetes de cien lempiras, el cambio que recibió fue de 25 lempiras y no de 61.25 lempiras, porque la propietaria del restaurante asumió que el platillo tenía que ser compartido por cuatro personas y, con base a la cuarta parte, le aplicó el descuento.
En el momento de la transacción, el hombre era acompañado por su hija, quien a su nombre y con calculadora en mano, reclamó con base a ley el abuso cometido, recibiendo a cambio la devolución de los 200 lempiras, mientras se detenía la orden de comida.
Indignados, los ofendidos acudieron a la Dirección de Atención al Consumidor, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde una secretaria sin fundamento alguno les indicó que en ese momento la persona que recibía ese tipo de denuncia no había llegado a laborar y que “así cobran ellos (los restaurantes chinos o comidas rápidas), ahí no se puede hacer nada”.
Pero los adultos mayores no solo sufren de abandono, discriminación e incumplimiento de sus derechos, sino también los pocos que tienen una pensión se ven afectados por los gobiernos que saquean sus fondos de previsión, como ocurre con el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), el Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La falta de protección social en la región tiene sus orígenes en la década de 1980, con las reformas que se implementaron para acatar los programas de ajuste estructural que desembocaron en el incremento de la participación privada en la gestión y prestación directa de servicios, la focalización de programas hacia los más pobres mediante políticas sociales de carácter asistencial y la racionalización del gasto mediante nuevos instrumentos de gestión, información y monitoreo. En 2008, la crisis demostró que estas reformas no cumplieron sus promesas y, doce años más tarde, la pandemia por COVID-19 revela de manera dramática las limitaciones y los riesgos de aplicar estos programas.
SAQUEO DE LOS FONDOS DE PREVISIÓN SOCIAL
La jubilada del Injupemp, Margarita Grádiz, contó a Criterio.hn que para ella es preocupante la situación que atraviesan los institutos de previsión que desde el tiempo del extinto expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) han sido saqueados, primero con proyectos abandonados y ahora el actual gobierno utiliza sus fondos como “caja chica” poniendo en peligro el futuro de los trabajadores hondureños y las pensiones de los jubilados y pensionados.
“Los fondos de previsión existen por las cotizaciones de los afiliados, a quienes se les deduce un porcentaje de su salario por planilla y otro porcentaje lo aporta el Estado que actúa como patrono, pero el Poder Ejecutivo no es el dueño de estos fondos, los que utiliza a discreción cuando necesita préstamos o invierte en bonos para el propio Estado”, dice con aplomo Margarita, una mujer de 78 años, que entregó su vida al movimiento sindical.
Para el caso, ejemplificó cómo el gobierno central sacó en calidad de préstamo los fondos del Injupemp para la construcción del Centro Cívico Gubernamental en los años 2018 y 2019, haciendo un acumulado de 3,240 millones 595, mil 687 lempiras y en bonos corporativos en los mismos años de 2,758 millones 713 mil 469 lempiras, según un informe de la firma Auditores Independiente Deloitte presentada a la Asamblea de Participantes y Aportantes y al Directorio de Especialistas del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones,.
En las últimas semanas el gobierno de Juan Hernández tuvo la intención de utilizar los fondos de los entes de pensión para utilizarlos en acciones distintas a su génesis y todo ello por la precariedad financiera del gobierno debido a la corrupción. La intención fue suspendida ante la presión de sindicatos, colegios magisteriales y empresarios, que se opusieron a la medida.
La malversación de fondos en los institutos de previsión ha sido evidente en los últimos años con denuncias y presentación de acusaciones ante los tribunales de justicia, sin embargo, estos casos siguen en la impunidad. En esta situación se han manejado, el Injupemp, Inprema y el Seguro Social, siendo este último el caso más emblemático con alrededor de 350 millones de dólares dilapidados entre el 2010 y 2015.
En el latrocinio del IHSS se vio afectado el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), dineros que se emplearon para financiar la campaña del actual presidente de la República, perjudicando a los beneficiarios de esta institución que como jubilación reciben una raquítica pensión después de años de trabajo.
Esa es la razón por la que los especialistas mundiales y nacionales señalan que deben “rehumanizarse las sociedades” y no dejar por fuera a los que ya dieron su aporte a la vida y a la sociedad como son los adultos mayores.
