Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.– Después de una investigación que duró cerca de tres meses, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional concluyó que la elección y juramentación de la actual titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, se realizó en medio de irregularidades y, aunque explícitamente no solicitó su destitución, sugirió la repetición de todo el proceso.
La recomendación fue rechazada por las bancadas de los partidos de oposición, Nacional y Liberal, quienes calificaron el informe de la comisión como una clara intención de revocar de su cargo a Izaguirre y de colocar a un comisionado afín al Gobierno, sobre todo con miras al proceso de nominación y elección de la Corte Suprema de Justicia que ejercerá entre 2023 y 2030. Izaguirre, en caso de no ser destituida, será una de las siete personas que integrarán de forma titular la Junta Nominadora.
A través de un comunicado publicado este jueves, la ombudswoman catalogó la investigación «como un ataque por el papel que juega el Conadeh en la Junta Nominadora para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que esperaría llevar a cabo con los estándares más altos de objetividad y libre de todo posicionamiento político partidario». De igual modo, calificó el trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como «prejuicioso, ilegítimo, arbitrario, abusivo, defectuoso y discriminatorio».
«Este informe contiene serios vicios de nulidad, por lo que estamos preparando los recursos judiciales necesarios para someter a un estricto control de constitucionalidad y convencionalidad los actos del Congreso Nacional respecto de dichas diligencias», añadió.
Según el informe que presentó la comisión que preside el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera, y que integran otros legisladores como su compañero de bancada, Ramón Barrios, y las congresistas del Partido Liberal y del PSH, Kritza Pérez y Ligia Ramos respectivamente, se encontró que, desde el inicio del proceso de elección, en marzo de 2020, el Congreso entonces presidido por el nacionalista Mauricio Oliva recibió las hojas de vida de 14 postulantes.
Sin embargo, las audiencias públicas y las entrevistas fueron suspendidas cuando inició la epidemia del covid-19 en el país y meses después, en una sesión legislativa realizada en la víspera de la Navidad de 2020, el 21 de diciembre de ese año, se aprobó la irregular elección de Izaguirre.
Al filo de las 10:00 de la noche de ese día, el entonces vicepresidente del Legislativo y actual diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, quien ni siquiera estuvo presente en la sesión del miércoles, presentó una moción en la que proponía a Izaguirre para ocupar la Defensoría del Pueblo. Aunque su elección se aprobó por mayoría simple y un día después se realizó su juramentación, nunca se llegó a comprobar si la votación –efectuada a través de Zoom, en el contexto de la pandemia del coronavirus– pasó por la aprobación de no menos de 65 congresistas, uno de los cuestionamientos que la comisión legislativa realizó ayer y que la bancada del Partido Nacional no rebatió.
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La primera ombudswoman en la historia de Honduras es hija del periodista y activista del Partido Nacional, Danilo Izaguirre, una situación de privilegio que provocó que su nombramiento, realizado el 21 de diciembre de 2020 al margen de los procedimientos establecidos, fuera altamente cuestionado. En aquel momento, los partidos Libre y Pinu –entonces oposición– señalaron la falta de audiencias públicas y de entrevistas al resto de candidatos, por lo que calificaron la elección, efectuada en menos de cinco minutos, como arbitraria.
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El informe, al que accedió Criterio.hn, indica que de los 14 candidatos que participaron en el proceso, cuatro fueron entrevistados por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Todos ellos indicaron que no fueron convocados a audiencias públicas y que, a pesar de la ilegitimad del procedimiento de elección, no presentaron recursos de amparo. Dos de los expostulantes, de acuerdo con el documento, aseguraron que no agotaron esa instancia legal debido a que en diciembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia se encontraba de vacaciones.
Acto seguido a la presentación de los resultados de la investigación, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos argumentaron «objetividad» en las labores efectuadas, mientras que algunos diputados de oposición, como Tomás Zambrano, del Partido Nacional, y Yury Sabas, del Partido Liberal, calificaron la investigación de «churra» y «malintencionada». Ambas posturas provocaron el rechazo de, sobre todo, la bancada de los partidos de Gobierno –Libre y PSH–.
INMINENTE DESTITUCIÓN
Aunque el Partido Nacional pidió someter a Blanca Izaguirre a juicio político, la comisión legislativa insistió en repetir el proceso de elección. No obstante, el jefe de la bancada de Libre, Rafael Sarmiento, dejó abierta la posibilidad de destituirla de su cargo. «Hay un problema al que este Congreso debe darle respuesta, pero será en otro momento en el que tendremos que tomar decisiones. El informe es concluyente y contundente, por lo que habrá que tomar medidas en la elección de un nuevo Defensor del Pueblo. Es importante para la reconstrucción del Estado de derecho», expresó Sarmiento en el Hemiciclo, haciendo énfasis en la ambigüedad que existe en torno a la formación académica de Izaguirre.
La eventual remoción de Izaguirre deberá pasar, al igual que ocurrió con su irregular nombramiento, por la votación de 65 diputados.
¿LA OMBUDSWOMAN NO ES ABOGADA?
Aunque la titular del Conadeh publicó en las últimas horas una fotografía de su título universitario, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentó ante el pleno del Legislativo una carta del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) que indica la no existencia de algún registro suyo como integrante colegiada o como procuradora de ese colegio.
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Blanca Izaguirre, según su hoja de vida, laboró previamente como directora de Políticas Públicas en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y como comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
