Tegucigalpa.- El equipo de Abogados de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, integrantes del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la Asesoría Internacional están preocupados porque el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPER), estén respaldando al imputado Castillo Mejía, como lo confesó el mismo, y usen sus influencias y poder para quebrar la frágil independencia del Poder Judicial y del Tribunal que sentenciará el caso.
El documento afirma que según las pruebas incorporadas al juicio, con certeza plena se ha acreditado que el imputado Castillo Mejía participó de la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres, por eso no tenemos duda que el fallo debe determinar la culpabilidad del imputado.
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Denuncian que les preocupa que el imputado Castillo Mejía y la familia Atala Zablah son parte de una empresa criminal experta en corromper y traficar con influencias, como lo mostraron al momento de obtener la concesión del río Gualcarque, imponerla en territorio Lenca, criminalizar y asesinar a Berta Cáceres. Esa criminal fortaleza, con certeza, la han usado y la siguen usando en este caso.
También están alarmados porque el investigado, Daniel Atala Midence, siendo parte de la estructura criminal que asesinó a Berta, haya sido el principal interlocutor entre un perito y la defensa de Castillo Mejía y haya tenido acceso a los enlaces de zoom de uso exclusivo del Tribunal de Sentencia y los haya facilitado al mismo perito del proceso, y que estos hechos el mismo Tribunal no solo los permitió, sino que los dejó impunes públicamente.
Otra de las inquietudes planteadas es que la misma defensa del imputado Castillo Mejía, en audiencia, denunció que uno de los jueces que sentenciará el caso, de manera discreta sostuvo reuniones con una organización de derechos humanos que apoya al imputado y el Poder Judicial nunca brindó informe alguno sobre esa denuncia; este hecho podría quebrar la independencia del Tribunal de Sentencia y favorecer al imputado.
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También los intranquiliza que en las últimas horas hemos sido informados que una de las juezas que integra el Tribunal de Sentencia es esposa de un militar, es decir de un compañero de armas del ahora imputado Castillo Mejía, subteniente del ejército en condición de retiro. Deseamos que este elemento en particular no quiebre la independencia e imparcialidad con la que debe actuar el Tribunal.
Finalmente reafirman su compromiso para que todos los perpetradores del crimen contra Berta Cáceres sean procesados, juzgados y sancionados para romper con la impunidad estructural que ha ensangrentado a la sociedad hondureña.
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