A través de una entrevista con Criterio.hn, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, aseguró sentirse preocupada por la desinformación generada por distintos actores políticos
Tegucigalpa.- A la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le preocupa la desinformación que se ha generado, durante los últimos meses, en torno a la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras. El proceso, dijeron desde el organismo internacional, avanza con normalidad.
La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, dijo a Criterio.hnque existen voces que intentan desvirtuar el proceso en cuestión.
“Me preocupa la desinformación que hay en este momento, sobre todo por los comentarios de muchos actores políticos no involucrados en el proceso que están emitiendo declaraciones incorrectas. Tenemos que estar muy atentos a la desinformación en torno a la CICI”.
Recientemente, el designado presidencial, Salvador Nasralla, manifestó en un foro televisivo que la CICIH no vendrá a Honduras, y que además lo marginaron de todas las reuniones donde se abordan las negociaciones con la ONU, con miras a la instalación del mecanismo anticorrupción.
Ante la consulta sobre si vendrá la Comisión al país, Nasralla respondió: “Al final la CICIH no solo va a destapar lo de Juan Orlando Hernández, aquí se quieren proteger todos los que han sido gobierno en los últimos veinte años, los crímenes no caducan. La CICIH no va a venir a Honduras, porque el Congreso Nacional no lo va a permitir”.
NEGOCIACIONES CON ONU SE MANTIENEN
Aunque existen varios sectores de la oposición -e incluso del designado presidencial- interesados en desvirtuar las negociaciones entre el Gobierno y las Naciones Unidas, es importante mencionar que, en un proceso de deliberación, como el que daría paso a la instalación de la CICI, hay propuestas y contra propuestas.
El 31 de julio de 2022, el Gobierno hondureño recibió el borrador del Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría de las Naciones Unidas (ONU), un documento en el cual el organismo internacional estableció que la CICI deberá ser un mecanismo imparcial e independiente.
Semanas después, el 23 de agosto, a través de la Cancillería hondureña, se reveló la contrapropuesta que emanó de la administración Xiomara Castro. Allí, en esa actualización, el Gobierno se comprometió a promover la derogación de leyes que constituyen “pactos de impunidad”, así como a reformar otras y, sobre todo, a aprobar nuevas normativas.
Entre los puntos de coincidencia a los que han llegado el Gobierno y las Naciones Unidas figura la derogación del decreto 116-2019 y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
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El primer punto, a lo interno del Congreso hondureño, permanece estancado. El oficialismo asegura que no recibirán los votos de la oposición -86 requeridos-, mientras que la oposición, sobre todo el Partido Nacional, sostiene que únicamente lo harán si, de igual forma, se deroga la Ley de Amnistía Política.
Mientras que, con la Ley de Colaboración Eficaz, según han indicado a Criterio.hn fuentes de la comisión dictaminadora, todavía se están revisando los últimos artículos, ello previo a que se presente el dictamen ante el pleno de diputadas y diputados. La legislatura correspondiente a 2022, informó recientemente el Legislativo, se extenderá hasta el 24 de enero de 2023.
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Alice Shackelford asegura que comprende a la ciudadanía hondureña que, con ansias, solicita cuanto antes la suscripción del memorando de entendimiento. Sin embargo, explica, “no hay un tiempo o un plazo específico para que ello suceda”.
“Tenemos que asegurarnos primero, que exista un acuerdo entre dos partes. La reunión entre la presidenta Xiomara Castro y el secretario de ONU, António Guterres, fortaleció la parte conjunta que busca encontrar un acuerdo. Pero, sí, hay que aclarar que en este momento solo se está en una etapa de diálogo”, añadió Shackelford en su entrevista con este medio digital.
Los equipos técnicos de las Naciones Unidas, conoció Criterio.hn, están trabajando en una nueva actualización del memorando de entendimiento que, según el optimismo de Shackelford, “será la que probablemente se firme para iniciar el proceso”.
Una vez que el Gobierno y la ONU firmen el memorando de entendimiento, se procederá a una primera fase, mediante la cual llegará a Honduras un equipo de expertos que realizarán un diagnóstico del marco normativo hondureño y, con base en ello, identificar cuáles son las principales necesidades.
Posteriormente, si las condiciones están dadas, se dará paso a la instalación de lo que sería la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), un clamor ciudadano que se originó en 2015, después de que se diera a conocer cómo un desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sirvió como fuente de financiamiento en campañas electorales del Partido Nacional durante las elecciones generales de 2013.
¿QUERELLANTE ADHESIVO O ACUSADOR PRIVADO?
Una de las principales discusiones en torno a la posible instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras gira en torno a cuáles serán las atribuciones que tendrá.
A diferencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), se espera que la eventual CICIH pueda actuar como querellante adhesivo, pero, para ello, se requeriría de una reforma al Código Proceso Penal que, de momento, no se contempla dentro de la agenda legislativa del Congreso.
Si la CICIH adquiriera la figura de querellante adhesivo, adquiriría facultades más amplias que la Maccih, adquiriendo acción independiente una vez iniciada la fase investigativa en los casos. Sin embargo, no podrá actual por sí sola, porque para ello requeriría de una reforma al artículo 232 de la Constitución, que establece que la acción penal recae en el Ministerio Público.
A criterio de la abogada Reina Rivera Joya, las leyes de Honduras no están “escritas en piedra”, por lo que el argumento de limitar el actuar de la CICIH a lo que establece la ley, genera cierta suspicacia entre la ciudadanía.
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“Ese debate interno, de si la CICIH tendrá límites y sus facultades serán conforme a las leyes actuales, se parece mucho al que utilizó Juan Orlando Hernández para traer una Maccih que solo podía servir de apoyo a un Ministerio Público secuestrado por él mismo”, expresó a Criterio.hn.
Sin embargo, el exdiputado del Partido Nacional y analista político, Raúl Pineda Alvarado, asegura que, con vistas a una pronta llegada de la CICIH al país, otorgarle la figura de querellante adhesivo, es la opción más factible.
“Sí, se puede buscar un mecanismo que permita que la comisión tenga una actuación en los juicios y es a través del querellante adhesivo, sin entrar en conflicto con el Ministerio Público. Si esperamos la vía de las reformas constitucionales, para que la CICIH sea un acusador privado, nos meteremos en un laberinto que podría extenderse por años”, explicó Pineda Alvarado a Criterio.hn.
En países vecinos, como Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción (CICI) actuó como querellante adhesivo y, aún así, logró que altos funcionarios del Estado, como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, terminarán tras las rejas por su implicación en el caso de fraude conocido como “La Línea”.
CICIH
Semanas después de su investidura presidencial, el 14 de febrero de 2022, Xiomara Castro envió a la ONU la solicitud formal que dio paso a las negociaciones para instalar una CICI en Honduras. Un mes más tarde, el secretario general de la ONU, António Guterres le respondió satisfactoriamente a Castro, informando que el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas conformaría una comisión técnica, misma que visitó el país entre el 8 y el 14 mayo.
A partir de ese momento, Naciones Unidas y el Gobierno han trabajado en la elaboración de un borrador del memorando de entendimiento entre ambas partes, que consta de dos fases previas a la suscripción del convenio, y del cual está por conocerse una respuesta del organismo internacional a la contrapropuesta que publicó el 23 de agosto el Gobierno hondureño. Xiomara Castro y António Guterres tuvieron una reunión de alto nivel el 21 de septiembre de 2022 en Nueva York.
