Foto portada de archivo
Tegucigalpa.- La tribu Tolupán de Luquigüe exige que la próxima selección de magistrados y magistradas a integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023, sirva al pueblo y no a los intereses de los grupos privilegiados que por años han saqueado la riqueza de Honduras.
El integrante de la tribu Tolupán de Luquigüe en el departamento de Yoro, Heriberto Murillo, manifestó que esperan que la nueva Corte Suprema de Justicia marque una diferencia con las anteriores y juzgue en favor de las grandes mayorías.
“Este país, verdaderamente, lo han dejado enterrado las Cortes anteriores y estamos pasando por un momento difícil en que aquí no hay ley para el rico, aquí solo los pobres”, manifestó Murillo en un video que fue compartido por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
EN ESTE PAÍS NO HAY LEYES PARA LOS RICOS SOLO PARA LOS POBRES
Los pueblos indígenas en Honduras han sido golpeados por las decisiones del Poder Judicial en casos que involucran la criminalización de las y los defensores del territorio y quienes se oponen a la industria extractiva indiscriminada, que hurta la riqueza en recursos forestales, minerales e hídricos.
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El MADJ señaló que la tribu de Luquigüe es una de las más afectadas por las decisiones tomadas por la CSJ en Honduras.
Murillo reiteró “que en este país no ha habido ley para los ricos, para los que se han robado todo el dinero de este país”, en referencia a los sonados casos de corrupción, cuyos autores intelectuales nunca pusieron un pie en una cárcel nacional y la gran mayoría de sus cómplices finalmente fueron sobreseídos.
El integrante indígena Tolupán se refirió específicamente al caso Pandora, en el que al menos 312 millones de lempiras fueron sustraídos, según estimaciones del jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
Murillo reclamó que los imputados en el caso fueron sobreseídos y el dinero no fue recuperado y todo quedo en papeles sin que se hiciera justicia. En cambio en la Penitenciería Nacional Marco Aurelio Soto en Támara están cumpliendo sentencias de 10 a 15 años personas que no cometieron delitos o fueron acusadas por el robo de una gallina, pero “quien se ha robado todo lo de este país, anda libre en sus buenos carros”.
Los fondos del caso Pandora iban destinados originalmente a proyectos de desarrollo en el país, pero estos fueron sustraídos para financiar campañas políticas. Las primeras revelaciones sobre el caso Pandora en 2014 involucraron en la desviación de 282 millones de lempiras a decenas de ciudadanos hondureños, incluyendo a funcionarios como Elvin Santos y Celín Discua, ambos, junto a otros 20, fueron sobreseídos.
