Fuentes consultadas por Criterio.hn concluyen además que se debe investigar a la Policía, porque se ha comprobado que miembros de esta institución son los encargados de proveer las pistolas a las agrupaciones criminales a cambio de sobornos, como si se tratase de venta y compra.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. –La reforma a la Ley de Control de Armas, que fue publicada el 12 de abril en el diario oficial La Gaceta, no garantiza una lucha contra el crimen organizado porque no regula directamente el ingreso ilegal de armas de fuego al país, señalan fuentes consultadas por Criterio.hn.
Esta reforma, en vigencia por el Congreso Nacional desde el 14 de diciembre de 2022, permite a las estructuras criminales (al no estar regulado) tener acceso fácil a las armas de grueso calibre que ingresan al país ilegalmente por las fronteras a través de puntos ciegos.
La falta de reglamentación de las armas de fuego, según las fuentes consultadas por este medio digital, permite, en muchos casos, que sean los mismos elementos de la Policía Nacional los encargados de proveer las pistolas a las agrupaciones criminales a cambio de sobornos, como si se tratase de venta y compra.
La comisionada de la Policía Nacional en condición de retiro, María Luisa Borjas, considera que la reforma afecta a los hondureños que tienen sus documentos en regla, por lo que sugiere ejecutar estrategias para contrarrestar el ingreso de las armas ilegales que utiliza el crimen organizado para sus fechorías.
Borjas, en ese sentido, también propone a las autoridades de Seguridad reforzar los operativos en fronteras para evitar el trasiego de armas y droga que, además de entrar de forma ilegal, su uso es prohibido en el país, como ser las de grueso calibre: AK-47 y R-15, por ejemplo.
Con la reforma, cada hondureño (que desee poseer un arma) está obligado a inscribirla, siempre y cuando cumpla con los requisitos que manda la ley.
También, cada ciudadano tiene la posibilidad de poseer cinco armas de fuego, pero, previamente debe aprobar el examen toxicológico y de conducta aplicado por la Secretaría de Salud.
SE DEBE INVESTIGAR A LA POLICÍA
Otro planteamiento de Borjas es una auditoría a la Policía y al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para conocer el paradero de las armas que fueron decomisadas en los centros penales de la nación.
“¿A dónde van a dar todas las armas que decomisó la institución (Policía)?, ¿por qué no hablan de las armas que desaparecen en los centros penitenciarios?”, preguntó.
“Independientemente de la ley y sus reformas, no se justifica que no sepamos qué pasa con las armas decomisadas y con las armas en los centros penales”, añadió.
Otro factor, para Borjas, es que no se puede hacer un plan de “desarme”, pues sólo “pagarían los ciudadanos que tienen sus armas legalmente registradas”.
“¿Cómo despojar al crimen organizado de sus pistolas si no están registradas, si entran por puntos ciegos al país?, pero la intervención debe ser directa con las agrupaciones criminales”, precisó. La comisionada policial en condición de retiro dijo además que “mientras sigamos en la impunidad campante en el país, no podremos controlar, ni poner orden sobre el crimen organizado y su tenencia de armas ilegales”.
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ARMAS ILEGALES, EL GRAN PROBLEMA
Para el abogado criminalista Gonzalo Sánchez, la reforma de Ley de Control de Armas de Fuego está ajustada a la realidad de Honduras porque los requisitos para conseguir el permiso son más rigurosos, aunque no ataque los tuétanos de las organizaciones criminales.
“Es favorable nuevas reformas a la ley, pero ese no es el principal problema. El problema es acabar con el ingreso de armas ilegales al país, que solidifican más las estructuras criminales” expresó.
En consecuencia, pidió investigar a las autoridades policiales que se encuentran en las fronteras terrestres y marítimas, ya que gran parte de las armas de fuego ingresan por allí, junto a cargamentos de droga.
Y como ejemplo del ingreso ilegal a Honduras, el director de la Administración Aduanera, Fausto Cálix, ha denunciado en reiteradas ocasiones que en algunos contenedores que llegan a los puertos se encuentran armas de uso prohibido y droga.
“En estas encomiendas (contenedores) hemos encontrado armas de grueso calibre como AR-15 y pistolas 9mm”, denunció en medios de comunicación.
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Criterio.hn trató de contactar a Cálix para conocer, por ejemplo, las estrategias que piensa implementar para erradicar el ingreso de armas por esa vía, pero no contestó ni llamadas ni mensajes.
De acuerdo a fuentes no oficiales, en Honduras circulan alrededor de 900,000 armas ilegales y 300,000 legales, haciendo un total de 1.2 millones.
La reforma de ley contempla la modificación de varios artículos, en los que resalta que cada hondureño puede poseer hasta cinco armas de fuego.
