Tegucigalpa.- Pese que existe una leve reducción de muertes violentas individuales en Honduras, el gobierno de Xiomara Castro no cuenta con un Plan de Seguridad Nacional definido, aunque el Congreso Nacional recibió una propuesta por parte de la Secretaría de Seguridad que se mantiene desatendida.
La percepción de la ciudadanía frente al combate a la violencia y criminalidad es que los flagelos se incrementaron con la llegada al poder de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no obstante, las cifras oficiales y de organizaciones de sociedad civil exponen una reducción de 0,57% en muertes violentas.
Según el Índice Global de Criminalidad, Honduras se encuentra en el puesto 10 de 193 países con mayores índices de criminalidad mientras que el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), ubica a la nación como el tercer país con la mayor tasa de homicidios en Latinoamérica y el primero en Centroamérica.
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Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expone los altos niveles de criminalidad sin mejoras significativas, solo en 2021 hubo 3,893 muertes violentas, pobremente el 5,1% de los casos resultaron con sentencia condenatoria, lo que representa una tasa de impunidad del 95% mientras que 7 de cada 10 hondureños desconfían de la Policía Nacional.
Se estima que al menos 5,650 militares realizan trabajo policial, parte de un proceso de militarización de la sociedad que instauró el exmandatario Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Cifras de la Policía Nacional indican que, en enero, cuando aún era presidente JOH, como popularmente se le conoce a Hernández, hubo un incremento de 51 homicidios en comparación con las mismas fechas de 2021; desde que asumió la presidencia Xiomara Castro, se registran disminuciones en las cifras, en febrero se redujo en 47 al igual marzo con 55, abril con 11 y mayo con 70 muertes violentas menos.
En casos de muertes violentas de mujeres, también se alcanza una leve reducción en 2022 con seis femicidios menos. Hasta mayo de 2021, unas 116 mujeres fueron asesinadas, en tanto, hasta los primeros días de junio se reportan 110.
Sin embargo, en las estadísticas de masacres existe un incremento del 13%, hasta finales de mayo de 2021 se contabilizaban 20 homicidios múltiples que cobraron la vida de al menos 59 personas contrario en el presidente año que ya suman 23 hechos con 82 víctimas siendo 74 hombres y 8 mujeres.
Yoro, Cortés, Colón son los departamentos de Honduras con más masacres seguido de Santa Bárbara, Olancho, Lempira, Atlántida y Francisco Morazán. El Observatorio expone que los homicidios se han reducido en apenas un 0.7%.
“Lamentablemente la violencia y criminalidad sigue en el país y no para, sabemos que es difícil de predecir los crímenes, pero si se trabaja el tema de la narcoactividad y el tema de prevención de violencia en las comunidades se va a poder reducir los homicidios”, declaró Migdonia Ayestas, directora del Observatorio.
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El director del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Carlos Sierra, experto en seguridad, reconoce que el tema de la criminalidad y violencia es complicado de resolver con factores históricos que abonan a su propagación como la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, entre muchos más.
Sierra expone la necesidad de crear nuevas políticas públicas de seguridad por parte del gobierno que permita sobrellevar la crisis que enfrenta tras doce años de gobierno del conservador Partido Nacional en los que el crimen organizado y la narcoactividad cooptaron las instituciones del Estado.
Según el entrevistado, debe existir un reacomodo de autoridades policiales y militares de la mano de medidas extraordinarias sin que sean revestidas de arbitrariedad y autoritarias que vulneran los derechos humanos como acontece en El Salvador y su lucha contra las maras y pandillas.
Misma valoración tiene Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), quien indica que las prioridades del gobierno siguen siendo la deuda pública, educación, salud y gasto militar siendo preocupante por los pocos signos de desmilitarización de la sociedad y políticas públicas claras en combate a la criminalidad.
Irías va más allá y cuestiona que aún se mantiene vigente la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que otorga el control de los entes de seguridad y operadores de justicia del Estado a la figura presidencial aunado al enclave autoritario de los militares y la “crónica corrupción policial”.
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PROPUESTA DE PLAN DE SEGURIDAD DESATENTIDA POR CONGRESO DE HONDURAS
La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, presentó ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, la propuesta para crear el Plan de Seguridad Nacional.
A inicios de mayo, Villanueva entregó la propuesta a la comisión que preside el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, sin que hasta el momento se haya presentado ante el hemiciclo legislativo el proyecto de ley contentivo al Plan de Seguridad del gobierno de Castro.
“Venimos con un Plan de Seguridad Nacional, propuesta que abonará a la seguridad del país a través del fortalecimiento científico y la investigación del delito. El principal objetivo es que ya no exista impunidad en los delitos que se comenten en el país”, declaró Villanueva.
El equipo de Criterio.hn intentó entrevistar a Villanueva para conocer más elementos que contiene el proyecto de ley y las acciones que pretende implementar la Secretaría de Seguridad para reducir la tasa de homicidios, sin embargo, no tuvo respuesta.
La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras (ONU), Alice Shackelford, resaltó que existen altos índices de violencia, en especial contra la mujer incluido la violencia política por lo que instó a la ciudadanía tener un rol beligerante “ya que el cambio de la norma social y cultural en Honduras es crítico”.
