Tegucigalpa.- El senador Patrick Leahy fue directo y apuntó que la masacre de Ahuas en Gracias a Dios, ocurrida el 11 mayo de 2012, es una responsabilidad compartida por los gobiernos de Estados Unidos y Honduras.
Remarcó: “Diez años después, las víctimas inocentes de la horrible masacre en Ahuas, Honduras, a manos de la policía hondureña apoyada por la DEA siguen esperando justicia y una compensación justa”.
¿QUÉ OCURRIÓ EN LA MASACRE DE AHUAS?
A través de un comunicado, el senador por Vermont recordó que hace diez años, un equipo conjunto antinarcóticos de agentes de seguridad hondureños y agentes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) abrieron fuego contra un taxi acuático cuando se acercaba a Ahuas, un pequeño pueblo ubicado en la remota región de La Mosquitia, en el noreste de Honduras.
La canoa-taxi transportaba a familias que viajaban entre las aldeas indígenas misquitas que viven en las orillas del río Patuca cuando los oficiales antinarcóticos abrieron fuego contra los pasajeros.
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En el ataque perecieron dos mujeres, un adolescente y un hombre de 21 años, y resultaron heridos varios pasajeros. Mientras la policía hondureña anunció el “éxito” de una misión de interdicción de drogas, periodistas y defensores de derechos humanos reportaron que las víctimas no portaban armas y que no tenían vínculos conocidos al trasiego de drogas.
Leahy señaló que contrario a tomar responsabilidad por lo ocurrido, evaluar sus errores, y examinar sus métodos y alianzas con las fuerzas de seguridad hondureñas, oficiales de la DEA y el Departamento de Estado obstruyeron las investigaciones estadounidenses y hondureñas con respecto al incidente y falsamente reportaron a miembros del Congreso estadounidense que los pasajeros habían disparado contra las fuerzas de seguridad.
Además, dice el senador, insistieron que la DEA no era responsable de la descarga de armas y solo había desempeñado un papel de apoyo y asesoramiento durante la misión. Después del terrible incidente del 11 de mayo de 2012, la DEA continuó las operaciones conjuntas usando tácticas de guerra en la zona, lo que resultó en otros dos tiroteos con consecuencias fatales.
INFORME REVELA PARTICIPACIÓN DE LA DEA
Al final, pese a las aseveraciones de la DEA, fue un reporte del Inspector General de Estado -publicado cinco años después de los hechos- que el Congreso de Estados Unidos conoció la verdad sobre lo ocurrido en Ahuas y otros dos tiroteos fatales en el área de La Mosquitia.
De acuerdo al reporte citado por Leahy, agentes de la DEA habían jugado un papel central y principal en la operación letal. Ellos habían ordenado a un agente hondureño que abriera fuego contra el taxi acuático y nunca verificaron si se habían disparado armas por parte de la DEA. Se consideró que no eran creíbles las repetidas afirmaciones de la DEA de que alguien en el barco había disparado un arma.
Debido a la obstrucción de altos funcionarios de la DEA en el trabajo de los inspectores generales, no sería sino hasta cinco años después que se conocería la verdad y que las víctimas fueron finalmente absueltas de cualquier delito.
No obstante, señaló Leahy, “la justicia para las víctimas y sus familias sigue siendo esquiva. Aunque las vidas de los que quedaron atrás se han visto destrozadas, algunas por lesiones debilitantes y otras por la pérdida de los padres y el sostén de la familia, no han recibido una compensación justa y han languidecido en la pobreza extrema”.
Sumado a esto, las acciones ilícitas por parte de las agencias involucradas siguen sin ser castigadas y quienes ocultaron la verdad siguen sin ser sancionados y “un alto funcionario incluso recibió un ascenso”.
La operación fue coordinada entre la Embajada de los Estados Unidos, la DEA y el entonces director de la Policía Nacional de Honduras y hoy extraditado por delitos relacionados al trasiego de drogas, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares.
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Leahy afirma en su documento de prensa que “hoy Bonilla está bajo custodia luego de ser extraditado a Estados Unidos, acusado de ordenar asesinatos en apoyo de narcotraficantes protegidos por el expresidente Juan Orlando Hernández”. Este último, también extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de 500 mil kilogramos de cocaína.
NO HAY LECCIÓN APRENDIDA SI QUIENES MINTIERON NO SON LLEVADOS ANTE LA JUSTICIA
El senador por Vermont hizo un llamado a que en honor a las víctimas de “los errores mortales cometidos por agentes antinarcóticos de EE. UU. en el extranjero, es imperativo que nos responsabilicemos a nosotros mismos y a nuestras instituciones, y que reconozcamos nuestros errores y los corrijamos”.
También afirmó que es necesario brindar apoyo a las víctimas de “la llamada guerra contra las drogas”, y no recurrir a la estigmatización y las calumnias. Así como examinar el impacto
del enfoque estadounidense de interdicción de drogas en áreas como la Mosquitia”.
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Leahy declaró que fue obvio que quienes dirigieron y llevaron a cabo la masacre tenían “un conocimiento mínimo de la gente y las comunidades de esa zona aislada. Se apresuraron a juzgar, asumiendo que cualquiera que viajara por ese río, sin importar cuán empobrecido, debía estar involucrado de alguna manera en el tráfico de drogas y, por lo tanto, un objetivo legítimo de la fuerza letal”.
Agregó que realmente son los más vulnerables, como las comunidades indígenas en Ahuas y los defensores de derechos humanos, quienes terminan pagando el precio de la militarización policial, la corrupción y la violencia que utilizan organizaciones narcotraficantes para proteger sus actividades.
A modo de conclusión Leahy sostuvo que quisiera poder afirmar que la DEA y el Departamento de Estado aprendieron las elecciones de la masacre de Ahuas. Sin embargo, declaró que eso no será posible mientras quienes dispararon contra inocentes y mintieron al respecto no sean llevados ante la justicia, y hasta que las víctimas sean compensadas.
“Esa es la responsabilidad compartida de los gobiernos de Estados Unidos y Honduras”, cerró el senador de Vermont, Patrick Leahy.
