La crisis política resultante de las controvertidas elecciones presidenciales del año pasado contribuye al éxodo masivo de hoy
Por: Sandra Cuffe/Aljazeera
Sector López Arellano, Honduras y Tapachula, México – El agujero de bala en la puerta del garaje del vecino Junior Rivera fue solo uno de los muchos en el sector López Arellano de Choloma, en el noroeste de Honduras. La policía militar disparó municiones en vivo durante las repetidas operaciones de represión contra los bloqueos de carreteras locales por parte de los residentes que protestaban por lo que llamaron «fraude electoral».
«Este es el sector que fue el más afectado por la represión», dijo a Al Jazeera Rivera, un activista político de la alianza de oposición.
En dos ocasiones tempranas, los oficiales de la policía civil nacional se presentaron al diálogo con los residentes de López Arellano que bloqueaban la carretera, un corredor comercial crítico que se extiende desde San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, hasta Puerto Cortés, el principal puerto del país.
La policía y los locales negociaron un compromiso, dejando un carril abierto al tráfico, pero la policía pronto dejó de aparecer para hablar, dijo Rivera. «Después de eso, fue solo la policía militar con gas lacrimógeno y balas vivas», agregó. El lunes marca un año desde las elecciones presidenciales de 2017 en Honduras, y la crisis política subsiguiente continúa, contribuyendo al éxodo masivo de miles de personas que actualmente huyen del país.
Los resultados preliminares de las elecciones mostraron al candidato presidencial de la alianza opositora Salvador Nasralla con una ventaja supuestamente irreversible de cinco puntos. Pero después de que el sistema de transmisión de datos electorales se colapsara durante horas y volviera a estar en línea, el presidente en ejercicio, Juan Orlando Hernández, tomó rápidamente el liderazgo. Hernández y su antecesor del gobernante Partido Nacional, Porfirio Lobo, han estado plagados de denuncias de vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, y ambos tienen familiares cercanos en custodia en los Estados Unidos.
El viernes, Juan Antonio Hernández, ex congresista y hermano del presidente, fue arrestado en el aeropuerto de Miami. Se enfrenta a cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como cargos de armas. El año pasado, un tribunal de distrito de EE. UU. Condenó a uno de los hijos de Lobo a 24 años de prisión por conspirar para importar cocaína.
«En el caso del ciudadano Juan Antonio Hernández, como en el caso de cualquier otro hondureño, el Presidente y su gobierno mantienen la posición de que cada persona es responsable de sus acciones y que de ninguna manera esa responsabilidad es transferible a otra persona». La oficina del presidente dijo el viernes en un comunicado.
La candidatura de Hernández para un segundo mandato fue polémica desde el principio. La constitución hondureña tiene una prohibición estricta de la reelección presidencial, pero un fallo de la Corte Suprema durante el primer mandato de Hernández le dio luz verde para postularse.
Tres fuerzas políticas se unieron en un esfuerzo por derrotar a Hernández en la urna: el partido LIBRE que surgió de la oposición a un golpe de estado de 2009; Salvador Nasralla y su amplia base de partidarios que respaldan su plataforma anticorrupción; y la pequeña fiesta de PINU. La repentina reversión de los resultados de las elecciones preliminares provocó una condena generalizada, lo que provocó llamadas para un recuento total.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos convocó a nuevas elecciones. Represión gubernamental Bloqueos de carreteras, barricadas y marchas en las calles de la ciudad se desataron en todo el país. Hernández promulgó un estado de excepción, suspendiendo varios derechos y libertades constitucionales, pero no contenía la indignación. Las fuerzas militares y policiales atacaron a los manifestantes, a veces disparando municiones reales contra multitudes.
Las organizaciones de derechos humanos documentaron más de 35 asesinatos, aunque algunos fueron ejecuciones extrajudiciales de activistas fuera de las manifestaciones. Las instituciones internacionales concluyeron que más de 20 manifestantes y transeúntes fueron asesinados a tiros durante la represión de protestas y bloqueos de carreteras.
El médico forense jefe del país confirmó que las autopsias revelaron balas correspondientes a las fuerzas de seguridad del estado en la mayoría de esos asesinatos. Seis residentes de López Arellano fueron asesinados a tiros cuando las fuerzas de seguridad atacaron los bloqueos de carreteras locales en el mes siguiente a las elecciones.
El gobierno y el ejército negaron la responsabilidad de cualquier asesinato posterior a las elecciones. El gobierno afirmó que las protestas fueron infiltradas por miembros de pandillas y financiadas por Venezuela, pero no presentaron pruebas que respalden las acusaciones.
