“Estamos cumpliendo siete años del asesinato de Bertita y ninguna de las causas tiene una resolución firme, ni siquiera las que tienen unos resultados preliminarmente favorables, ninguno de los casos”, dijo a Criterio.hn el abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández.
Tegucigalpa.- La noche del 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres en La Esperanza, Intibucá, en el occidente de Honduras. ¿El objetivo? Asesinarla y acallar las voces del pueblo lenca en contra de la instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Cáceres falleció, pero contrario a lo que esperaban sus asesinos materiales e intelectuales, la resistencia se intensificó aún más y ahora, además de la cancelación del inconsulto proyecto en el río Gualcarque, se exige justicia por el asesinato de la entonces coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Aproximadamente un mes antes del crimen, mensajes entre los autores materiales y Roberto David Castillo —directivo de DESA, hoy condenado a 22 años y seis meses por su participación como coautor en el asesinato de Cáceres — revelaron que existió un primer atentado contra la ambientalista lenca que debió ejecutarse entre el 5 y 6 de febrero de 2016, pero que fue “abortado” al haber “demasiado tránsito de personas”, según se reveló durante el juicio contra Castillo.
Estas no eran las primeras acciones violentas contra el pueblo lenca por oponerse a la instalación de la represa. Uno de los ataques con mayor notoriedad, fue el que ocurrió el 13 junio de 2013, durante una movilización en la comunidad de Río Blanco, un soldado del Batallón de Ingenieros, que resguardaba junto a otros militares las instalaciones de DESA, disparó contra Tomás y su hijo, Allan García. El resultado fue la muerte del primero y graves heridas a nivel de tórax del entonces adolescente.
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Si bien se ha condenado a los autores materiales, y a David Castillo como coautor en el crimen contra Cáceres, aún quedan pendientes los autores intelectuales que ordenaron la ejecución de Cáceres, así como dejar en firme las sentencias.
También fue aplazada la conclusión del juicio en el caso Fraude sobre el Gualcarque, el cual involucra la comisión de diversos delitos contra la administración pública para beneficiar a DESA en el otorgamiento del Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque con la Serna y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la ENEE. Así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la Serna y DESA y el Contrato de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado entre la ENEE y DESA.
El caso fue presentado el 4 de marzo de 2019 por las desaparecidas Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) a partir de las denuncias presentadas por la lideresa indígena Berta Cáceres.
Fechas Berta Cáceres y fraude sobre el Gualcarque de Criterio Periodismo Amplio e IncluyenteDESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA EXTRACTIVISTA Y CASTIGO PARA AUTORES INTELECTUALES
En el séptimo aniversario del crimen contra la lideresa lenca, el Copinh sostiene que la lucha para castigar a los autores intelectuales, libertad para el río Gualcarque, así como el “desmantelamiento del modelo destructor de la naturaleza” continúan.
Es así como a través de un comunicado exigen que “Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah, junto a Daniel Atala Midence, autores intelectuales de este crimen, sean llevados a la justicia a pagar por sus crímenes”.
Señalan que la impunidad de los autores intelectuales es un mensaje que promueve el asesinato de otras personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente, como ocurre en el Valle del Aguán, en el norte de Honduras.
Además, apuntó: “La búsqueda de justicia para Berta Cáceres implica necesariamente el desmantelamiento del injusto sistema extractivista de los recursos de las comunidades indígenas y campesinas basadas en un modelo de desarrollo que se ha comprobado inútil para resolver los problemas de Honduras”.
“A 7 años del crimen que nos arrebató su vida, recordamos su pensamiento libertario y nos comprometemos a no cesar la lucha exigiendo #JusticiaParaBerta”, tuiteó días antes el Copinh.
SIETE AÑOS Y JUSTICIA HONDUREÑA SIGUE EN DEUDA
“Estamos cumpliendo siete años del asesinato de Bertita y ninguna de las causas tiene una resolución firme, ni siquiera las que tienen unos resultados preliminarmente favorables, ninguno de los casos. El caso de la autoría material directa y la autoría material intermedia, que es la que le corresponde a David Castillo, ambos casos están pendientes de que se resuelvan los recursos de casación que presentaron las defensas de los imputados”, compartió con Criterio.hn el abogado Víctor Fernández.
El coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que representa a la acusación privada en la Causa Berta Cáceres, remarcó que a siete años del crimen de la ambientalista lenca sigue pendiente de saldar la deuda para “obtener certeza positiva final” en cuanto a las resoluciones contra los autores materiales directos e intermedios.
En cuanto a otros tipos de responsabilidades, como la autoría intelectual que tiene identidad de nombres y empresa, mencionó, que la ausencia de justicia es mucho más amplia y no hay avance en cuanto a estas obligaciones del Estado y gobierno de Honduras.
En línea similar, se refirió en cuanto a la responsabilidad que tienen las estructuras económicas y financieras nacionales e internacionales, al apoyar “un proyecto de muerte” como fue identificado el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa DESA. “La banca que financia el crimen sigue impune, aunque es importante decir que el Copinh ha abierto juicios” en el extranjero, apuntó Fernández.
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El coordinador del BED señaló que tampoco se ha requerido ni sancionado a los funcionarios que tenían la responsabilidad de proteger la vida de Cáceres. “No solo no la protegieron sino que aumentaron los riesgos, esos funcionarios nunca fueron llamados a la justicia”, lo que deja un “pésimo precedente”, puesto que la lideresa indígena tenía dos resoluciones de medidas cautelares y una relación directa con el Mecanismo Nacional de Protección.
Fernández señaló que la concesión del río Gualcarque sigue vigente, pese a toda la crítica y el discurso estatal. Agregó que, si bien como equipo legal no tienen propiedad ni autoridad para hablar del tema, conocen que el Copinh, a nivel de gestión política tiene una mesa con la administración Castro en la que hay acuerdos en lo correspondiente a resoluciones administrativas. No obstante, en lo que refiere a “justicia en la Causa Berta Cáceres, nosotros podemos decir que no existe ningún avance, más allá de lo que ha venido sucediendo”.
En relación, al interrumpido juicio en el caso Fraude sobre el Gualcarque, el profesional del derecho sostuvo que “hay una importante lentitud que redunda en ausencia de justicia”, puesto que desde que la Sala de lo Constitucional declaró con lugar el amparo ninguna de las partes ha sido convocada.
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En diciembre del año pasado, la Sala de lo Constitucional ratificó el amparo a favor de las víctimas en este caso, por lo que el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción debe convocar nuevamente a audiencias, evacuar las pruebas, repetir la etapa de conclusiones y así finalizar el juicio en el caso Fraude sobre el Gualcarque, garantizando de esta forma los derechos de la comunidad indígena de Río Blanco.
En cuanto al último precedente que refiere a la absolución del militar Kevin Yasser Saravia, acusado por intento de homicidio contra el joven lenca Allan García durante una manifestación en la comunidad de Río Blanco, el abogado dijo que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque favoreció al acusado “con una eximente de responsabilidad como es la supuesta legítima defensa que nunca existió, que además ya había sido juzgado este caso, y nunca se había advertido el tema de la legitima defensa”.
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Víctor Fernández remarcó que el caso por intento de homicidio contra Allan García también “esta inserto en la Causa Berta Cáceres, en la medida que estos hechos se produjeron en el mismo escenario violento instalado por la empresa DESA en la comunidad de Río Blanco, y que hoy el Estado de Honduras reproduce su violencia dándole impunidad a un militar que criminalmente intentó matar al joven lenca”.
