Por: Redacción CRITERIO.HN
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TEGUCIGALPA.- La dirigencia del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) dijo el jueves que no quieren ser cómplices del gobierno de Juan Hernández, pero seguirán gozando del escudo de impunidad que les otorga el poder para no rendir cuentas de cientos de millones de lempiras del ente de pensiones de los comunicadores.
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La cúpula del CPH, presidida por el periodista Dagoberto Rodríguez, anunció en una serie de mensajes en la cuenta de Twitter de la organización, que «hoy hemos formalizado nuestro retiro del Sistema de Protección» de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
«No podemos convertirnos (en) cómplices de un Gobierno que no respeta derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos fundamentales y la defensa del territorio y el medio ambiente», dice el tuit del CPH Honduras @ColegioPeriodistas.
https://twitter.com/ColegioPeriodi1/status/1319400807079530500?s=19
La dirigencia del CPH históricamente se ha plegado a los intereses de los gobiernos de turno, lo que se ha reflejado por más de una década en la integración de las juntas directivas con miembros de parciales de partidos en el poder, y la ausencia de beligerancia en la denuncia y protección del la integridad de los periodistas que denuncian abusos o episodios de corrupción.
La directiva actual del CPH, la integran Dagoberto Rodríguez, que se desempeñó como jefe de prensa en la casa presidencial en el gobierno del presidente nacionalista Ricardo Maduro, en el que fungía como secretario privado, Ricardo Álvarez, actual jefe de campaña del precandidato presidencial nacionalista y presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
También integra como Fiscal del CPH, Osmán Reyes, quien ocupa un importante cargo en el sistema de seguridad nacional 911, y como presidente del Tribunal de Honor actúa el periodista, Eduin Natividad Romero, quien públicamente se presenta en eventos como jefe de prensa e imagen del ministro de Relaciones Exteriores, Lisandro Quezada.
Rodríguez y Reyes integran la junta directiva del IPP, al igual que Romero, como presidente del Tribunal de Honduras y antes, entre 2015 y principios de 2017 como presidente del CPH, entonces.
«Visualizamos un panorama complejo de conflictividad social en la que se evidenciará en nuevos y mayores ataques directos e indirectos a directivos de periodistas, comunicadores y defensores de DDHH», dicen los dirigentes del CPH.
Pese a pretender enviar un mensaje de crítica y distanciamiento con el gobierno de Hernández, la cúpula del CPH, no ha renunciado al ilegal decreto de impunidad que les ratificó y amplió el Congreso Nacional y el poder Ejecutivo, que les permite no rendir cuentas sobre cientos de millones de lempiras del ente de pensiones de los periodistas.
Los directivos del CPH, que a su vez son miembros de la dirigencia del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), con el escudo de impunidad otorgado por el poder evaden ser investigados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sobre la operación y administración del ente de pensiones.
El ente de pensiones, ha sido escenario de episodios de desvío y despilfarro de fondos, compra sobrevalorada de propiedades, el cálculo arbitrario de míseras pensiones a los periodistas afiliados y la firma de contratos en los que los afiliados se beneficiarán en su jubilación únicamente de sus aportaciones personales, que han sido revelados por Criterio.hn.
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Los dirigentes del CPH dijeron que demandan la derogación de artículos del Código Penal que «criminalizan labor de periodistas» y el fortalecimiento del sistema de Protección, pero no exigen la abrogación total del Código Penal descrito como de la impunidad.
Los mismos diputados que aprobaron el Código Penal, también aprobaron el decreto ilegal que dice que al IPP «no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República en cuanto a control supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas».
