Desapariciones forzadas y ataques a movimientos sociales deben parar, exigen a Poder Judicial en Honduras
Foto portada: Pintura de los 5 líderes garífunas desaparecidos hace mas de dos años en el Triunfo de la Cruz, Tela.
Tegucigalpa.- En una carta dirigida a los representantes del Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP), más de 80 organizaciones de base internacionales y nacionales exigieron un alto a las desapariciones forzadas y ataques contra movimientos sociales en Honduras.
Expresaron “grave preocupación por la creciente ola de violencia y terror contra las comunidades Afrodescendientes e Indígenas en Honduras y la consiguiente persecución de los defensores de los derechos humanos”.
Entre los que incluyen los recientes ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) quienes son reconocidas por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos Garífunas y Lenca y sus territorios ancestrales.
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Las organizaciones firmantes denunciaron los intentos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público para socavar la democracia y los derechos humanos. Señalaron que estas instituciones estatales continúan bajo el liderazgo de personas leales al régimen del extraditado expresidente, Juan Orlando Hernández.
En la carta plantean específicamente la persecución a través de una investigación penal contra los integrantes de la Ofraneh, Copinh y el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz, conocido como SUNLA, a petición del Fiscal General Adjunto, Sibrían Bueso.
ATAQUES CONTRA ORGANIZACIONES NO ES COINCIDENCIA
Los firmantes aseguran que el momento de ataque contra los miembros de las organizaciones no es coincidencia. “Viene después de una serie de acciones públicas por parte de Ofraneh, Copinh y aliados a nivel nacional e internacional exigiendo justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz”.
Los jóvenes líderes desaparecidos de forma forzada en un operativo la madrugada del 18 de julio de 2020 durante un toque de queda, son: el presidente del patronato de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, Albert Sneider Centeno Thomas, junto a Milton Joel Martínez Álvarez, Suamy Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Tróchez Calix.
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Sobre este hecho, las organizaciones firmantes señalan que la Ofraneh ha estado en constante denuncia del crimen sin que se realice una investigación adecuada por parte del gobierno.
“En lugar de tomar las acciones necesarias para apoyar a las víctimas del secuestro, como lo pide la Corte Interamericana, el Fiscal Adjunto Sibrían Bueso ridiculizó a OFRANEH en las redes sociales e inició una investigación penal contra los defensores de derechos humanos mencionados”, detallaron.
Además, remarcaron que las desapariciones forzadas “no sólo son violaciones contra los individuos involucrados, sino también contra sus familias, comunidades y movimientos. Los ataques contra los líderes de los movimientos sociales van de la mano de los secuestros, como parte de un asalto más amplio contra las comunidades y los movimientos impulsado por poderosos intereses”.
EXIGENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES
Entre las peticiones de las organizaciones internacionales y nacionales se encuentra en primera instancia el diseño e implementación de acciones y planes de búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, basados en los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
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Seguido de la creación de una fiscalía especial contra la desaparición forzada, la incorporación del SUNLA como organismo independiente para la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Así como el respeto y cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos Indígenas al Consentimiento Previo, Libre e Informado (CLPI); y el cese inmediato de la criminalización y represalias y persecución judicial de quienes luchan por la defensa de los derechos territoriales.