Los fiscales han iniciado algunos casos legales relacionados con abusos cometidos por las fuerzas de seguridad después de las elecciones, pero solo ha habido un arresto por homicidio en el contexto de las protestas electorales. Al Jazeera habló por primera vez con Rivera en su casa a fines de diciembre de 2017. Los semirremolques que viajaban en el puerto pasaron a toda velocidad por la carretera, separados solo por las malas hierbas y una zanja de la calle de grava que se encuentra frente a la casa de Rivera.
La policía militar estaba estacionada a unas cuadras de distancia, en la entrada principal del Sector López Arellano. En ese momento, Rivera era el coordinador municipal de la alianza de oposición en Choloma, miembro del organismo coordinador de la alianza de oposición de las Cortes, y ocupó un cargo en el consejo comunitario del sector López Arellano. La puerta de Rivera y la puerta de entrada estaban dañadas.
La policía militar pateó la puerta el 12 de diciembre de 2017. Detuvieron a Rivera sin decirle por qué ni lo acusaron de ningún delito e intentaron llevárselo. «Me dijeron que me iban a desaparecer», dijo Rivera. La noticia de la conmoción que la policía militar estaba causando en la casa de Rivera se había extendido rápidamente. Rivera es ampliamente conocido en el vecindario, no solo como activista de la oposición sino también por su participación en asuntos locales, defendiendo a jóvenes sujetos a arrestos arbitrarios y participando en batallas comunitarias contra la contaminación del agua.
Una multitud comenzó a reunirse para defender a Rivera, y la policía militar se vio obligada a dejarlo ir. Héctor Hernández acompañó a Rivera, su amigo, durante la entrevista con Al Jazeera en diciembre pasado. Hernández, un enérgico ex oficial de policía, participó activamente en los bloqueos y marchas de las carreteras locales después de las elecciones de noviembre de 2017.
Cinco semanas después de la entrevista, el 4 de febrero, Hernández fue asesinado a tiros en la calle a plena luz del día. Nadie ha sido arrestado. Obligado a huir Rivera ya estaba pasando la noche en otro lugar a fines de diciembre, con la esperanza de que las fuerzas de seguridad no pudieran dormir en su casa, por lo que no aparecerían en la noche y pondrían en peligro a su familia. Sin embargo, las amenazas y los ataques continuaron, y en abril pasado, huyó con su esposa e hijos a otra parte de Honduras. Pero Rivera siguió recibiendo noticias de que los militares y policías lo estaban buscando.
El mes pasado, Rivera abandonó el país por completo. Se unió a miles de hondureños que huían de la violencia, la pobreza y la persecución política en masa en lo que originalmente se llamó una caravana y desde entonces se ha vuelto a llamar a sí mismo un éxodo. Grupos subsiguientes de Honduras y El Salvador, así como individuos y grupos de otros países, siguieron sus pasos hacia el norte a través de Guatemala y México.
Más de 5,000 migrantes y refugiados centroamericanos están ahora en Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos. Se enfrentan al hacinamiento y la financiación insuficiente en el estadio local que se ha convertido en su refugio, y en el aumento de la militarización de la frontera y las restricciones de asilo de los Estados Unidos.
Rivera no está con ellos. Es uno de los más de 3,000 centroamericanos del éxodo que eligieron quedarse para solicitar documentación legal cuando ingresaron a México. Muchos planean buscar asilo y trabajar en México, mientras que otros simplemente quieren una visa para transitar legalmente por el país en su camino hacia la frontera de los Estados Unidos.
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Todos estuvieron detenidos durante dos semanas después de la entrada, pero ahora se encuentran dispersos en refugios y habitaciones alquiladas en Tapachula, una ciudad en el estado sureño de Chiapas. Más de un mes en el proceso de solicitud de refugio, no están autorizados a abandonar el estado.
Cada semana, los miles de solicitantes de refugio hacen cola para registrarse con las autoridades de inmigración mexicanas y en la Comisión Nacional de Refugiados, que coordina con la oficina mexicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Rivera está lejos del residente del sector López Arellano para huir de Honduras. En una entrevista este fin de semana en Tapachula, le dijo a Al Jazeera que más de 75 personas del sector López Arellano se unieron al éxodo. Algunos continuaron a Tijuana, pero muchos se quedaron en Tapachula. Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del estado, la violencia de las pandillas y la extorsión se encuentran entre los principales factores por los que los residentes del sector López Arellano deciden huir.
Rivera tampoco es el único residente local que huye debido a la persecución política y las amenazas. Existe un amplio apoyo para la alianza de oposición en el noroeste de Honduras, pero en el Sector López Arellano, los activistas de la alianza de oposición más activos formaron un colectivo. De los 86 miembros del colectivo, 44 huyeron del país el mes pasado, dijo Rivera.
«Solo queremos un lugar donde podamos estar seguros y poder trabajar para mantenernos a nosotros mismos y a nuestras familias», dijo.
