Redacción: Viena Hernández
Tegucigalpa. – Las personas con discapacidad son uno de los grupos más vulnerados en Honduras. Actualmente, sus representantes abogan por una ley para establecer los derechos que el Estado debe cumplir, afín a generar inclusión, combatiendo la discriminación y la desigualdad.
Elma Olivia Perdomo, miembro de la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (Fenapapedish), compartió con Criterio.hn la propuesta de Ley de Desarrollo Inclusivo para las Personas con Discapacidad, la cual definió como una de las exigencias prioritarias hacia el Gobierno.
Al tiempo que abordan la necesidad de aprobar esa ley, también desarrollan reuniones para analizar la armonización de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Otra de las exigencias que hacen al gobierno actual es la construcción de un censo desagregado y real de la cantidad de personas con discapacidad en el país, a su vez garantizar educación inclusiva e inclusión laboral.
En cuanto a la Ley de Desarrollo Inclusivo para las Personas con Discapacidad, esta se compone de varias etapas sobre los derechos cuyo cumplimento es deber del Estado de Honduras.
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La presente ley de interés público, expone que tiene como finalidad: “Garantizar y asegurar a la persona con discapacidad el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales, promover, proveer y proteger el desarrollo inclusivo sostenible, en igualdad de condiciones, incluyendo el uso y acceso a la tecnología de información y comunicación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado de Honduras es parte”.
Debido a las recientes lluvias y la destrucción que ha provocado la falta de mitigación a nivel nacional, dejando 31, 552 personas afectadas, es importante resaltar la parte de los Derechos Civiles y Políticos del escrito, sobre todo el artículo 8, el cual establece la parte de las Situaciones de Riesgo y Emergencia Humanitaria.
El apartado en mención, señala que el Estado debe crear protocolos específicos, basados en los principios de accesibilidad universal, en el derecho internacional humanitario y derechos humanos, a través de los entes competentes asignando los recursos necesarios para su implementación.
Asimismo, resalta que debe garantizarse la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, padres, madres, familiares y cuidadores de los mismos, en los protocolos de gestión de riesgo, sistemas de alerta temprana, sistema de apoyo, políticas públicas, programas de cambios climáticos, simulacros y otros temas que se involucren que salvaguarden la vida de las personas con discapacidad cuando surjan situaciones de riesgo, incluidas las de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
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NECESITAN BASE DE DATOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras, compartieron en su página de Facebook que el paso de las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020 tuvo repercusiones de este amplio sector.
Diferentes poblaciones pueden enfrentar riesgos producto de los efectos negativos provocados en el medio ambiente. Debido a la inaccesible evacuación, las personas con discapacidades se ven afectadas de manera desproporcionada en situaciones de desastre, emergencia y conflicto.
A raíz de la destrucción por fenómenos naturales, muchos se han enfrentado a la pérdida de su vivienda, trabajo, alimentos y medicamentos. Lamentablemente, se exponen a carecer de un sitio seguro para albergarse y corren riesgo de aumentar las afectaciones de la capacidad ante la falta de fármacos.
Cabe explicar que, las personas con discapacidad según la ley que analizan, son aquellas personas que tengan deficiencias, físicas, psicosociales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, así como aquellas con trastornos de aprendizaje y que, al interactuar con diversas barreras físicas, actitudinales, comunicacionales, entre otras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Carlos Mejía es un joven con discapacidad, tiene 25 años y no puede mover con su brazo izquierdo ni su pierna izquierda debido a la parálisis que le dejó la poliomielitis.
Actualmente Mejía labora en una caja de un supermercado en Tegucigalpa, todos los días empaca los artículos de algunos de los clientes que pasan por la caja de ese local. Aunque se mueve con dificultad, realiza bien su trabajo y mencionó que las personas muchas veces le dejan algunos lempiras de propina.
“Me gustaría que hubiera más oportunidades para gente como yo, aunque tengo limitantes trabajo y la gente me felicita porque a pesar de todo he seguido adelante, me gusta el trabajo, pero sería muy bueno que exista mayor apoyo en Honduras, porque lo necesitamos, somos personas productivas”, dijo Mejía a Criterio.hn.
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La Red Centroamericana de Informática en Salud, compartió que, los estudios sobre cuántas personas discapacitadas viven en Honduras son escasos. No obstante, uno de los pocos censos elaborados al respecto, se ejecutó en 2002 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el cual cuantificaron que habían unas 177,516 personas con discapacidad en el país. Por el contrario, estudios estiman que el número de personas con discapacidad en Honduras llegaba a los 381,287.
