Tegucigalpa. Más de 280 docentes de los diferentes niveles educativos del país denunciaron estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado entre el 2016 y 2021, según registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

El Conadeh reveló que, en el periodo de cinco años la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), atendió 5,081 por la misma problemática, con un número de afectados mayor a 12,067 de estas 6,482 estaban en riesgo alcanzando el 54% y en condición de desplazado 5,555 con 46%.

Entre las principales causas de desplazamiento forzado en este grupo están las amenazas, asaltos, agresiones y atentados contra su persona o familiares.

Según el Conadeh, los educadores se ubican en el tercer lugar entre las ocupaciones con mayor riesgo de desplazamiento forzado, solo es superado por las amas de casa con 790 casos y los comerciantes con 808.

La UDFI atendió las quejas sobre desplazamiento forzado de maestros principalmente de los que se encuentran en áreas controladas por asociaciones ilícitas. La situación es alarmante si se toma en cuenta que no todas víctimas presentan denuncias.

El Conadeh estima que, en los últimos 12 años, más de un centenar de maestros perdieron la vida de manera violenta y más del 90% de los casos están impunes, situación que impide determinar las verdaderas causas por las que murieron los profesores.

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El director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES), de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Russbel Hernández lamentó que la sociedad en general esté inmersa en la violencia y que por los niveles de violencia se están desplazando familias enteras porque se ven obligadas a dejar sus hogares y buscar un lugar seguro.

Agregó que los docentes son víctimas de amenazas por parte de estudiantes y por padres de familia que quieren que su hijo apruebe algunas asignaturas, aunque estos no se presenten a las aulas de clases y por otro lado está la extorsión económica que afecta a toda la población.

Hernández, en entrevista con Criterio.hn instó a las autoridades a atender de manera inmediata a la población docente que es víctima de grupos organizados, a la vez que pidió que se atiendan a todas las víctimas de los diferentes delitos en el país.

Expuso que en el caso específico de los docentes hay violencia económica, sexual, niños que son víctimas de acoso sexual, niños que en su centro de estudio reciben ofertas de jefes de grupos organizados para que también formen parte de bandas delictivas.

El académico es de la opinión que se deben generar políticas integrales e interinstitucional para tratar de fondo el problema, generar empleo y ampliar la educación con verdaderas condiciones.

Igualmente se reconoce como un problema que afecta el desarrollo en la sociedad, sobre todo en situaciones que se extienden, el impacto socioeconómico que tiene en los desplazados por la fuerza.

Según analistas a los que ha tenido acceso Criterio.hn aunque afecta sin distinción de niveles sociales, en su mayoría las víctimas de desplazamiento forzado son personas de grupos vulnerables que viven en zonas conflictivas y donde se concentran grupos delictivos.

MAESTROS PREFIEREN HUIR DEL PAÍS

Para el dirigente magisterial del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), Roberto Tróchez las autoridades están en la obligación de proteger la vida de los educadores y de sus familias, sin embargo, dijo que muchas veces ellos no tienen respaldo de ninguna autoridad y la única solución que ven es huir para salvar sus vidas.

Agregó que la violencia desmedida ha obligado a estos docentes a emigrar en contra de su voluntad y a abandonar su profesión, “muchos prefieren salir del país, porque no hay autoridades que nos protejan, ser docente en este país como están las cosas ahora no es fácil, exigimos seguridad para nuestros compañeros, alumnos y para los padres de familia”.

Tróchez expuso que los entes de seguridad poco o nada hacen para investigar las denuncias, misma situación pasa con las autoridades de la Secretaría de Educación, donde los docentes interponen una denuncia en busca de protección y lo único que hacen es cambiar al docente de centro educativo, “eso no arregla gran cosa, no tienen ningún interés, no hay políticas claras en materia de seguridad que proteja un centro educativo”.

Relató que la cifra de las denuncias ante el Conadeh es poco, en vista que debido a la impunidad que se mantiene en Honduras muchos docentes no denuncian porque esta termina en muerte y prefieren callar o salir del país sin dejar rastro.

Denunció que cuando un docente solicita cambio de centro, tiene que estar esperanzado a la “voluntad política” de algunos departamentales, “muchos maestros que están en peligro son obligados por los departamentales a regresar al centro educativo donde tienen amenazas a muerte y por eso muchos compañeros han fracasado”, apuntó Tróchez.

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Como representante de Colprosumah, Tróchez solicitó a las autoridades que pongan atención a estas amenazas en contra de los docentes y que mantengan la denuncia en el anonimato porque sucede que la denuncia se hace pública y esto aumenta los peligros para el docente.

38 CENTROS EDUCATIVOS ESCENARIOS DE VIOLENCIA

Un estudio reciente, sobre las denuncias presentadas ante el Conadeh, arrojó que, en 38 centros educativos del país se presentaron diversos hechos de violencia que provocaron situaciones de riesgo y desplazamiento forzado de maestros y estudiantes.

De estos, 12 centros educativos están ubicados en el departamento de Cortés, 13 en Francisco Morazán, 4 en Olancho, 1 en Colón, 1 en Choluteca, 2 en Yoro, 1 en Atlántida, 2 en Comayagua y 2 en Gracias a Dios.

Especialistas en temas de seguridad han manifestado que los últimos años los diferentes gobiernos del país han fracasado en combatir este delito y sus causas, el desplazamiento forzado ha incrementado y ha generado migración de familias enteras.

Asimismo, concuerdan con que se debe a la falta de persecución del delito para establecer un precedente y además combatir la impunidad en el país y que lo anterior se debe a que no se atacan las causas que generan dichos fenómenos.

Diversos estudios nacionales e internacionales realizados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Secretaría de Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), coinciden que el desplazamiento forzado está ligado con la violencia.