Tegucigalpa. El Consejo Para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), OXFAM y la Vía Campesina presentaron el estudio «Situación Actual de las Mujeres Rurales en Honduras», en el que enfatizan que de los 78,975 títulos de propiedad entregados entre 2011 al 2020 por el Instituto Nacional Agrario (INA) solo el 37.3% corresponden a mujeres.
Resaltando en el resumen ejecutivo del informe que «Si el acceso a la tierra como principal recurso productivo para la mujer rural es difícil, el acceso a los recursos financieros, créditos agrícolas, hipotecarios o fiduciarios, capital semilla u otras formas es, en Honduras, inviable».
Esto no solamente porque el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) está inhabilitado para otorgar préstamos, sino porque si bien se reporta mayor participación de mujeres en el sector cooperativo, la mayoría de este ocurre en el sector urbano y no así en la zona rural.
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El informe ejemplifica este extremo citando el informe de inclusión financiera de la Comisión
Nacional de Banca y Seguros (CNBS) del año 2021 en el que destaca que casi la mitad, 48%, de los puntos de servicio del sistema se ubican en dos departamentos y menos del 10% se ubican en los cinco departamentos fronterizos con El Salvador donde se reportan los mayores índices de pobreza.
Por otro lado, «el acceso a recursos financieros del área rural sigue determinado por el número de compatriotas que reciben remesas de sus familiares que emigran», cita el documento resumen. A la vez que subraya que el acceso a los recursos productivos se va reduciendo aún más cada año.
«Los títulos entregados en el periodo de estudio pertenecen a menos del 1% del total de población de mujeres rurales, el acceso al sistema financiero es casi imposible y el 87.5% de las mujeres rurales no tienen empleo. Con estas condiciones no resulta difícil entender por qué el éxodo masivo de hondureñas hacia las potencias económicas en el mundo», enfatiza.
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO HACIA LAS MUJERES RURALES
El documento «Situación Actual de las Mujeres Rurales en Honduras» señala que como parte de los compromisos adoptados en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas, los Estados deben asegurar a las mujeres rurales el acceso en condiciones iguales que los hombres en los servicios financieros y crediticios, así como acceso a la tierra y recursos naturales. La declaración no es vinculante y Honduras no votó a favor de este, sin embargo, está diseñado para promover que se respeten los derechos campesinos y sirve como un instrumento para monitorear la situación en el campo.
A nivel nacional se aprobó en 2015 el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER) y en 2018 se publicó en La Gaceta el reglamento que exige a la Secretaría de Finanzas la asignación de fondos al programa; sin embargo, a la fecha el programa CREDIMUJER sigue sin ser implementado y su presupuesto continúa sin ser asignado, comparte el estudio.
La dirigencia del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) indica en el resumen ejecutivo del informe que el «Estado de Honduras contrario a generar programas para reducir los índices de pobreza y extrema pobreza han encontrado una fuente de ganancia política en los pobres que canalizan por medio de los programas de asistencia social».
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Finalmente, en sus conclusiones, el estudio ratifica que «el acceso a la tierra es fundamental y punto de partida, pero insuficiente si no se tiene acceso al resto de recursos productivos»; por lo que es necesario propiciar el acceso a recursos financieros, tecnologías, servicios públicos básicos, sistemas de riego, entre otros, si realmente se quiere poner un alto a la reproducción de la pobreza en las zonas rurales.
