Redacción: Marcia Perdomo
Tegucigalpa. – El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunció este jueves que el coordinador del núcleo comunitario de la tribu Tolupán de Luquigüe, en el departamento de Yoro, Benedicto Hernández, está siendo hostigado, amenazado e intimidado.
Las acciones contra Hernández tendrían raíz en la coordinación de acciones de cambio del Consejo Directivo de la tribu de Luquigüe, lucha contra la corrupción y defensa de los bienes comunes y naturales de su comunidad, informó el MADJ a través de sus redes sociales.
Las amenazas contra Hernández derivaron en acciones de intimidación contra miembros de su familia y otros integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia que residen en la zona.
Desde las redes sociales del MADJ se alertó que “recientemente, dos hombres con armas de grueso calibre montaron vigilancia en los alrededores de su casa con la intención de hacerle daño. Asimismo hacen llamadas a su celular advirtiéndole que están fuera de su casa y que salga”.
El Movimiento Amplio exigió a las autoridades que tomen las medidas necesarias para salvaguardar las vidas de Hernández y su familia, así como otros integrantes del núcleo en la tribu Tolupán de Luquigüe en Yorito, Yoro.
La organización Peace Brigades International mostró preocupación por “las reiteradas amenazas contra integrantes del pueblo tolupán, quienes realizan una importante labor de defensa de los bienes comunes en Honduras”.
Las tribus del pueblo Tolupán en Honduras enfrentan desafíos estructurales que incluyen: corte ilegal del bosque, la entrega de planes de manejo a través de títulos supletorios, la ausencia de reconocimiento al título ancestral, falta de acceso a derechos básicos como la salud, alimentación y la educación.
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A mediados de julio, integrantes del Consejo Preventivo de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa hicieron un llamado a la población hondureña para que respalden las luchas de las tribus por la defensa de los bosques.
La discriminación contra el pueblo Tolupán llegó a tal punto que durante la pandemia integrantes de la tribu de San Francisco de Locomapa fueron discriminados por autoridades municipales de Yoro al no recibir alimentos y servicios de salud en el marco del programa Honduras Solidaria. El caso fue llevado hasta la Corte Suprema de Justicia.
A mediados de este año, la Sala de lo Constitucional reafirmó la garantía de amparo a favor de la tribu de San Francisco de Locomapa luego que se violentaron sus derechos a la alimentación y a la salud por discriminación y sectarismo político por parte de las autoridades municipales. El fallo sembró un precedente para finalizar el abandono contra los pueblos originarios en Honduras.
